El drama de la ayuda humanitaria destinada a Puerto Rico

Ha pasado un mes desde que la isla de Puerto Rico fue sacudida por una serie de terremotos que dejó en ruinas a cerca de mil hogares y que obligó a cientos de personas a vivir en las calles. Y aunque el gobierno de Estados Unidos prometió en su momento ayuda para este territorio, los recursos todavía no han llegado y todo parece indicar que no llegarán pronto. Su retraso a perjudicado la calidad de vida de las víctimas de los desastres naturales que hoy continúan viviendo en refugios que se suponía eran temporales, en automóviles o en tiendas de campaña a la intemperie, mucho más expuestos a una nueva tragedia. Por otro lado, la infraestructura de la isla está fracturada, por lo que dificulta aún más el regreso a la normalidad de toda la población. La razón de la demora en los recursos es que tanto el Senado como la Casa Blanca, que deben aprobar el giro de los recursos para Puerto Rico, temen que los fondos sean mal gestionados, debido al historial de corrupción que tiene la isla. Le puede interesar: ¿Puerto Rico es un estado de EE. UU.? 

“Puerto Rico tiene una larga historia de controles financieros inadecuados sobre las operaciones regulares del gobierno. Múltiples casos de corrupción de alto perfil han empañado la distribución de la ayuda y han llevado a una continua inestabilidad política en la isla”, apuntó un portavoz de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca. Después del huracán María en 2017, por ejemplo, el gobierno estadounidense encontró que todo un almacén de suministros que había enviado a la isla estaba intacto debido a la mala administración de recursos por parte del gobierno puertorriqueño. “Los fenómenos naturales no tienen que convertirse en desastres. Pero aquí, en Puerto Ricom, se convierten en desastres debido a las decisiones y acciones de unos pocos seres humanos”, destaca José Caraballo-Cueto, economista y profesor de la Universidad de Puerto Rico.

A pesar de los esfuerzos de la Cámara de Representantes por acelerar la entrega de los fondos, el desembolso está congelado en el Senado. A principios de febrero, la Cámara Baja aprobó un proyecto de ley con el que asignaba US$ 4.7 mil millones para la recuperación de desastres en la isla y con el que se le daban algunas exenciones de impuestos a los puertorriqueños para ayudarlos a afrontar la gigantesca deuda que tienen con el gobierno. Estas son promesas monetarias considerables y apropiadas para la crisis.

“A menos que estemos al frente en este momento, ponemos en peligro aún más su seguridad y protección. Con este proyecto de ley, podemos proporcionar a las familias y comunidades un alivio rápido y poner a Puerto Rico en el camino hacia la recuperación a largo plazo”, dijo Nita Lowey, presidenta del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes.

Pero en el Senado la mayoría de legisladores es temeoroso de que los recursos caigan de nuevo en las manos de la corrupción. Lo mismo piensan en la Casa Blanca.

“Ni los puertorriqueños ni los contribuyentes estadounidenses se benefician cuando la ayuda de emergencia se asigna mal, se pierde o se la roban por despilfarro, fraude y abuso. Múltiples casos de corrupción de alto perfil han empañado la distribución de la ayuda ya apropiada y han llevado a la inestabilidad política en curso en la isla”, aseguró un comunicado de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump ha sido un acérrimo crítico de la ayuda a la isla e incluso ha retenido varios paquetes salvavidas para los puertorriqueños, pues considera que han sido históricamente unos despilfarradores de los fondos que envía el gobierno. Aún así, el mandatario considera que ha sido el presidente que más ha ayudado a la isla, y que sus preocupaciones están relacionadas con el historial de mala adminsitración que recae en el gobierno local. Sus declaraciones a principios de 2019 despertaron fuertes críticas del anterior gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roseelló, quien calificó a Trump como un matón e incluso amenazó con golpearlo en la boca. Roselló terminó renunciando a mitad del año pasado forzado por un fuerte movimiento anti corrupción liderado por varios artistas puertorriqueños. Vea también: Ricky Rosselló, el gobernador que prometió combatir la corrupción y terminó condenado por ella

“No hay nadie más interesado en ver el dinero utilizado correctamente que los puertorriqueños comunes. Expulsamos a un gobernador por eso”, asegura Miguel Soto-Class, presidente del Centro para una Nueva Economía de Puerto Rico, un grupo de expertos no partidista.

La disputa sobre el desembolso de recursos para la isla podría convertirse en un problema para el mandatario de cara a las elecciones presidenciales de este año, pues aunque los residentes de la isla no pueden votar en las elecciones federales, muchos viven y emiten votos en Florida, un estado decisivo para los comicios. Algunos senadores, como el republicano Marco Rubio, han anunciado que apoyarían un proyecto bipartidista para destinar fondos a Puerto Rico. Entre tanto, los puertorriqueños continñuan esperando por la ayuda humanitaria que les prometieron.

“El gobierno siempre le dice a la gente 'Vamos a ayudarlo, le daremos los fondos', pero nunca llegan. Necesitas mudarte, contactar organizaciones y obtener la ayuda de la gente. Sean honestos, no por el dinero, no por los votos. Cumplan y denos la ayuda que necesitamos”, Patricia Matos López, organizadora comunitaria del grupo Bici-Caño.

