Gobierno español prepara intervención de autonomía catalana, que podría provocar elecciones
Mariano Rajoy, afirmó desde Bruselas que se ha "llegado a una situación límite", por lo que negocia con los socialistas, principal fuerza opositora, la aplicación del artículo de la Constitución que permite intervenir total o parcialmente las competencias de una región para obligarla al "cumplimiento forzoso" de la legalidad.
AFP
El gobierno español estudiaba este viernes las medidas concretas con las que se dispone a intervenir la autonomía de Cataluña en respuesta al desafío independentista, una medida que podría desembocar en elecciones regionales anticipadas a comienzos de 2018. (Leer Independentistas catalanes sacan dinero de bancos para protestar).
Los preparativos avanzan mientras en la calle continúan las protestas de los separatistas. Este viernes estaban retirando dinero en efectivo de bancos como CaixaBank o Sabadell, para protestar por el hecho de que hayan sacado su sede social de Cataluña ante la incertidumbre reinante.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, afirmó desde Bruselas que se ha "llegado a una situación límite", y su equipo lleva días negociando con los socialistas, principal fuerza opositora, la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Éste permite intervenir total o parcialmente las competencias de una región para obligarla al "cumplimiento forzoso" de la legalidad.
Las medidas se precisarán este sábado en un consejo de ministros extraordinario, y a partir de ahí serán sometidas a final de mes a la aprobación del Senado, donde los conservadores del Partido Popular (PP) tienen mayoría.
La suspensión de competencias, no obstante, es una jugada muy arriesgada en una Cataluña celosa de su autogobierno, que tiene a su cargo la gestión de importantes servicios como Sanidad y Educación y cuenta con una policía propia.
El presidente catalán Carles Puigdemont ha amenazado con que si se aplica el artículo 155, el Parlamento regional podría proclamar unilateralmente la independencia, amparándose en el referendo prohibido del 1 de octubre, que los separatistas dicen haber ganado. (Leer también ¿Quiénes son los dos protagonistas del conflicto catalán?).
¿Elecciones regionales?
El gobierno central se está tomando por ello su tiempo, y este viernes envió a Puigdemont el mensaje de que todavía puede dar marcha atrás.
"Hasta que se celebre el pleno (del Senado), el señor Puigdemont puede rectificar, puede volver a la legalidad constitucional", dijo a la radio Cadena SER el número 3 del PP, Fernando Martínez-Maíllo.
"Siempre que no proclame formalmente la independencia y dé marcha atrás en sus planes secesionistas, hay margen", insistió.
Como vía de salida a la crisis, una opción que está ganando peso es la de un adelanto electoral en Cataluña, tal y como expresó abiertamente el portavoz del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo.
"La lógica de este proceso abocará a unas elecciones, a unas elecciones legalmente convocadas", declaró.
Por su lado, la dirigente socialista Carmen Calvo, encargada de pactar las medidas del 155 con el gobierno, confirmó informaciones de prensa según las cuales el líder del PSOE, Pedro Sánchez, está de acuerdo con Rajoy en que haya elecciones en Cataluña en enero.
"Pedro Sánchez tiene absolutamente claro, desde el minuto uno, que esto es para llevar a Cataluña a unas elecciones", explicó.
Las últimas elecciones regionales catalanas tuvieron lugar el 27 de septiembre de 2015. En ellas obtuvieron una mayoría de escaños los partidos separatistas, repartidos entre la actual coalición de gobierno Juntos por el Sí, y el partido anticapitalista CUP, que brinda a estos un apoyo esencial en la cámara.
La pregunta está en cómo se podrían celebrar esas elecciones regionales, cuya convocatoria corresponde a su presidente.
El gobierno de Rajoy le ha dicho a Puigdemont que si él llama a elecciones, se parará el proceso de intervención de la autonomía. Aunque el ejecutivo regional no quiere ese escenario por ahora, como recordó este viernes el vicepresidente Oriol Junqueras.
Puigdemont en cualquier caso está bajo la presión contradictoria de Madrid y de los círculos empresariales, que le piden dar marcha atrás, y del ala dura del soberanismo, que le exige proclamar ya la República catalana para fortalecer su posición.
Los independentistas, muy movilizados
En la calle, la movilización de los independentistas no ceja. Este viernes, muchos fueron a retirar dinero como gesto de protesta contra el gobierno español y los bancos que trasladaron fuera de la región su sede social, como CaixaBank y Sabadell.
Joaquim Curbet, un editor de 58 años, retiró del banco 155 euros, "una suma simbólica para protestar y presionar al gobierno español".
También de forma simbólica, Roser Cobos retiró 1.714 euros, en referencia al año en que el rey Felipe V abolió las instituciones autónomas con las que hasta entonces contaba Cataluña.
"Es una forma de protestar. No queremos hacerle ningún mal a la economía española o catalana", dijo esta abogada de 42 años.
