Autoritarismo y represión: el coctel que detonó las protestas en Turquía

Turquía está enfrentando la mayor ola de protestas antigubernamentales en más de una década. Desde el 19 de marzo, miles de ciudadanos han salido a las calles en más de 55 provincias del país para rechazar el encarcelamiento del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, una de las figuras más populares de la oposición y considerado el principal rival político del presidente Recep Tayyip Erdogan.

Desde entonces, más de 1.100 personas han sido detenidas y al menos diez periodistas arrestados mientras cubrían las movilizaciones. Desde el inicio de este movimiento social, el gobierno ha restringido cuentas en redes sociales como X, TikTok, YouTube e Instagram que publican sobre las protestas. Además, ha declarado ilegales las concentraciones públicas y ha desplegado fuerzas de seguridad para reprimir a quienes salen a protestar.

Las manifestaciones, que comenzaron como una reacción puntual al arresto de Imamoglu, con cargos de corrupción y terrorismo, han evolucionado a un movimiento nacional que denuncia no solo la instrumentalización de la justicia con fines políticos, sino también el deterioro de la economía, la represión a la prensa y el debilitamiento de las instituciones democráticas.

Según la experta en política turca Gönül Tol, investigadora del Instituto del Medio Oriente en Washington D. C., “las acusaciones contra Imamoglu no tienen fundamento legal y son completamente políticas”. En entrevista con Deutsche Welle, explicó que “el caso se basa en rumores y en el testimonio de un testigo secreto. Incluso figuras del partido oficialista, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), consideran ridículo vincularlo con el terrorismo”.

La situación en las calles de Estambul ha sido intensa. Según la colombiana María José Ballén Carvajal, estudiante de periodismo que se encuentra en Turquía por intercambio académico y trabajo, las protestas han adquirido una dinámica constante en los últimos días. Relata que todas las noches, alrededor de las ocho, se escucha un “cacerolazo” masivo en distintas partes de la ciudad. Aunque las manifestaciones se concentran en la tarde y la noche, no ocurren en toda Estambul, sino en puntos clave como la plaza Taksim, el puente de Gálata, el otro puente Fatih Sultán Mehmet, entre otros sectores centrales e históricos.

También ella describe cómo, al subirse al metro, se puede ver estación tras estación a más personas que se dirigen hacia los lugares de protesta. Muchos van con el rostro cubierto, no como una muestra de agresión, sino por precaución: “Aquí la policía rocía gas pimienta, por eso la mayoría va encapuchada y lleva banderas de Turquía”, explica. Aunque en algunos sectores no se siente directamente la protesta, sí hay afectaciones en la movilidad: se cierran estaciones del metro, se restringe el acceso al centro, y quienes no pueden asistir, apoyan desde sus casas con cacerolazos.

Curiosamente, el arresto de Imamoglu ocurrió justo el día en que su partido, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), realizaba una votación interna simbólica para ratificar su candidatura presidencial en 2028. Según cifras divulgadas por el propio partido, más de 15 millones de personas participaron en la consulta, lo que fue interpretado como una manifestación masiva de apoyo no solo a él, sino también a una oposición que denuncia un profundo desgaste institucional. Aunque hacen falta algunos años para las elecciones, estas decisiones se empiezan a tomar desde antes para perfilar a los posibles candidatos y medir su respaldo popular. En este contexto, el arresto de Imamoglues es visto por críticos del gobierno como intento de frenar la continuidad política del presidente, Erdogan, limitando la competencia electoral en Turquía.

Monica Marks, profesora de política de Oriente Medio en la Universidad de Nueva York en Abu Dabi, recordó en entrevista con la BBC que Erdogan fue elegido por primera vez en 2002. Según la experta, irónicamente su partido fue, en su momento, un motor de democratización, proadhesión a la Unión Europea, y defensor del manejo técnico de la economía. Pero en todos esos aspectos, afirma, el partido ha cambiado drásticamente. “Otra amarga ironía”, añadió, es que el propio Erdogan fue alcalde de Estambul y estuvo encarcelado políticamente, y esa fue la experiencia central que lo catapultó al estrellato político.

