Por estas razones los chilenos siguen protestando

A pesar de las concesiones que ha hecho, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, no logra aplacar las protestas, que dejan hasta ahora 20 muertos y centenares de heridos.

Las concesiones, entre ellas un aumento a la pensión básica y el congelamiento de tarifas a servicios públicos, los chilenos no están dispuestos a dejar las calles hasta que, según dicen, se hagan profundas reformas al sistema económico chileno que se mantienen como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

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¿Qué es lo que le piden los chilenos a Sebastián Piñera? El Espectador habló con varios ciudadanos de ese país que explican por qué el malestar es tan difícil de aplacar.

Tamara Alarcón, estudiante

Esta joven de 24 años explica que “no solo es pagar el arancel universitario, sino que hay gastos de transporte, vivienda, alimentación, etc.”. La matrícula universitaria le cuesta 4’700.000 pesos chilenos al año -más de $21 millones-, y la vida en la capital asciende a $2’400.000 al mes.

Además, cuenta con un Crédito Anual del Estado (CAE), al que puede acceder “casi todo el universitario promedio”, que le supondrá una deuda a 30 años. “Debes pagar -por el CAE- el 10 % de tu sueldo cuando hayas finalizado la carrera, monto que se descuenta automáticamente de la cartola de sueldo todos los meses. Debo $15’000.000 y a eso hay que sumarle el interés, que es del 2 %, lo que es aproximadamente CLP$15’300.000 ($70 millones).La joven, que estudia una universidad privada y comenta que nunca le faltaron equipos para desarrollar su tarea, cree que la educación “podría mejorar”. “Nos estamos formando para ser profesionales del área de la salud, estamos tratando con personas que están en listas de esperas desde hace muchos años (…) tenemos que estar in situ en el área clínica, hacer más prácticas, ver la realidad del país en un hospital público versus una clínica privada, en donde en el primer caso, carecen de insumos, de buenas instalaciones y equipamiento moderno para realizar el trato de pacientes de una manera más eficiente”.

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Las desigualdades sociales son tan marcadas en el área de la salud -entre muchas otras-, que en un hospital público las listas de espera para pacientes graves pueden demorarse hasta 2 años desde que fuera solicitado el examen. “Aquí en Chile se da mucho que llaman a cierto paciente a que se opere cuando este falleció dos meses antes”. Esta situación es la que ha llevado a Tamara Alarcón a salir a las calles:

Tamara Alarcón tiene claro que la única forma de parar las movilizaciones es que los políticos “salgan de su burbuja”. “Que nos escuchen, que entren en el mundo de los jóvenes y escuchen atentos nuestras demandas. Que no nos vean como un número más, como un futuro profesional al que toca sacarle más dinero. Deberían vernos como el corazón de Chile, como el futuro en potencia que somos”.

Valentina Fuentalba, estudiante

La subida de la tarifa del metro, agrega, solo fue “la gota que rebasó el vaso”. Aunque al principio fueron los estudiantes de secundaria quienes capitalizaron las protestas, ahora la movilización se ha hecho transversal: “Es una lucha sin bando político, sin diferencias sociales, sin colores, sin grupos deportivos; somos un sólo Chile, un pueblo harto del abuso y aburrido del aprovechamiento y lucro de los gobernantes”, señala Alarcón. Algo a lo que también se suma Fuentalba, que confiesa que las movilizaciones “son parte de un descontento social que lleva años gestándose”.Las redes sociales vuelven a estar en el epicentro de las exitosas convocatorias que se vienen sucediendo desde el 18 de octubre, un fenómeno extendido en la oleada de protestas a escala mundial: “La difusión es mediante publicaciones de Facebook, Instagram y grupos de WhatsApp, al igual que los grupos de primeros auxilios que están en las manifestaciones atendiendo a los heridos”, destaca la futura terapeuta.

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“El pueblo se cansó del abuso, los jóvenes ya no tenemos miedo de la represión del Estado, estamos impulsando el movimiento por nuestros adultos que tienen miedo de la durísima dictadura de Pinochet. Queremos el cambio de nuestra Constitución, que no se adapta a nuestra realidad”, declara la misma joven.

María Francisca Rodríguez, mamá chilena

La protesta estudiantil sumó más miembros de la sociedad como trabajadores y amas de casa como Rodríguez. “Tengo una historia muy especial, porque en mi familia tenemos a Diego, que es mi hijo del medio, tiene 24 años, y padece de autismo. Es un niño que tiene una familia que afortunadamente ha podido costear todos sus tratamientos. Todas las terapias, desde que se va transformando en joven, en adolescente y en adulto, las tenemos que costear sin ninguna ayuda estatal”.

Esta ciudadana chilena explica las dificultades de un sistema que no es incluyente. “Mi hijo no tiene lenguaje verbal, por lo que ha necesitado terapias ocupacionales en casa, ir a fundaciones en cierto momento donde costaba muchísimo”.

Relata, además, que una persona que requiere una consulta particular, por ejemplo, ir a un oftalmólogo, debe pagar entre CLP$30.000 y CLP$40.000 ($182.520). Todo esto si no accedes al sistema público.

“Ni hablar de una terapia especial como la de Diego, por ejemplo. Pago semanalmente en terapia ocupacional, sin que ningún sistema de salud me reembolse algo, CLP$100.000 semanales”.

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Su otro hijo, que estudia en la universidad, debe pagar mensualmente US$618 ($2’088.843). Y eso que la carrera de literatura no es la más cara. Estudiar medicina en Chile te cuesta CLP$800.000 ($3’380.000) al mes.

Por su hija menor, que está en secundaria, María Francisca Rodríguez paga mensualmente US$480 más ($1’622.402).

