Días de furia en El Salvador

En El Salvador todos están furiosos: el presidente Nayib Bukele, porque el Congreso no le aprueba un préstamo que financie un plan para combatir la violencia generada por las pandillas, la corrupción y el crimen organizado; el Congreso, porque Bukele ha usado las redes sociales para desprestigiar su trabajo, y para rematar, el domingo, acompañado de militares, se tomó la sede legislativa para presionar la aprobación de su plan contra la violencia, y los salvadoreños, porque el Congreso “no hace nada para frenar la violencia”.

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Un círculo vicioso cuya solución parece lejana, pues acordar soluciones comunes para mejorar la seguridad no es tarea fácil en el país. Nayib Bukele (37 años), quien llegó a la Presidencia de El Salvador hace siete meses, ha hecho alarde de un estilo de gobierno que para muchos no es adecuado. Una de las cosas que más críticas ha recibido ha sido cómo da órdenes a sus funcionarios a través de Twitter, red social en la que también hace públicos casos de corrupción del anterior gobierno y arremete contra sus contradictores políticos, particularmente congresistas. Bukele no tiene un solo diputado.

La división política ha sido evidente, al igual que su decisión de confiar la seguridad del país a los militares. En junio del año pasado, el mandatario lanzó el Plan Control Territorial, que se basa en concentrar a más de 7.000 miembros de la Policía y del Ejército en 22 localidades para tratar de cortar las fuentes de financiación de las pandillas. El gobierno atribuye a este plan la baja de los homicidios desde junio de 2019 (2.283 frente a 3.346 en 2018). Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce la reducción del número de muertos: “La CIDH saluda que en estos primeros seis meses de gobierno la tasa de homicidios se haya reducido drásticamente hasta alcanzar aproximadamente 50 por cada 100.000 habitantes, con las cifras más bajas desde los acuerdos de paz”, señaló el organismo hace unos meses. Las críticas a Bukele también le han llegado por su buena relación de “amistad” con el gobierno del presidente Donald Trump, que no solo achaca a los migrantes centroamericanos muchos males en Estados Unidos, sino que ha tenido palabras muy críticas con ese país, y Bukele no le ha respondido nada.

¿Aprobarán hoy el crédito?

Mientras el ambiente político trata de retornar a la normalidad, algunos analistas apuntaron que el país corrió el peligro de romper el orden constitucional. “Ha sido una herida mortal a la democracia en El Salvador, un golpe del que difícilmente el país va a poder recuperarse y cuyos efectos los vamos a ver pronto”, declaró a la AFP el analista Carlos Carcach, maestro de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN).

El crédito de la polémica (109 millones de dólares) fue otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) al gobierno de El Salvador; sin embargo, debe ser avalado con los votos de 56 diputados, mayoría calificada, en el Congreso. Sin embargo, los diputados de los partidos de oposición Frente Farabundo Martí para La Liberación Nacional (FMLN) y Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que juntos suman 60 votos, aseguran que el Ejecutivo no ha especificado en qué serán ocupados los fondos.

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Bukele parece comenzar a ceder, dijo que acatará la resolución de la Corte Suprema de “abstenerse de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos”.

Bukele dice no estar de acuerdo e insiste en que el país necesita soluciones urgentes. De acuerdo con algunos datos, cada vez más salvadoreños huyen de la violencia en el país; de hecho, en EE. UU. tienen la comunidad más grande de migrantes: según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 1,35 millones viven allí, pero las autoridades salvadoreñas elevan la cifra a los 2,5 millones. Y aunque las caravanas migrantes de Centroamérica son principalmente de hondureños, sube preocupantemente el número de salvadoreños que se unen a ellas.

Lo hacen, según informes, por la tasa de criminalidad, que sigue estando entre las más altas del mundo. De acuerdo con datos de varias ONG, en el país hay cerca de 70.000 pandilleros: la mayoría están en la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 (M-18), los dos principales grupos criminales. Un panorama preocupante. Según el informe del año pasado de Human Right Watch, “las maras siguen ejerciendo el control territorial y extorsionando a los salvadoreños; reclutan por la fuerza a niños y niñas, y someten a esclavitud sexual a mujeres, niñas y lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBTI). Las maras son responsables de asesinatos, desapariciones, violaciones sexuales y desplazamientos de quienes les muestran resistencia, incluidos funcionarios gubernamentales, miembros de las fuerzas de seguridad y periodistas”.