El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció este miércoles que prorrogaría el estado de Sitio, vigente en el noreste del país desde el pasado cuatro de septiembre, por otros 30 días. Pero ¿por qué se declaró esta medida y por qué se quiere prorrogar?
¿Qué es un estado de Sitio?
El estado de sitio es una medida o régimen de excepción que debe ser declarado por el presidente y que busca restaurar el pleno ejercicio del orden y de la Constitución.(Le puede interesar: La misión anticorrupción de la ONU en Guatemala llega a su fin)
En Guatemala, el fundamento para aplicar acciones como el estado de Sitio en la que las libertades como la de acción, locomoción, manifestación, reunión y portación de armas quedan restringidas, se encuentra dictaminada en la Ley de Orden Público, que data de 1965, y en la Constitución de 1985.
El artículo 16 de la Ley permite al Gobierno decretar el estado de Sitio si hay actividades terroristas, sediciosas o de rebelión que pretendan cambiar por medios violentos a las instituciones públicas, o cuando hay hechos graves que pongan en peligro el orden constitucional o la seguridad del Estado.
¿Qué implica para las personas un estado de Sitio?
Con el estado de Sitio se restringe la plena vigencia de seis derechos ciudadanos. Entre ellos están el de acción (hacer lo que la ley no prohíbe y no puede ser perseguida ni molestada por sus opiniones), de locomoción (libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio), de reunión y manifestación, de portación de armas, de detenciones legales (solo mediante orden judicial) y de interrogatorios a detenidos y presos.(Le puede interesar: Alejandro Giammattei es el nuevo presidente de Guatemala)
Es decir, que todos estos derechos quedan restringidos y pueden variar según las directrices del ejecutivo. Por ejemplo, durante este periodo de tiempo una persona puede ser detenida sin una orden judicial durante un patrullaje o retén; o las autoridades podrían restringir el paso a ciertos lugares.
¿Por qué se implementó en Guatemala?
El 7 pasado de septiembre, el Congreso aprobó el estado de sitio decretado por el presidente, Jimmy Morales, después de que presuntos narcotraficantes ejecutaran a tres soldados durante una emboscada en una aldea del poblado caribeño de El Estor.Según Morales, en los 22 municipios del noreste de Guatemala en los que decretó el estado de Sitio incursiona el narcotráfico. Y, al considerar que continúan las mismas causas que lo llevaron a decretar esta medida hace cerca de un mes, informó este miércoles que desea ampliarlo por otros 30 días.
La prórroga del estado de sitio (...) se decreta en virtud que persisten las circunstancias que originaron la emisión" de la medida de excepción hace un mes, señaló un nuevo decreto del gobierno del presidente Morales, publicado en el oficial Diario de Centro América.
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Según la publicación, en los 22 poblados se mantiene "una serie de actos que afectan el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado, afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, el desarrollo integral y patrimonial de los habitantes".
Además, las autoridades informan que en este periodo de tiempo han localizado cuatro laboratorios para procesar cocaína y han erradicado miles de plantas de hojas de coca. El Ejército también informó que 11 pistas de aterrizajes clandestinas fueron deshabilitadas con explosivos en siete municipios.
Las polémicas que lo rodean
Organizaciones sociales, campesinas e indígenas por su lado exigieron la semana pasada a Morales finalizar el estado de sitio al denunciar violaciones a derechos humanos, militarización de las comunidades, el posible desalojo de tierras y la protección a la actividad minera.(Le puede interesar: Las investigaciones anticorrupción que incomodaron al presidente de Guatemala)
Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), cuestionó que pese a los hallazgos de droga el gobierno no hubiese detenido a un "cabecilla" del narcotráfico.
El martes el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, denunció el acoso y censura de autoridades guatemaltecas a la radio comunitaria indígena Xyaab' Tzuultaq' en El Estor.
La emisora, crítica al gobierno y la minería, transmite en el idioma maya-q'eqchi', la lengua materna de muchos de los pobladores de las comunidades bajo el estado de excepción. Después del allanamiento se encuentra fuera del aire y solo transmite por internet.
El Ministerio del Interior justificó la acción al señalar se trató de un operativo por usurpación de frecuencias de radio.
Por - Redacción Internacional