“Ahora él está mayor, está bajo mayor amenaza política, es menos popular, ha presidido el declive económico y ahora es quien está encarcelando políticamente, reprimiendo antidemocráticamente, al actual alcalde de Estambul”, resaltó Marks.

Por su parte, Ballén asegura que no se esperaba un estallido social de esta magnitud: “No creo que hubiera señales previas claras, pero sí se sentía un resquemor, como si la gente estuviera al borde de algo”. Agrega que la polarización política estaba latente por la fragmentación social. “Estaban a punto de estallar, pero nada lo había detonado hasta que arrestaron al alcalde. Él fue solo el punto de quiebre”.

Universitarios y profesores, bajo ataque del gobierno

Uno de los espacios donde más se ha visibilizado el descontento es el universitario. En varias ciudades, han sido los estudiantes quienes han declarado huelga y se han organizado desde sus campus como centros de discusión, resistencia y convocatoria. Ballén ha vivido esto de primera mano: “Yo creo que los jóvenes tienen un 70 % del rol en esto, porque son quienes más se mueven en redes sociales desde las universidades. No solo protestan en las calles, sino que están detrás de muchas de las discusiones intelectuales, y han sido también los más afectados”.

Según ella, “no solo entraron en paro las universidades, sino que muchos de sus profesores están siendo destituidos, censurados o detenidos”. Considera que se trata de una persecución que se está librando desde la academia y desde la intelectualidad, especialmente por los cuestionamientos que varios sectores han hecho al presidente en materia de derechos humanos y en relación con el conflicto kurdo.

Uno de los casos más mencionados ha sido la destitución del presidente del Colegio de Abogados de Estambul, Ibrahim Kaboğlu, y de toda su junta directiva, el pasado 22 de marzo. El 27.º Tribunal Penal Superior de Estambul los acusó de “hacer propaganda para una organización terrorista” y “difundir información falsa”, tras una declaración en la que denunciaban el asesinato de los periodistas kurdos Cihan Bilgin y Nazim Daştan, en un ataque con drones turcos en Siria.

Aunque el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), considerado una organización terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea, ha sido responsable desde los años ochenta de atentados con explosivos, ataques armados y secuestros en el marco de su lucha por la autonomía kurda, las tensiones continúan hoy. En la actualidad, Turquía ha tomado represalias contra el grupo, pero en esas operaciones también han muerto civiles, como los dos periodistas mencionados anteriormente.

Fue la Unión de Colegios de Abogados de Turquía que denunció esta decisión como “una de las más graves violaciones a la independencia judicial bajo presión política”. A esto se suma la nueva Ley contra la Desinformación, que permite al gobierno procesar a periodistas, activistas o ciudadanos por difundir lo que las autoridades consideren como “información falsa”, un concepto ambiguo que, al igual que el de “terrorismo”, ha sido instrumentalizado para criminalizar la disidencia.

Desde las universidades, los juzgados, las redes sociales y las calles, diferentes sectores de la sociedad turca han hecho sentir su rechazo al encarcelamiento de Imamoglu y al creciente autoritarismo del gobierno, que se muestra con sus múltiples arrestos y prohibición de manifestaciones. Si bien su figura fue el detonante, las protestas han tomado cuerpo propio: expresan el hartazgo de una ciudadanía que se siente silenciada, vigilada y reprimida, según la lectura de Ballén.

“El alcalde es un símbolo”, resume la colombiana. “Lo que hay detrás es mucho más grande. Es una pelea por el derecho a hablar, a enseñar, a informar, a disentir. Y ahora mismo, eso está bajo amenaza. Lo que se está viviendo es una crisis muy fuerte de libertad de expresión y de persecución”, concluye Ballén.

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