Una de las cortes internacionales más importantes del mundo, que cobija a cuatro naciones y cuyas decisiones afectan a casi 111 millones de personas, lleva varios años dando gritos de ahogado, denunciando que se encuentra en una situación tan crítica, que no tiene siquiera dinero para pagar el arriendo.
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Se trata del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), organismo de la CAN que garantiza el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario y del que forman parte los gobiernos de Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Después de meses de dificultades económicas, el magistrado presidente de la corte, Hernán Rodrigo Romero Zambrano, envío a finales de julio una carta a los jefes de Estado de los países miembros alertando que la corte está a pocas semanas de quedarse sin fondos.
“Esta corte internacional tan solo cuenta con recursos económicos para cubrir sus obligaciones laborales y los gastos institucionales hasta el mes de agosto de este año, razón por la cual es esencial que los países miembros den cumplimiento con carácter de urgencia a los compromisos asumidos con el proceso de integración andino y especialmente con este Tribunal”, dice la misiva dirigida, en simultáneo a Iván Duque, Lenín Moreno, Jeanine Áñez y Martín Vizcarra.
El pedido de auxilio volvió a hacerse el pasado 6 de agosto. El magistrado Romero Zambrano señala varias de las razones por las que el Tribunal se encuentra en una difícil situación económica: la salida de Venezuela en 2006, el congelamiento de su presupuesto desde 2008 y el incremento de las causas judiciales que se han recibido en los últimos años.
Pero sumado a estos inconvenientes de vieja data hay uno que, de acuerdo con el Tribunal, está recrudeciendo aún más su crisis: el reiterado incumplimiento de las obligaciones económicas de los cuatro países miembros. Sin excepción alguna.
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“La situación del Tribunal se ha visto agravada debido a la falta de pago oportuno de los aportes obligatorios de los países miembros. Por ello nos vimos en la necesidad de solicitar este pago, o no vamos a poder seguir operando”, explica en entrevista con El Espectador Luis Felipe Aguilar, secretario de esta corte supranacional.
Según Aguilar, a la fecha, la deuda que tienen los países miembros con el Tribunal Andino asciende a US$893.516, correspondientes a los aportes del tercer y cuarto trimestres de 2019 y del primer y segundo semestres de 2020. En particular, Bolivia es el país que más dinero debe, con US$455.150 de déficit, seguida por Ecuador (US$188,833), Perú (US$146.132) y Colombia (US$103.456). Además, el pago de la sede del Tribunal, que le corresponde al gobierno ecuatoriano (US$60.060), tampoco se ha hecho de manera oportuna.
“Con este llamado lo que queremos es que el tema no sea más grave de lo que ya es. Tenemos alto riesgo de que nos obliguen a desocupar la sede por el incumplimiento de los pagos del arriendo. Esto significa que no tendríamos dónde guardar el archivo y mucho menos dar trámite a las causas judiciales que hoy están bajo nuestra jurisdicción”, cuenta Aguilar a El Espectador.
La situación del arriendo de la sede en Quito, Ecuador, es una de las preocupaciones más grandes. Debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, el arrendador accedió a recibir una cifra menor a la negociada en el contrato, que en tiempos normales es de US$6.500. Sin embargo, el dueño de la propiedad denunció que no se le han pagado los meses de junio y julio, por lo que amenazó con exigir el desalojo de la sede.
“Imagine lo que significaría para la imagen del Tribunal más importante de la región, el tercero más activo del mundo, que sea desalojado de su sede por falta de pago. Esto comprometería no solo la imagen del proceso andino de integración, sino que pone en grave riesgo la integridad de su acervo documentario y judicial”, añade el secretario de la corte en charla con este diario.
Una crisis de años
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), con sede en Quito, fue creado el 28 de mayo de 1979 e inició funciones el 2 de enero de 1984. Desde entonces, y hasta mayo de 2020, esta corte ha resuelto más de 5.789 procesos judiciales, entre ellos algunas icónicas como la Decisión 351, modelo de protección de los derechos de autor en todo el mundo. Las 736 sentencias en 2019 significaron dos pronunciamientos diarios, que han servido de apoyo tanto a los países como a los empresarios.
