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El gobierno de Giorgia Meloni enfrenta nuevas presiones para responder por el supuesto uso de herramientas de espionaje contra activistas y defensores de los migrantes, luego de que el sacerdote italiano Mattia Ferrari, cercano al papa Francisco, fuera notificado de que su teléfono había sido comprometido por un software de vigilancia vinculado a un gobierno, según el medio británico The Guardian.
Ferrari, quien se desempeña como capellán en la embarcación de rescate de la ONG Mediterranea Saving Humans, recibió en febrero de 2024 una alerta de Meta, empresa propietaria de WhatsApp, Facebook e Instagram, advirtiéndole que su dispositivo fue objeto de un “ataque sofisticado respaldado por entidades gubernamentales no identificadas”.
La notificación llegó poco después de que Ferrari y otros activistas vinculados a la defensa de los derechos de los migrantes se reunieran con el papa en el Vaticano. Entre ellos se encontraba Luca Casarini, fundador de la ONG Mediterranea Saving Humans, y David Yambio, activista de derechos humanos con base en Italia, que también fueron notificados de un ataque similar en su teléfono.
“No fue una noticia agradable enterarme de que mi teléfono había sido intervenido”, declaró Ferrari. “Cuando supe que Luca había sido espiado, sospeché que yo también podía ser un objetivo. Lamentablemente, la solidaridad se ha convertido en un acto que algunos gobiernos parecen querer castigar”.
La cercanía de Ferrari con el papa ha llamado aún más la atención sobre este caso. Francisco, actualmente hospitalizado por complicaciones de salud, ha elogiado públicamente su labor. En enero, en una entrevista con la televisión italiana, el pontífice afirmó: “El padre Mattia es un buen hombre, trabaja bien. Hablé con él por teléfono”.
Presión sobre el gobierno de Meloni
El caso ha generado un fuerte debate en Italia, con la oposición exigiendo respuestas al gobierno de Giorgia Meloni. Elly Schlein, líder del Partido Demócrata, denunció la gravedad de la situación y pidió explicaciones urgentes en el Parlamento sobre quién está detrás del espionaje a periodistas y activistas.
Sin embargo, la administración de Meloni ha negado cualquier implicación de los servicios de inteligencia italianos en estas actividades. La semana pasada, el presidente del Parlamento, Lorenzo Fontana, firmó un documento invocando una norma que permite al gobierno abstenerse de responder preguntas sobre el escándalo, alegando que toda la información desclasificada ya había sido compartida y que el resto estaba protegida por secreto de Estado.
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