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Quienes pensaron que la consulta sobre las reformas a la Constitución calmarían las calles en Chile se equivocaron. Aunque el 15 de noviembre, el gobierno de Chile anunció que los ciudadanos serían convocados a las urnas en 2020 para que digan si quieren cambiar la carta magna vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet y cuál sería el proceso para hacer dichas reformas, la calle no se ha calmado.
Este martes, justo cuando se cumplen 40 días del estallido social, una manifestación multitudinaria convocó a diversos colectivos que reclaman reformas estructurales y que todavía guardan una esperanza de cambio.
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"Los reclamos sociales todavía no se han cumplido pero la esperanza de cambio es lo que nos hace estar aquí", explicó a Efe Selma Núñez, dirigente de un colectivo de sanitarios que participó en la marcha.
Docentes, trabajadores del gremio sanitario y funcionarios fueron los protagonistas de una huelga que convocó la organización Unidad Social, que reúne a más de un centenar de gremios, sindicatos y asociaciones, y que reclaman más participación en la elaboración de una nueva agenda social.
"No más medidas parche" fue el canto de los diversos colectivos que participaron en la huelga, quienes tildaron de insuficientes las reformas anunciados hasta el momento por el Ejecutivo.
El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, insistió en la necesidad de reclamar cambios profundos: "El pueblo de Chile tiene una convicción muy fuerte de que hay que hacer cambios estructurales y no cambios menores".
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La subida del salario mínimo a 500.000 pesos chilenos (cerca de 625 dólares), un sistema de pensiones dignas o mejoras en la educación pública son las peticiones sociales que movilizaron a los diferentes colectivos a continuar manifestándose tras más de un mes de reclamos.
El Ejecutivo invitó la semana pasada a Unidad Social a un diálogo social que, para la organización, "llega 30 días tarde".
El presidente de la Federación Nacional de Asistentes de la Educación, Manuel Valenzuela, afirmó a Efe que "el Gobierno se reunió con partidos políticos para firmar un acuerdo por la paz, pero dejó a todos los actores sociales fuera" y aclaró que "no han recibido ninguna respuesta real por parte del Gobierno" a sus demandas.
No la "impunidad"
Otro de los reclamos fue el "no a la impunidad" frente a las violaciones a los derechos humanos, que han sido constatadas y denunciadas por diversas organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch (HRW), entre ellas cinco homicidios cometidos presuntamente a manos de las fuerzas de seguridad del Estado."Mientras este Gobierno no entienda que la solución no es sacar a los militares a la calle cuando quiera, como anunció hace poco, sino que la solución es dar respuesta a las demandas, vamos a seguir aquí por un tiempo más", afirmó el presidente del gremio de trabajadores escolares.
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Las manifestaciones han dejado, hasta ahora, 2.808 heridos y 23 fallecidos. Y justo este martes a organización Human Rights Watch (HRW) emitió un informe en el que dice que constata "graves" violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales a la hora de reprimir las protestas sociales en Chile, por lo que recomendó este martes una reforma de esta institución.
La “evidencia sólida” recogida por la ONG muestra “preocupantes denuncias” tanto por el uso excesivo de fuerza contra transeúntes y manifestantes, como abusos durante la detención de los ciudadanos, tales como palizas brutales y abusos sexuales. El director para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco, que se reunió esta mañana con el presidente Sebastián Piñera, hizo un llamamiento “urgente” para una reforma policial.
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Human Rights Watch recomendó además una profunda reforma al actuar de la policía chilena, para revisar las facultades de detención por control de identidad, asegurar que existan mecanismos internos de control para investigar y reforzar el entrenamiento de las policías, entre otras medidas.
"Valoramos el informe de Human Right Watch y las recomendaciones que nos han realizado", indicó Lorena Recabarren, subsecretaria de Derechos Humanos, tras la presentación del informe.