Coronavirus: La última amenaza para la libertad de expresión en el mundo

El periodista venezolano Darvinson Rojas se encontraba en su casa en Caracas cuando el pasado 21 de marzo agentes de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) tocaron a su puerta. Los oficiales dijeron que habían recibido una denuncia de un posible caso de COVID-19 en esa residencia y le pidieron que los acompañara a la estación.

Rojas se negó. Sacó su celular del bolsillo y a través de sus redes sociales denunció la situación. Comenzó el forcejeo. El periodista, sus padres y los agentes del FAES discutieron por varios minutos. Al final fueron arrestados. Sus padres fueron liberados doce horas después, pero el periodista permaneció doce días encerrado. Lo soltaron cuando ya era abril, pero salió acusado de cargos por los que podría pasar varios años en la cárcel.

¿Cuál fue el delito que cometió Rojas? Hacer sumas. Poco después de que se conociera del primer caso de contagio en Venezuela, el reportero sumó las cifras de positivos por coronavirus que habían dado diferentes autoridades y notó que arrojaban un número mayor al que estaba informando el Gobierno. Esta información la compartió en sus redes sociales y fue entonces cuando comenzaron los problemas. Llegaron las amenazas, los hostigamientos y finalmente el arresto.

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El caso de Rojas no es único en Venezuela ni en el mundo. La situación de los periodistas venezolanos ilustra perfectamente la alerta que ha emitido la organización Reporteros sin Fronteras en su último informe sobre la libertad de prensa, en el que advierte que la pandemia del coronavirus puede terminar siendo un “factor multiplicador” de los abusos al trabajo periodístico en el mundo.

“La pandemia del coronavirus muestra factores negativos para el respeto del derecho a una información confiable”, señala Christophe Deloire, secretario general de RSF.

RSF pone de relieve la “clara correlación” entre la represión de la libertad de prensa registrada durante la crisis del coronavirus y el lugar que ocupan los países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, un listado publicado anualmente desde 2002 y en el que se califica a 180 países según factores como la independencia de los medios, la autocensura, el marco legal y la transparencia gubernamental.

De acuerdo con la organización, los gobiernos autoritarios, que también son quienes ocupan los últimos lugares del ranking, ven en esta crisis sanitaria “una oportunidad para imponer medidas que serían imposibles de adoptar en condiciones normales”. El informe hace una especial mención al caso de China, que se encuentra en la posición 177 de 180 países evaluados, y a quien pone de ejemplo de cómo el hipercontrol de la información termina teniendo efectos negativos en todo el mundo.

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Censura que vivieron no solo periodistas, sino también médicos y profesionales de la salud. Durante las primeras semanas del brote, la represión a la información fue crucial para el esparcimiento del virus en China y luego en todo el mundo. La OMS calcula que desde que se detectó el primer caso en Wuhan, en diciembre de 2019, cerca de 3 millones de personas se han contagiado y más de 220.000 han fallecido. “La represión del periodismo favoreció la propagación de la epidemia en Wuhan y luego en el resto del mundo”, denuncia RSF.

Pero no es solo China. Hay países como Turkmenistán, uno de esos territorios de los que se sabe poco, en donde la libertad de prensa es casi inexistente. El autoritario presidente Gurbanguly Berdimujamédov decidió hacer suyo eso de que lo que no se nombra, no existe, y prohibió el uso de la palabra “coronavirus”, a pesar de compartir frontera con Irán, uno de los países más afectados por la pandemia. La situación es tan crítica que las personas que hablen de la enfermedad en público, escriban sobre ella o incluso lleven un tapabocas en las calles, pueden ser arrestadas por “incentivar el pánico”.

Muy cerca de allí, en Irak, el Gobierno suspendió la licencia de trabajo de la agencia de noticias Reuters durante tres meses, horas después de que esta publicase una nota que cuestionaba las cifras oficiales de casos de COVID-19. En Hungría, el primer ministro, Viktor Orbán, hizo que se aprobara una ley que sanciona la difusión de noticias que cuestionen la versión oficial con penas de hasta cinco años de prisión. Y en Camboya, el Gobierno acaba de aprobar una ley que le da poderes ilimitados y le otorga el control ilimitado de las telecomunicaciones y los medios de comunicación mientras dure la emergencia.

