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El martes en la mañana, según reportó ayer el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), otra postal del terror tomó forma en la guerra añeja de Siria: un avión estadounidense bombardeó una escuela cerca de Raqqa en la que se resguardaban cerca de 50 familias desplazadas por la violencia general. Al menos 33 refugiados fueron asesinados. El OSDH dijo que era posible reconocer a los responsables por el tipo de avioneta, la munición y el hecho de que la coalición liderada por EE. UU. contra el Estado Islámico, en la que participan otros 68 países, suele descargar sus bombas en esa región.
El ejército estadounidense, en un comunicado breve, dijo que investigaría las circunstancias y las acusaciones. Dado que Raqqa se ha convertido en el objetivo primordial de las fuerzas de la coalición, porque es el centro urbano más fuerte y resistente del grupo yihadista y una de sus dos capitales de facto, deben revisar numerosos reportes sobre los ataques ejecutados.
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Sin embargo, una revisión exhaustiva de las respuestas militares de la coalición en Siria y en Irak permite concluir que las investigaciones suelen quedar en el ámbito privado del Centcom, la oficina militar que se encarga de la estrategia contra el Estado Islámico. El País de España reportó el año pasado: “Los comunicados del Centcom apenas precisan el país y el lugar en que murieron los civiles, y suelen hablar de probabilidades, no de certezas sobre el número de fallecidos”.
Según cifras entregadas a principios de marzo por los líderes de la coalición, 220 civiles han sido asesinados a causa de los bombardeos. En algunas ocasiones, el gobierno de EE. UU. entrega una compensación a las familias de las víctimas. Pero los números que manejan otras instituciones son mayores. De acuerdo con Airwars, una organización de periodistas independientes que hace seguimiento a los bombardeos de la coalición, entre 2.700 y 3.920 civiles han sido asesinados en más de mil ataques desde que comenzó la estrategia contra el Estado Islámico, en agosto de 2014. El rango probable de víctimas de los bombardeos rusos —que apoyan al presidente sirio, Bashar al Asad— es aún mayor: entre 8.300 y 11.200. Hospitales, escuelas, mezquitas y casas han sido destruidas por los ataques, mientras que las víctimas carecen de respuestas sobre las intenciones de dichos ataques.
A mediados de este mes, 42 personas, la mayoría de ellas civiles, fueron asesinadas por un bombardeo estadounidense a las afueras de Alepo. La mayoría de los muertos estaban adentro y alrededor de una mezquita. Sin embargo, el portavoz del Centcom, el mayor Josh Jacques, aseguró que el ataque estaba dirigido a un centro de militantes de Al Qaeda y que la mezquita “resultó estar del otro lado de la calle”. En ese sentido, el ejército elude una acusación por crímenes de guerra.
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Otro de los casos emblemáticos en que EE. UU. salió bien librado fue el ataque a un hospital en Kunduz, Afganistán, en octubre de 2015. 42 personas, entre pacientes y personal médico, fueron asesinadas. Médicos Sin Fronteras, que prestaba atención en dicho hospital en medio del cruento conflicto afgano, pidió una investigación independiente para determinar por qué, a pesar de que los cazabombarderos de EE. UU. tenían las coordenadas del hospital, éste resulto destruido. El Ejército de EE. UU., bajo la presidencia de Obama, respondió que había sido un "error humano" y sancionó a 16 soldados. Ninguno de ellos tuvo que enfrentar cargos criminales y la investigación quedó en el aire. Hasta hoy, Médicos Sin Fronteras y las víctimas esperan que se haga justicia.
Las investigaciones del Centcom han sido lentas. Hasta octubre del año pasado aseguraba que, luego de más de 9.000 bombardeos, sólo un civil había muerto. Bélgica, que es uno de los países principales en la coalición, asegura que por los 639 bombardeos que ha dirigido en Siria y en Irak no ha muerto ningún civil. Pese a ello, las pruebas están a la mano. El año pasado, a través de un reporte, Amnistía Internacional señaló a las fuerzas de coalición como las presuntas responsables de al menos 300 asesinatos de civiles indefensos desde que comenzó su campaña contra el Estado Islámico.
Lynn Maalouf, investigadora de esa organización en Beirut, aseguró que los ataques debían tener en cuenta el riesgo para los civiles, “incluidas las explosiones secundarias”. “Las autoridades estadounidenses debieron haber tomado los pasos necesarios para minimizar dicho riesgo, incluyendo la publicación de una advertencia si era posible o prorrogar el ataque hasta que los civiles pudieran ser protegidos de manera adecuada, o cancelarlo si era probable que fuera desproporcionado”, dijo Maalouf.
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El panorama quizá no mejore bajo la presidencia de Donald Trump, pues el mandatario ha dicho que permitirá una mayor movilidad en la toma de decisiones al Pentágono y que el Ejército podrá tener más libertad a la hora de figurar sus estrategias de ataque, sin un control tan constreñido. A principios de este año, Naciones Unidas conformó un grupo de investigación de crímenes de guerra cometidos durante el conflicto sirio. Quedará a su cargo señalar la responsabilidad de países como Estados Unidos y Rusia, dos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y dos de los mayores contribuyentes financieros en la organización.
Este jueves se reabren las conversaciones entre la oposición siria (apoyada por EE. UU. y Turquía) y Al Asad en Ginebra, con la mediación de Naciones Unidas. Las esperanzas de que algo se resuelva en medio de una guerra que cuenta ya 321.000 muertos parecen pocas. Los rebeldes pedirán, como ya lo han hecho, un reparto más equitativo del poder. Pero con tantas víctimas en el medio, repartirse el poder ya no parece lo esencial para cerrar todas las heridas.
Por juan David Torres Duarte
