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La policía húngara anunció este viernes que no prohibirá la Marcha del Orgullo de Budapest del mes que viene, a diferencia del año pasado, cuando el evento fue vetado por el gobierno del entonces primer ministro nacionalista, Viktor Orbán.
Referente global del movimiento antiliberal, él se destacó en sus 16 años de gobierno por su férrea oposición a la inmigración y a los derechos LGBTIQ+. En abril fue derrotado en las urnas por el conservador proeuropeo Péter Magyar, que prometió una “nueva era” para Hungría y un gobierno para “todos”.
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Tras la prohibición del año pasado, los organizadores de la Marcha del Orgullo presentaron el miércoles una notificación formal sobre su intención de celebrar el evento el próximo 27 de junio. La policía tenía legalmente 48 horas para decidir si lo prohibía o lo autorizaba.
“Durante el proceso de notificación del desfile del Orgullo 2026 y la posterior consulta presencial con los organizadores, no han surgido motivos para prohibir la concentración”, declaró la autoridad en un correo electrónico. El comunicado también indica que la policía tomó “decisiones prescriptivas y restrictivas” con relación a tres contramanifestaciones previstas.
A principios de esta semana, una portavoz del Gobierno declaró que correspondía “exclusivamente a las autoridades” decidir si la marcha podía celebrarse.
El nuevo primer ministro, Péter Magyar, no ha respaldado específicamente la Marcha del Orgullo ni al colectivo LGBTIQ+, ni ha derogado de momento las leyes aprobadas por Orbán que restringían sus derechos.
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La marcha del pasado mes de junio congregó a un número récord de más de 200.000 personas, según los organizadores, a pesar de la prohibición oficial.
Esta afluencia se interpretó como un rechazo a la represión de los derechos LGBTIQ+ impulsada por Orbán durante años bajo el pretexto de la “protección de la infancia”.
El mes pasado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que la legislación de 2021 —modificada el año pasado para servir de base a la prohibición del Orgullo— incumplía las normas del bloque. Aunque en teoría los participantes se exponían a multas de hasta 500 euros (unos USD 580) por asistir al desfile, la policía decidió abstenerse de tomar medidas.
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