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Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, dijo hace unas semanas que lamentaba que la ciudad y sus habitantes se vieran “secuestrados” por las movilizaciones que estaban programadas para finales de octubre y a lo largo de este noviembre que ya empezó.
Distintas movilizaciones exigiendo mejores condiciones en los sectores de educación y vivienda se han desarrollado en las últimas semanas en varias partes de España, que no desentonan con lo que ocurre en otros países de Europa. Apenas la semana anterior hubo dos días de huelga en varias universidades públicas y privadas para protestar contra la “asfixia económica”, la precariedad laboral y el rechazo al acuerdo de financiación plurianual firmado con el gobierno de Díaz Ayuso. Ambas jornadas parece, favorecieron el ambiente para los organizadores de la huelga general de este 11 de noviembre.
¿Por qué se organizó la huelga general del 11-N?
Tenemos que volver unos meses atrás, pues la erosión social sucedió por el desahucio de Maricarmen Abascal, que tras su muerte dos semanas después de su desalojo, pasó a convertirse en el símbolo para las personas y movimientos que empezaron a exigir mejores condiciones por la crisis de vivienda que atraviesa a buena parte de España. El costo del alquiler y las hipotecas termina equivaliendo, para muchos, la gran parte de su salario, de manera que tener un trabajo no representa una oportunidad de ascenso social, sino que ofrece apenas lo justo para poder pagar un techo donde vivir.
Así, la crisis de vivienda deriva también en otros puntos como la pérdida del poder adquisitivo, que en España, según cifras de Eurostat, ha tenido una caída del 5 % desde 2021. Un dato que contrasta, pues el Gobierno ha insistido en que la economía española es la que más ha crecido dentro de la Unión Europa (su PIB creció un 2,7 % en el último trimestre). No obstante, estas condiciones llevan a exigir una subida en los salarios, especialmente en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Y aquí es donde vamos llegando al quid del asunto, pues de fondo la crisis, así como en Bélgica, Francia, Italia, Portugal, entre otras naciones, tiene que ver con las condiciones de vida, pero en este caso puntual con la vivienda como medidor de la desigualdad salarial.
El problema es que la huelga ha sido catalogada como un asunto político y no social, y es por eso que en España la señalan como inédita. La periodista Natalia Junquera, de El País, explica en un artículo que la iniciativa de la movilización no vino de los sindicatos de clases tradicionales como el CC OO o la UGT, sino de un “movimiento sin capacidad legal para convocarla”, refiriéndose al Sindicato de Inquilinas (SDI).
A pesar de ello, ambos sindicatos terminaron sumándose a una huelga que ha venido contando con el respaldo del sector educativo. En las calles de la Ciudad universitaria y en otros lugares de Madrid, se ven los carteles y algunos grafitis convocando a la huelga general.
Una huelga que mide el pulso electoral
Que la movilización de este 11 de noviembre sea catalogada más como un asunto político y no tanto social tiene que ver con varias razones que también explican la realización de esta y el momento que atraviesa España.
Por un lado, recordemos que el pasado 5 de octubre, en medio de las protestas y los ánimos caldeados, los decretos en materia de vivienda que presentó Pedro Sánchez fueron rechazados, lo que llevó al mandatario a adelantar las elecciones generales, que estaban planeadas para 2027, y realizarlas este 29 de noviembre.
Por esa jugada, la oposición española, en cabeza de los partidos Vox y PP, considera que esta es una “huelga política” y que su carácter está más relacionado con intereses electorales, mientras que los sindicatos defienden su autonomía y aseguran que la protesta va dirigida a todas las administraciones y demás responsables de la crisis, sin importar el color del partido o de los líderes.
Según una encuesta de 40dB para El País y la cadena SER, la huelga general divide al país, pues un 46,3 % la apoya y un 48,8 % la rechaza. El retrato de su significado sirve para incluso hacer uno del momento político de España, pues en medio de las movilizaciones, acampadas, huelgas y tragedias -refiriéndonos al accidente de Urda en el que murieron más de 60 personas-, la sociedad civil se muestra polarizada y atrapada en un ambiente en el que, como es ya común en las democracias actuales, mueven más las emociones que otra cosa.
En las calles preguntan por quiénes votarán y quienes afirman que lo harán por la derecha, lo harán por la indignación de los accidentes ocurridos este año, por la corrupción del gobierno y la seguridad asociada al problema migratorio, especialmente en Ceuta; mientras que quienes quieren seguir por la orilla de la izquierda, lo hacen con el temor de un ascenso del fascismo en el país y con una posible agudización de los problemas sociales como lo son la vivienda y la educación, enfrentándose así a la contrariedad de que los fenómenos relacionados con estos rubros ocurrieron bajo el gobierno progresista de Pedro Sánchez.
La crispación social no termina hoy. Ayer hubo huelga del sector de transporte y este jueves 12 se espera que haya otra, y todo ad portas del comienzo de la campaña electoral española, que iniciará precisamente este viernes 13 de noviembre y mostrará los resultados de estas movilizaciones y la balanza de un país que está por definir su futuro en medio de muchas dudas y temores.
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Felipe(dw15k)•11 de noviembre de 2026 – 18:58Como también sucedió en nuestro país la ultraderecha corrupta tiene como programa El desprestigio del gobierno del psoe que nunca tendrá los niveles de corrupción del PP o Vox. Por acá no llegan las historias de corrupción española protagonizadas por la derecha y encubiertas por una Corte Suprema heredera del franquismo que no permite su renovación.
