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La Corte Internacional de Justicia (CIJ) abrió este lunes en La Haya cinco días de audiencias sobre el rol de Israel respecto al acceso a la ayuda humanitaria en Gaza, cuyo resultado podría marcar el futuro de Israel en el sistema internacional.
La principal acusación consiste en que Israel está utilizando el bloqueo como un “arma de guerra” contra la población palestina. El representante de la Autoridad Palestina, Ammar Hijazi, afirmó ante el tribunal que “nueve de cada diez palestinos no tienen acceso al agua potable” y que “todas las panaderías de Gaza que recibían ayuda de la ONU han debido cerrar”.
“Hay hambre. La ayuda humanitaria se está utilizando como arma de guerra”, concluyó el representante palestino.
Hijazi denunció que Israel mantiene cerrados todos los cruces de entrada de suministros esenciales, situación que ha dejado vacíos los almacenes de Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias.
Los suministros de ayuda están disminuyendo y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU anunció el pasado viernes que había enviado sus últimas reservas a las cocinas.
Por su parte, Blinne Ní Ghrálaigh, abogada que representa al Estado de Palestina, describió las acciones de Israel como un ataque sin precedentes contra Naciones Unidas y sus órganos subsidiarios.
La abogada advirtió que las restricciones impuestas no solo afectan a Gaza, sino que amenazan con socavar el orden jurídico internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial, y explicó que, según informes, Israel planea anexar permanentemente 75 km2 de Rafah, una quinta parte de Gaza, a la llamada zona de amortiguación israelí. Esto, sumado al actual bloqueo marítimo israelí, aislará más Gaza y a su población de la ayuda y asistencia directas y del resto del mundo, declaró Ní Ghrálaigh.
Israel, que no reconoce la competencia de la CIJ en este caso y ha decidido no participar formalmente en las audiencias, respondió desde Jerusalén que hay “una persecución sistemática”, según el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar.
“No es Israel quien debería estar en el banquillo, sino la ONU y la UNRWA”, dijo Saar, en clara referencia a la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, a la que Israel prohibió operar en su territorio tras acusarla de estar infiltrada por Hamás. Sin embargo, investigaciones independientes no han confirmado estas acusaciones.
El proceso ante la CIJ surge a partir de una solicitud urgente de la Asamblea General de la ONU, aprobada en diciembre, para obtener una opinión consultiva sobre las obligaciones de Israel respecto a permitir el ingreso de asistencia humanitaria.
El dictamen de la CIJ será consultivo y no vinculante, pero podría tener un impacto político significativo en el aislamiento internacional de Israel. En cuanto a la situación en Gaza, según Naciones Unidas, el enclave palestino atraviesa “probablemente la peor” crisis desde el inicio de la guerra, con más de medio millón de desplazados adicionales desde la ruptura de la última tregua a mediados de marzo.
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