Las instituciones europeas alcanzaron este lunes un acuerdo político provisional sobre el reglamento de Retornos que permitirá, entre otras cosas, crear en terceros países centros para migrantes que deban ser repatriados, agilizar las deportaciones y endurecer la política migratoria.
El Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la UE -la representación de los países del bloque- acordaron el texto, cuya principal novedad gira en torno a la posibilidad de que los Estados miembros puedan deportar a migrantes a lo que se ha denominado como ‘centros de retorno’ en terceros países distintos a los de su origen, siempre y cuando se haya suscrito previamente un acuerdo y se respete el principio de no devolución.
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Su aprobación estaba prevista para la pasada semana, pero desavenencias entre los colegisladores en cuanto a la fecha de implementación del reglamento provocaron que se retrasara hasta hoy.
En la tanda de negociaciones celebrada hoy se acordó que la legislación, es decir, también los centros de retorno, será inmediatamente aplicable tras su entrada en vigor.
“La nueva normativa acelerará el proceso de retorno y aumentará las devoluciones de personas que no tienen el derecho legal a permanecer en la UE”, indicó tras el acuerdo el viceministro de Migración de Chipre, Nicholas A. Ioannides, cuyo país preside el Consejo de la UE hasta finales de junio.
En los centros de retorno, los terceros países estarán obligados a respetar los derechos humanos y no estará permitido el internamiento de menores no acompañados.
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Además, otra novedad de la legislación es que en adelante se exigirá a los migrantes “cooperar activamente” en su proceso de retorno. Si éstos no lo hicieran, se podrán imponer sanciones que van desde la retirada de prestaciones sociales y permisos de trabajo, hasta sanciones penales que incluyen el encarcelamiento.
También se permite la detención de migrantes basándose en su riesgo de fuga y otros motivos de seguridad.
Para migrantes considerados un riesgo para la seguridad pública o nacional, se prevé una expulsión prioritaria, y podrán ser recluidos en prisiones -separados de presos comunes- y enfrentarse a prohibiciones de entrada indefinidas.
España es el único país que se mostró en contra de la normativa desde que los ministros de Interior de los Veintisiete alcanzaron el enfoque general.
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Esta legislación cuenta con la oposición de partidos socialdemócratas, verdes y de izquierdas, que sostuvieron que la iniciativa no está alineada con un enfoque europeo, sino que muestra un giro a la extrema derecha por parte de los populares.
“Es un acuerdo vergonzoso. Este futuro texto pone ideas y retórica xenófobas en la escritura a expensas de los derechos fundamentales de las personas exiliadas, cuyo único delito era nacer con el pasaporte equivocado”, dijo la eurodiputada de los Verdes Mélissa Camara, jefa negociadora de su grupo parlamentario, tras la aprobación del texto.
La normativa, según añadió, “debilita los derechos procesales, amplía la duración de las detenciones y hace posible que las autoridades lleven a cabo redadas a domicilio”.
Por su parte, la responsable de incidencia política de la plataforma internacional PICUM, Silvia Carta, opinó que creará “un sistema draconiano de detención y deportación” y lamentó que en la última ronda de negociaciones se hayan redoblado “la represión y el castigo”.
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También criticó un texto que “expondrá a cientos de miles de personas a daños y violencia”, incluido el encarcelamiento en centros de detención de migrantes hasta 30 meses, así como “la separación de familias y el envío de personas a países que ni siquiera conocen”.
Tras este acuerdo político, y tras una revisión jurídico-lingüística del texto, éste deberá ser sometido a votación en el Parlamento Europeo y, posteriormente, recibir el aval del Consejo de ministros de Interior de la UE.
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