Ha pasado un mes desde que la isla de Puerto Rico fue sacudida por una serie de terremotos que dejó en ruinas a cerca de mil hogares y que obligó a cientos de personas a vivir en las calles. Y aunque el gobierno de Estados Unidos prometió en su momento ayuda para este territorio, los recursos todavía no han llegado y todo parece indicar que no llegarán pronto. Su retraso a perjudicado la calidad de vida de las víctimas de los desastres naturales que hoy continúan viviendo en refugios que se suponía eran temporales, en automóviles o en tiendas de campaña a la intemperie, mucho más expuestos a una nueva tragedia. Por otro lado, la infraestructura de la isla está fracturada, por lo que dificulta aún más el regreso a la normalidad de toda la población. La razón de la demora en los recursos es que tanto el Senado como la Casa Blanca, que deben aprobar el giro de los recursos para Puerto Rico, temen que los fondos sean mal gestionados, debido al historial de corrupción que tiene la isla. Le puede interesar: ¿Puerto Rico es un estado de EE. UU.? 

“Puerto Rico tiene una larga historia de controles financieros inadecuados sobre las operaciones regulares del gobierno. Múltiples casos de corrupción de alto perfil han empañado la distribución de la ayuda y han llevado a una continua inestabilidad política en la isla”, apuntó un portavoz de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca. Después del huracán María en 2017, por ejemplo, el gobierno estadounidense encontró que todo un almacén de suministros que había enviado a la isla estaba intacto debido a la mala administración de recursos por parte del gobierno puertorriqueño. “Los fenómenos naturales no tienen que convertirse en desastres. Pero aquí, en Puerto Ricom, se convierten en desastres debido a las decisiones y acciones de unos pocos seres humanos”, destaca José Caraballo-Cueto, economista y profesor de la Universidad de Puerto Rico.

A pesar de los esfuerzos de la Cámara de Representantes por acelerar la entrega de los fondos, el desembolso está congelado en el Senado. A principios de febrero, la Cámara Baja aprobó un proyecto de ley con el que asignaba US$ 4.7 mil millones para la recuperación de desastres en la isla y con el que se le daban algunas exenciones de impuestos a los puertorriqueños para ayudarlos a afrontar la gigantesca deuda que tienen con el gobierno. Estas son promesas monetarias considerables y apropiadas para la crisis.

“A menos que estemos al frente en este momento, ponemos en peligro aún más su seguridad y protección. Con este proyecto de ley, podemos proporcionar a las familias y comunidades un alivio rápido y poner a Puerto Rico en el camino hacia la recuperación a largo plazo”, dijo Nita Lowey, presidenta del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes.

Pero en el Senado la mayoría de legisladores es temeoroso de que los recursos caigan de nuevo en las manos de la corrupción. Lo mismo piensan en la Casa Blanca.

“Ni los puertorriqueños ni los contribuyentes estadounidenses se benefician cuando la ayuda de emergencia se asigna mal, se pierde o se la roban por despilfarro, fraude y abuso. Múltiples casos de corrupción de alto perfil han empañado la distribución de la ayuda ya apropiada y han llevado a la inestabilidad política en curso en la isla”, aseguró un comunicado de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump ha sido un acérrimo crítico de la ayuda a la isla e incluso ha retenido varios paquetes salvavidas para los puertorriqueños, pues considera que han sido históricamente unos despilfarradores de los fondos que envía el gobierno. Aún así, el mandatario considera que ha sido el presidente que más ha ayudado a la isla, y que sus preocupaciones están relacionadas con el historial de mala adminsitración que recae en el gobierno local. Sus declaraciones a principios de 2019 despertaron fuertes críticas del anterior gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roseelló, quien calificó a Trump como un matón e incluso amenazó con golpearlo en la boca. Roselló terminó renunciando a mitad del año pasado forzado por un fuerte movimiento anti corrupción liderado por varios artistas puertorriqueños. Vea también: Ricky Rosselló, el gobernador que prometió combatir la corrupción y terminó condenado por ella

“No hay nadie más interesado en ver el dinero utilizado correctamente que los puertorriqueños comunes. Expulsamos a un gobernador por eso”, asegura Miguel Soto-Class, presidente del Centro para una Nueva Economía de Puerto Rico, un grupo de expertos no partidista.

La disputa sobre el desembolso de recursos para la isla podría convertirse en un problema para el mandatario de cara a las elecciones presidenciales de este año, pues aunque los residentes de la isla no pueden votar en las elecciones federales, muchos viven y emiten votos en Florida, un estado decisivo para los comicios. Algunos senadores, como el republicano Marco Rubio, han anunciado que apoyarían un proyecto bipartidista para destinar fondos a Puerto Rico. Entre tanto, los puertorriqueños continñuan esperando por la ayuda humanitaria que les prometieron.

“El gobierno siempre le dice a la gente 'Vamos a ayudarlo, le daremos los fondos', pero nunca llegan. Necesitas mudarte, contactar organizaciones y obtener la ayuda de la gente. Sean honestos, no por el dinero, no por los votos. Cumplan y denos la ayuda que necesitamos”, Patricia Matos López, organizadora comunitaria del grupo Bici-Caño.