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Al comienzo de la cuarentena en Bolivia,el 20 de marzo, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, aprobó un decreto que penaliza la “difusión de información que ponga en riesgo o afecte a la salud pública". Días después, una enmienda a esa norma amplió la sanción penal “a personas que inciten el incumplimiento de la cuarentena o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa y/o artística que afecte a la salud pública".
“La libertad de expresión está garantizada, pero el gobierno es víctima de una campaña política que llama a la desobediencia civil a la cuarentena”, justificó el viceministro de Gobierno, Wilson Santa María. El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, aclaró que la norma no penalizará el trabajo de los periodistas. “El decreto es sólo por la pandemia”, acotó.
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Sin embargo, medios de comunicación y varias organizaciones independientes criticaron el decreto, los sindicatos de la prensa de Bolivia exigieran su derogación y el anuncio de un "estado de emergencia" entre sus afiliados, pero finalmente el gobierno interino derogó este jueves el polémico decreto.
Desde Argentina, donde está refugiado tras su renuncia el pasado noviembre, Evo Morales acusó a Áñez de “violar los derechos humanos ampliando las restricciones y sanciones contra la libertad de expresión". El expresidente Carlos Mesa también manifestó su “preocupación” por la norma emitida por Añez, quien ha sido blanco de muchas críticas durante su gestión.
Las penas que contemplaba el decreto
Las autoridades habían decretado hace unos días sancionar con hasta 10 años de prisión la desinformación sobre el coronavirus. Un artículo del decreto 4231 anunciaba castigos penales contra quienes difundieran "información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que ponga en riesgo o afecte a la salud pública, generando incertidumbre en la población" sobre las políticas contra el coronavirus".
"A solicitud de organizaciones de DDHH y medios de comunicación, hemos derogado los artículos de decretos que creaba susceptibilidad sobre libertad de prensa", escribió en Twitter el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo.
La decisión del gobierno boliviano fue tomada en una reunión del equipo de ministros de la presidenta transitoria de derecha Jeanine Áñez, tras un reciente pedido de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que la norma fuese modificada porque resultaba "excesiva".
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"Respetamos y defendemos la libertad, así como defendemos y respetamos la democracia", dijo la Presidencia en Twitter tras la derogación de la norma.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también había pedido derogarla al señalar que no cumplía "con el principio de legalidad" y no se ajustaba "al interés imperioso de proteger la salud". Igualmente fue criticada por el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien la consideró un "grave retroceso en libertad de expresión en Bolivia con el pretexto de combatir el covid-19".
Por redacción internacional con información de agencias