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“Para que esta década decisiva no sea catastrófica, la gente de bien, sea quien sea y se encuentre donde se encuentre, tiene que movilizarse para que el periodismo pueda cumplir la función esencial de ser un testigo solvente para las sociedades, por lo que debe contar con todas sus capacidades”, alerta Christophe Deloire, secretario general de RSF.

El de Estados Unidos es un caso llamativo para RSF, pues a pesar de que hay un buen entorno para el ejercicio del trabajo periodístico y se puede trabajar con relativa libertad, hay preocupación por los constantes ataques a los periodistas por parte del presidente Donald Trump. En pleno año de campaña electoral, la hostilidad del mandatario hacia los reporteros y los medios de comunicación (a quienes llama “enemigos del pueblo”) se ha intensificado y se ha vuelto más profunda.

“Pocos atacan a la prensa con tanta ferocidad como Donald Trump y esta actitud ha empeorado aún más en 2020, en plena pandemia de coronavirus: los periodistas que cubren la gestión de la crisis por parte del Gobierno sufren la ira del presidente durante sus conferencias de prensa”, apunta el informe de RSF.

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América Latina no mejora

La actualidad de la libertad de prensa en América Latina no presenta mejorías, de acuerdo con el informe de RSF. En la región, solo Uruguay cuenta con una situación “buena”, de acuerdo con los indicadores presentados por la organización. El resto de los países se rajan en la clasificación. Unos por el hostigamiento gubernamental a la prensa, y otros por la violencia y las amenazas en contra de los reporteros.

Brasil, el país más afectado por la pandemia del COVID-19 en la región, con más de 65.000 casos confirmados, es uno de los que más grave está en el listado, ocupando el puesto 107. Desde que Jair Bolsonaro fuera elegido presidente, en enero de 2019, el país ha caído consistentemente en la clasificación debido a la tensa relación entre el mandatario y los periodistas brasileños. Una situación que se ha agudizado por la particular estrategia del mandatario para enfrentar al coronavirus, al cual ha llamado como “una gripita”, y que ha sido cuestionada desde los medios de comunicación.

“Este descenso continuará mientras Bolsonaro, su familia y los miembros de su Gobierno sigan insultando y humillando a algunos de los periodistas y medios de comunicación más importantes del país, fomentando un clima de odio y desconfianza hacia la prensa”.

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Al otro lado del espectro ideológico de Bolsonaro, Venezuela se mantiene también como uno de los países con peor clasificación en el informe de RSF. Sin embargo, al autoritarismo y hostigamiento, varias veces denunciado por medios de comunicación y periodistas, se le ha sumado la crisis del COVID-19. De acuerdo con el Colegio Nacional de Periodistas, organización que vigila la libertad de expresión en ese país, al menos 18 reporteros han sido detenidos desde que el presidente Nicolás Maduro decretara el estado de alarma para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

Pero, así como hay censura y amenazas, también hay homicidios. En México (143) fueron asesinados 10 periodistas en 2019 y continúa siendo, por segundo año consecutivo, el país más peligroso del continente para la prensa. A pesar de cambiar la estrategia por una solución menos agresiva y más social, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha logrado frenar la espiral de violencia contra los periodistas ni poner fin a la impunidad en que permanecen los crímenes cometidos contra ellos.

Lo mismo se observa en Colombia (130), que de nuevo desciende un lugar en la Clasificación. De acuerdo con RSF, desde que Iván Duque asumiera la presidencia, en agosto de 2018, se han recrudecido las agresiones, las amenazas de muerte y los secuestros de periodistas. De acuerdo con cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en 2019 se presentaron 515 agresiones a periodistas. De ellas, la mayoría fueron amenazas directas, hostigamientos y obstrucción al trabajo periodístico.