La multitudinaria manifestación que se llevó a cabo en Santiago por el día de la mujer el pasado domingo, pareció ser el abrebocas de lo que se vivirá en Chile este mes de marzo. Un mes que se anticipa caliente previo al 26 de abril, día en el que los chilenos decidirán en un plebiscito si se reforma o no la vieja constitución del país.
En las redes sociales ya están convocadas un completo calendario de marchas para marzo. Después de la del pasado 8M, en la que se celebró el Día Internacional de la Mujer, la siguiente es una de las más destacadas y esperadas por los manifestantes. Protesta que se llevará a cabo el día de hoy, cuando el presidente Sebastián Piñera cumple dos años de haber asumido su segundo mandato.
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A diferencia de lo que vivió en su primer periodo (2010-2014), la popularidad del presidente chileno está por los suelos. Los niveles de aprobación de la gestión de Piñera son casi tan bajos como los que tenía el dictador Augusto Pinochet en los últimos años de la dictadura. El rechazo a la figura del mandatario oscila entre el 80 % y el 85 %, según encuestas.
A pesar de que Piñera cedió en varias de las peticiones que se le hicieron durante las masivas protestas que iniciaron en octubre, como aumentar el salario mínimo o aceptar la convocatoria del plebiscito, analistas consultados por El Espectador consideran que el descontento hacia su figura tiene que ver con la forma en que el mandatario manejó la situación: con violencia y reticencia al diálogo.
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“A diferencia de lo que ocurrió en otros países, en Chile llevamos cuatro meses y todavía no hay una mesa de diálogo”, explica Marta Lagos, socióloga chilena y directora de la encuesta regional Latinobarómetro. “La estigmatización de la protesta y la forma en que se contuvo en un inicio no ayudaron a la imagen de Piñera, agrega. La violencia que se vivió durante los primeros días de la protesta, que comenzó el 17 de octubre de 2019, ha sido uno de los lastres más grandes de la gestión de Sebastián Piñera. Las cifras oficiales hablan de al menos 31 muertos, cientos de heridos, muchos de ellos con graves afectaciones en los ojos, durante las protestas. Sin embargo, diferentes organizaciones sociales hablan de que el número podría ser mayor. Por eso no sorprendió a nadie la conclusión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en enero, cuando manifestó que durante las protestas se produjeron “varios casos de abusos, detenciones y usos desproporcionados de la fuerza”, por parte de agentes de seguridad del Estado chileno.
Y si Piñera pensaba que el llamado a una nueva constitución iba a calmar los ánimos, sus predicciones fracasaron estrepitósamente. En contraste con lo sucedido en otros países de América Latina, la protesta social en Chile nunca se detuvo y se mantiene viva. Porque si bien el apoyo popular a la continuación de la manifestación ha bajado del 75 % de octubre al 53 % de hoy, la cifra sigue siendo bastante alta.
Para explicar por qué siguen las manifestaciones, pese a que hay convocado un plebiscito que podría abrir un proceso constituyente y consagrar en una nueva Carta Magna otro modelo de organización económica, el politólogo de la Universidad Diego Portales, Germán Campos Herrera, dijo a El Espectador que falta una agenda que materialice a través de políticas públicas las demandas ciudadanas.
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“Esta reforma a la Constitución es una primera parte. Es solamente la punta del iceberg del conflicto, pues en su base alojan otro tipo de demandas, más estructurales, que se han arrastrado por 30 años”, opina Germán Campos Herrera, candidato a doctor en Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. “Ha habido ciertos paliativos que muchos han considerado insuficientes y que efectivamente son bastante insignificantes”, agrega.
“Muchos anticipan un marzo violento. El Gobierno se ha preparado para resguardar el orden público e impulsar un marzo de acuerdos”, escribió Piñera en un tuit.
Sin embargo, el rechazo al presidente, y la exigencia de mejoras en los sistemas de pensiones y de salud hasta que se apruebe una hipotética nueva Constitución, son algunas de las razones que los manifestantes esgrimen para mantener vivo este estallido social.
“Hay gente con pensiones de miseria, la educación sigue siendo para el lucro, el coste de la salud sigue en alza... Tiene que solucionarse en el corto plazo o si no las manifestaciones van a seguir”, dijo un ciudadano a EFE.
En un mes, exactamente el 26 de abril, Los chilenos deben decidir en un plebiscito si cambian o no la Constitución política que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet. De acuerdo con la encuesta Latinobarómetro, un 85 % de los ciudadanos manifestó su intención de participar en la jornada, y de ellos el 80 % manifiesta apoyar la reforma constitucional.
Por Jesús Mesa (jmesa@elespectador.com)