No obstante, a pesar de su importante papel en la jurisprudencia transnacional, el enviar una carta a los presidentes de los cuatro países miembros y al consejo de ministros de la Comunidad Andina fue el último recurso de una serie de reclamos que viene haciendo el Tribunal Andino desde hace 12 años. Una de las quejas es que tras la salida de Venezuela en 2006, el aporte de ese país nunca fue del todo compensado.
Pero la principal y la raíz del problema, de acuerdo con la corte, es que su presupuesto está congelado desde 2008, con lo que les resulta insuficiente costear los gastos operativos anuales de este organismo.
“La crisis financiera que afronta el Tribunal Andino de Justicia se debe a que: i) Su presupuesto se mantiene congelado desde 2008 y desde hace 12 años resulta ineficaz para cubrir sus costos operativos (...). ii) Nunca se incorporó a su presupuesto la previsión de obligaciones que luego el Tribunal tuvo la necesidad de asumir, como el gasto por concepto de intervención de magistrados suplentes (...). iii) La inflación anual registrada en Ecuador en los últimos 13 años, a junio de 2020, asciende al 43,59 %”, indican en la carta.
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Hace 12 años se estableció que el presupuesto para el funcionamiento del Tribunal Andino sería de US$1,1 millones, pero anualmente los gastos han ido en aumento, y con ello también el déficit. Mientras que en 2008 fue de US$80.239, para 2018 la pérdida fue de US$563.540. Esto, según Luis Felipe Aguilar, secretario del TJCA, se puede explicar con un ejemplo que, aunque simple, muestra la situación actual: “En 2008 destinamos un presupuesto de US$100 para comprar papel. Y mientras en ese año gastábamos esa suma, en 2020 para conseguir el mismo papel tenemos que gastar US$143”, explica.
Esta falta de liquidez ha obligado al Tribunal Andino a implementar un plan de austeridad que le permitió reducir su gasto en 2018 un 6 % y en 2019, un 13 %. No obstante, esta reducción para la corte no ha sido suficiente, por lo que desde adentro se han planteado soluciones como actualizar el presupuesto o un sistema de autofinanciamiento que le permita cobrar derechos a los usuarios del sistema por el trámite de los procesos judiciales. El problema es que ninguna de estas opciones ha sido aceptada a la fecha.
“Hay que entender que este es un momento difícil. Nosotros sabemos que los presidentes y los gobiernos saben de la importancia del Tribunal, por eso esperamos que tomen acciones, pues hemos llegado al punto en donde son necesarias. Ya el Tribunal no cuenta con mayores recursos y no se puede permitir que esta situación se siga posponiendo. Es necesaria la acción”, apunta Aguilar, quien confía en no tener que esperar hasta el 31 de agosto para encontrar una solución.
La respuesta de la Cancillería en Colombia
La situación financiera del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina es una preocupación compartida por Colombia. Como Presidencia Pro Tempore de la CAN hemos hecho seguimiento al tema y se abordará en una reunión a nivel de Directores de Integración de los países de la Comunidad Andina la próxima semana, así como también se pondrá en la agenda del próximo Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de final de mes.
De la misma forma buscaremos alternativas jurídicamente viables con la Secretaria General de la CAN para buscar una solución provisional que impida la parálisis del tribunal y de la Comisión Andina. Es importante aclarar que Colombia es el país de la Comunidad Andina que tiene más adelantadas sus obligaciones frente a este organismo.
En medio de la pandemia y las dificultades económicas que acarrea, Colombia ha hecho un gran esfuerzo y el saldo que tiene pendiente con ese organismo solamente es aquel del segundo trimestre del presente año y que equivale a 103.400 dólares, es decir apenas un 11,6% del total de saldos adeudados a la fecha al Tribunal de Justicia de la CAN.
