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El Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución que aboga por luchar contra la prostitución penalizando a los clientes, una política ya adoptada en Suecia, Irlanda y Francia. La resolución no vinculante fue aprobada por 234 votos a favor, 175 en contra y 122 abstenciones, en una votación que dividió a todos los grupos políticos durante una sesión plenaria en Estrasburgo.
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La mayoría lograda, mucho más escasa que las que habitualmente se alcanzan en el Parlamento Europeo, dibuja un hemiciclo en la que sólo populares y socialdemócratas han votado prácticamente en bloque a favor del texto, mientras que liberales, verdes y buena parte de los conservadores y la extrema derecha se han posicionado en contra, al tiempo que un puñado de miembros de todos los grupos han optado por abstenerse.
El texto anima a los países de la UE a adoptar el “modelo nórdico”, ya que Suecia fue el primer país, en 1999, en penalizar a los compradores de servicios sexuales. La extensa resolución de 27 páginas señala que “varios países están adoptando y aplicando el modelo nórdico de igualdad de diversas maneras”, actuando sobre la demanda.
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“La prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual existen porque hay demanda”, apunta el documento.
En la resolución, los eurolegisladores señalaron que la despenalización del proxenetismo y la compra de sexo “aumenta la demanda, empodera a los demandantes y normaliza” la actividad. Un texto similar había sido votado por el Parlamento Europeo en febrero de 2014.
Un total de 13 ONG, incluidas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, agrupadas en una “coalición europea por los derechos y la inclusión de las trabajadoras sexuales”, pidieron a principios de septiembre rechazar este informe. Las entidades argumentan que la incriminación de los clientes aumenta la precariedad de las trabajadoras sexuales y su vulnerabilidad a la violencia y las enfermedades infecciosas.
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“Las personas que ejercen el trabajo sexual reportan una mayor precariedad y vulnerabilidad a la violencia y las enfermedades infecciosas (incluido el VIH) y una menor confianza en las autoridades. Las personas que ejercen el trabajo sexual enfrentan un mayor estigma, barreras para acceder a los servicios y la justicia, y mayores riesgos de quedarse sin hogar en los países donde dicha criminalización está vigente.”, explica la carta.
Un informe Amnistía Internacional sobre la criminalización de compradores en Irlanda indica que este enfoque solo aumenta la exposición de las trabajadoras sexuales a comportamientos riesgosos por parte de los clientes y de ser vulnerables a acusaciones legales por mantener burdeles.
Si bien el texto ya está aprobado, este no tendrá ningún efecto legislativo directo sobre los países pertenecientes al Parlamento.
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