Carolina del Sur, Estados Unidos, está este viernes en el centro de la polémica por cuenta de un proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Representantes de ese estado esta semana y que pronto se convertirá en ley en los próximos días, que pondrá a los condenados a muerte entre dos opciones: morir en la silla eléctrica o el pelotón de fusilamiento.
Los republicanos se declararon muy conformes con el proyecto, incluido el gobernador Henry McMaster, pues consideran que es una forma de enfrentar la negativa de las compañías farmacéuticas de vender las drogas usadas para la inyección letal, razón por la cual Carolina del Sur no ha ejecutado un solo preso desde hace diez años.
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El documento todavía tiene que ser ratificado por el gobernador, el republicano Henry McMaster, quien ya dijo que lo firmaría.
Actualmente, los presos condenados a muerte en Carolina del Sur pueden elegir entre la silla eléctrica o una inyección letal para ser ejecutados, por lo que optan por esta última opción ya que el estado carece de existencias.
A partir de ahora, en caso de que el estado no disponga de fármacos letales, el reo tendrá la opción de elegir cómo ser ejecutado entre la silla eléctrica y el fusilamiento.
Carolina del Sur se convertirá así en el cuarto estado del país en incluir el fusilamiento como opción, después de Misisipi, Oklahoma y Utah.
El hecho de que el proyecto quede aprobado no implica que las ejecuciones en Carolina del Sur se reactiven pronto, ya que probablemente el texto enfrentará demandas que pueden retrasar varios años su entrada en vigor.
La última ejecución en Carolina del Sur fue hace una década, el 6 de mayo de 2011.
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Carolina del Sur tiene en la actualidad a cerca de 40 presos condenados a muerte, de los cuales tres han agotado todos sus recursos legales.
De las 1.532 ejecuciones ocurridas en Estados Unidos desde que se restituyera la pena de muerte en 1976, tan solo 3 han sido por fusilamiento, todas ellas en Utah y la última en 2010.
Antes de la llegada de Trump a la presidencia sólo se habían completado tres ejecuciones federales desde 1988, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos restableció la pena de muerte.
De acuerdo con datos del Death Penalty Information Center, en 2020 murieron 17 reos por ejecución, 10 a nivel federal y siete por administraciones estatales. Texas completó tres, mientras Georgia, Missouri, Alabama y Tennessee realizaron una respectivamente.
Con excepción del hombre que murió en la silla eléctrica en Tennessee, todos fueron ejecutados con la inyección letal. Por pandemia, el año pasado muchas condenas fueron aplazadas.
Informes de prensa señalan que los estados en donde se condena a más presos a la pena capital son Texas, Virginia, Oklahoma, Florida, Misuri, Georgia, Alabama, Ohio, Arizona y Arkansas.