El salario mínimo en Chile alcanza los US$412 ($1’392.562). “Cuando uno escucha esa cifra en otras partes de Latinoamérica parece que el aumento a US$480 que pretende implementar el gobierno es mucho. Pero no suman todo lo que tenemos que pagar”, concluye.

Carla Guelfenbein, escritora

“Durante 30 años, amparados bajo una Constitución creada durante la dictadura, todos los bienes y servicios básicos fueron a parar a manos privadas. Educación, electricidad, gas, agua, etc., se transformaron en fuentes de riqueza para unos pocos y una forma de esclavitud para la mayoría. El costo de vivir en Chile es tan alto como el de Alemania, con un sueldo básico que no llega a los US$500 per cápita”, relata Guelfenbein.

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Explica que lo que piden los chilenos en este punto es: “Una sociedad basada en leyes justas, en una política económica que vele por el bien de sus ciudadanos y no los privilegios de unos pocos”.

El presidente Piñera, representante furioso del neoliberalismo que nos llevó a esta situación, fue elegido democráticamente por los chilenos. Esto es tal vez uno de los aspectos interesantes de analizar. De alguna forma, el sueño del desarrollo nos alcanzó a todos. A pesar del costo que tiene en nuestras vidas. A pesar de que la mayoría debe desangrase para mandar a sus hijos a la universidad, tener un televisor, un celular, etc... las sonrisas y promesas de una vida “desarrollada” resultaron un señuelo lo suficientemente atractivo como para que los chilenos eligiéramos perpetuar el sistema, frente al miedo de que todo se viniera abajo. Una contradicción. Que ahora quizás estamos viendo por primera vez.

“Para cambiar el sistema debemos pagar un costo. Y está siendo alto. Muertes, destrucción, vandalismo, tortura por parte del gobierno. Sí, muy alto. Pero necesario. No hay otra forma de producir cambios que reaccionando”, concluye.

Arelis Uribe, periodista

Uribe ni siquiera tiene esperanzas de alcanzar a tener una pensión: “Los jóvenes chilenos tenemos claro desde hace tiempo que no nos vamos a jubilar, y que si lo hacemos, será con una pequeña mesada. Mis abuelos, por ejemplo, tienen 81 años, han trabajado toda su vida y todavía atienden sus tiendas, pues lo que les llega al mes no les alcanza para nada”.

Alonso Ortiz Castro, chofer de bus

Aunque se estaba recuperando de las enfermedades, tenía que trabajar usando pañales todo el tiempo. Tiene problemas de incontinencia por la radioterapia. Es hijo de una familia campesina, antes de ser chofer trabajó en construcción. Le gusta la carpintería y su sueño es comprar una máquina de escribir para aprender a escribir. Aunque le gusta ser chofer ya está agotado. Hace poco le rechazaron la pensión por invalidez. Solo accedieron a darle la mitad del sueldo. A sus 20 años, a finales de la década del 70, a Ortiz lo endulzaron con “todo lo lindo” del sistema de las administradoras de fondos de pensiones de Chile (AFP), fondos privados. Decidió entrar y cambiarse del fondo en el que estaba.

Hoy ese sistema, el de las AFP, es ampliamente criticado por los chilenos, que en las calles del país reclaman su fin. En las AFP los ciudadanos depositan sus ahorros en cuentas de jubilación manejadas por entidades privadas, pero el monto de las pensiones depende de las fluctuaciones del mercado. Por eso, si se llegara a jubilar ahora, dice Ortiz, sacaría cerca de CLP$300.000 al mes ($1’365.000), de lo que tiene que sacar para la luz, agua, alimentación y un plan de salud por el que nada más paga CLP$190.000. Además, ese fondo que lleva ahorrado tiene un límite, y cuando se acabe quedará desamparado. Luego de salir en televisión, a Ortiz lo llamó el ministro del Trabajo de Chile, Nicolás Monckeberg, quien le preguntó que qué podía hacer por él. Esa es la pregunta que muchos chilenos esperan que se resuelva hoy. Que el gobierno haga algo para solucionar la crítica situación en la que se encuentran más de 10 millones de trabajadores afiliados a las AFP. El problema con el sistema de pensiones es estructural y ya lleva décadas profundizándose.

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La periodista chilena Alejandra Matus escribió todo un libro sobre las AFP en el que explica que el drama de las pensiones es una cuestión heredada de la época de la dictadura. “Augusto Pinochet percibió que el sistema de las AFP iba a ser perjudicial para los trabajadores”, escribe. Aun así, lo aprobó. Él fue el precursor de la privatización de la seguridad social, y su invento se ha extendido por toda la región. Los chilenos que lleguen a su vejez y que se jubilen por una AFP, como Ortíz, tendrán una pensión que equivaldrá a la tercera parte de lo que hoy ganan. Los manifestantes se quejan de que la mayoría de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cuenta con un sistema público de pensiones, y que están pueden alcanzar un promedio del 70% de los ingresos actuales. Lejos de las cifras que ofrece la AFP.

Ángelo Hernández, ingeniero y conductor de Uber

Ahora trabaja como Uber, pero también vive al límite, porque, explica, “en Chile uno debe tener dos trabajos para que el dinero alcance. Vivir en Chile es muy costoso: tener una profesión es tan caro que tienes que endeudarte; pagamos más de un dólar para subirnos al transporte público y poder ir al trabajo; si vas a la clínica, tienes que esperar mínimo cuatro horas para que te vea un médico. Las alzas de pasajes, la educación, la salud, las farmacéuticas, la colusión en las empresas, todo lo paga el pueblo. Por eso protestamos: estamos en una crisis económica muy alta y el gobierno no se da cuenta de lo que el pueblo necesita”.