La retirada de dinero fue promovida por la asociación independentista Òmnium Cultural. Actualmente, su presidente Jordi Cuixart y el de otra asociación soberanista (Asamblea Nacional Catalana), Jordi Sánchez, están en prisión preventiva cerca de Madrid por un presunto delito de "sedición".
El gobierno español estudiaba este viernes las medidas concretas con las que se dispone a intervenir la autonomía de Cataluña en respuesta al desafío independentista, una medida que podría desembocar en elecciones regionales anticipadas a comienzos de 2018. (Leer Independentistas catalanes sacan dinero de bancos para protestar).
Los preparativos avanzan mientras en la calle continúan las protestas de los separatistas. Este viernes estaban retirando dinero en efectivo de bancos como CaixaBank o Sabadell, para protestar por el hecho de que hayan sacado su sede social de Cataluña ante la incertidumbre reinante.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, afirmó desde Bruselas que se ha "llegado a una situación límite", y su equipo lleva días negociando con los socialistas, principal fuerza opositora, la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Éste permite intervenir total o parcialmente las competencias de una región para obligarla al "cumplimiento forzoso" de la legalidad.
Las medidas se precisarán este sábado en un consejo de ministros extraordinario, y a partir de ahí serán sometidas a final de mes a la aprobación del Senado, donde los conservadores del Partido Popular (PP) tienen mayoría.
La suspensión de competencias, no obstante, es una jugada muy arriesgada en una Cataluña celosa de su autogobierno, que tiene a su cargo la gestión de importantes servicios como Sanidad y Educación y cuenta con una policía propia.
El presidente catalán Carles Puigdemont ha amenazado con que si se aplica el artículo 155, el Parlamento regional podría proclamar unilateralmente la independencia, amparándose en el referendo prohibido del 1 de octubre, que los separatistas dicen haber ganado. (Leer también ¿Quiénes son los dos protagonistas del conflicto catalán?).
¿Elecciones regionales?
El gobierno central se está tomando por ello su tiempo, y este viernes envió a Puigdemont el mensaje de que todavía puede dar marcha atrás.
"Hasta que se celebre el pleno (del Senado), el señor Puigdemont puede rectificar, puede volver a la legalidad constitucional", dijo a la radio Cadena SER el número 3 del PP, Fernando Martínez-Maíllo.
"Siempre que no proclame formalmente la independencia y dé marcha atrás en sus planes secesionistas, hay margen", insistió.
Como vía de salida a la crisis, una opción que está ganando peso es la de un adelanto electoral en Cataluña, tal y como expresó abiertamente el portavoz del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo.
"La lógica de este proceso abocará a unas elecciones, a unas elecciones legalmente convocadas", declaró.
Por su lado, la dirigente socialista Carmen Calvo, encargada de pactar las medidas del 155 con el gobierno, confirmó informaciones de prensa según las cuales el líder del PSOE, Pedro Sánchez, está de acuerdo con Rajoy en que haya elecciones en Cataluña en enero.
"Pedro Sánchez tiene absolutamente claro, desde el minuto uno, que esto es para llevar a Cataluña a unas elecciones", explicó.
Las últimas elecciones regionales catalanas tuvieron lugar el 27 de septiembre de 2015. En ellas obtuvieron una mayoría de escaños los partidos separatistas, repartidos entre la actual coalición de gobierno Juntos por el Sí, y el partido anticapitalista CUP, que brinda a estos un apoyo esencial en la cámara.
La pregunta está en cómo se podrían celebrar esas elecciones regionales, cuya convocatoria corresponde a su presidente.
El gobierno de Rajoy le ha dicho a Puigdemont que si él llama a elecciones, se parará el proceso de intervención de la autonomía. Aunque el ejecutivo regional no quiere ese escenario por ahora, como recordó este viernes el vicepresidente Oriol Junqueras.
Puigdemont en cualquier caso está bajo la presión contradictoria de Madrid y de los círculos empresariales, que le piden dar marcha atrás, y del ala dura del soberanismo, que le exige proclamar ya la República catalana para fortalecer su posición.
Los independentistas, muy movilizados
En la calle, la movilización de los independentistas no ceja. Este viernes, muchos fueron a retirar dinero como gesto de protesta contra el gobierno español y los bancos que trasladaron fuera de la región su sede social, como CaixaBank y Sabadell.
Joaquim Curbet, un editor de 58 años, retiró del banco 155 euros, "una suma simbólica para protestar y presionar al gobierno español".
También de forma simbólica, Roser Cobos retiró 1.714 euros, en referencia al año en que el rey Felipe V abolió las instituciones autónomas con las que hasta entonces contaba Cataluña.
"Es una forma de protestar. No queremos hacerle ningún mal a la economía española o catalana", dijo esta abogada de 42 años.
La retirada de dinero fue promovida por la asociación independentista Òmnium Cultural. Actualmente, su presidente Jordi Cuixart y el de otra asociación soberanista (Asamblea Nacional Catalana), Jordi Sánchez, están en prisión preventiva cerca de Madrid por un presunto delito de "sedición".