España se alista para regularizar de forma exprés a cerca de medio millón de migrantes, muchos de los cuales son latinoamericanos, sobre todo colombianos. La aprobación que el plan recibió este martes en el Consejo de Ministros, a través de un real decreto, razón por la cual no precisa de un respaldo en el Congreso, les abre las puertas a participar del trámite a aquellos que hayan llegado al país desde antes del 31 de diciembre de 2025, que puedan demostrar su estancia de al menos cinco meses allí y que no tengan antecedentes penales.
Según lo detalló la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quienes estén de forma irregular y cumplan con las condiciones expuestas anteriormente podrán presentar sus solicitudes a partir de abril y hasta el 30 de junio. “Desde que se hace la solicitud habrá un plazo de no más de 15 días”, aseguró la funcionaria.
Para acreditar la residencia en España los solicitantes pueden aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales u otros más, entre ellos justificantes de envíos de dinero, billetes de transporte, entre otros.
Según fuentes del Ministerio de Inclusión, citadas por el medio El Mundo, la autorización que obtengan será de residencia con permiso de trabajo. Esto no implica la obtención automática de la nacionalidad española —es decir, no podrán votar en las elecciones autonómicas ni generales—, ni el acceso inmediato a prestaciones no contributivas. Eso sí, a partir del momento en que se presenten las solicitudes, esas personas podrán “trabajar en cualquier sector y lugar del país”.
Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por un año, al término del cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
La medida también cubrirá a los hijos menores de edad de quienes regularizarán su situación en España, pues ellos podrán acogerse a los derechos que eso trae por un período de cinco años. Este es un plan que apunta a la unidad familiar, uno de los temas más sensibles al momento de trabajar en políticas migratorias, y que, según los funcionarios del gobierno de Pedro Sánchez, es un compromiso con la dignidad y los derechos humanos.
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