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1 Jul 2021 - 2:00 a. m.

¿Es ético obligar a los ciudadanos a vacunarse contra el COVID-19?

Cada vez más gobiernos, organizaciones y empresas deciden imponer la vacuna contra el coronavirus. Una polémica que pasa por argumentos de ética, eficacia, sanciones y costos. ¿Vacunarse es una decisión personal?
Pedir el código de acceso sanitario, que certifique vacunación contra el COVID19, se está volviendo común para ingresar a cualquier local. Discoteca en San Francisco, California. / AFP
Pedir el código de acceso sanitario, que certifique vacunación contra el COVID19, se está volviendo común para ingresar a cualquier local. Discoteca en San Francisco, California. / AFP
Foto: JUSTIN SULLIVAN

¿Es más eficaz la vacunación obligatoria, los incentivos o las sanciones para quienes no quieran inmunizarse contra el coronavirus? El debate está abierto, pero varios gobiernos de países amenazados por un aumento de contagios por la variante delta decretaron que vacunarse es una obligación, en especial para ciertos grupos poblacionales, incluso empresas como Google y Facebook determinaron que los empleados que vuelvan a la presencialidad deben estar vacunados.

De acuerdo con sociólogos, obligar a poblaciones adultas a vacunarse es poco frecuente por una buena razón: “Los beneficios no son muchos frente a una comunidad que puede tomar sus propias decisiones”. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que la obligatoriedad para lograr objetivos de salud pública debe ser “proporcionada”, es decir, en ciertos grupos como niños, viajeros o ciertos trabajadores.

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Un estudio de la Universidad de McGill en Canadá encontró que antes de la pandemia de COVID-19, 105 países tenían una vacuna obligatoria para adultos, donde 62 imponían sanciones por incumplimiento, y los resultados no eran mejores que sin decretar la obligatoriedad.

Hoy, cuando el número de muertos en el mundo por coronavirus asciende a más de 4 millones y los contagios crecen por cuenta de la variante delta, varios países decidieron ser radicales. El Reino Unido tiene planes de obligar a la inmunización a todos los trabadores de la salud y a los cuidadores de ancianos y niños, medida que se aplicaría a partir de octubre y, de acuerdo con The Guardian, incluiría también a estudiantes que quieran ir a clases presenciales.

En Francia, un proyecto de ley que deberá ser promulgado en los próximos días contempla la obligación de la vacuna en el sector sanitario y profesionales que trabajen en contacto con personas vulnerables, quienes deben tener el esquema completo de dosis para el 15 de septiembre. En Grecia, los trabajadores de los centros de adultos y centros de salud deben tener las dos dosis de la vacuna. El viceministro de Educación, Angelos Syrigos, aseguró que a las universidades solo tendrán acceso personas vacunadas o que hayan superado el virus.

Desde junio, Australia obliga a los trabajadores y empleados de atención a personas mayores de alto riesgo a vacunarse; Indonesia hizo obligatorias las vacunas anti-COVID-19 en febrero, y la capital, Yakarta, amenazó con multas de hasta 5 millones de rupias (US$357) por rechazar la vacuna; en Italia, un decreto aprobado por el gobierno en marzo, ordena que los trabajadores de la salud, incluidos los farmacéuticos, se vacunen. Aquellos que se nieguen podrían ser suspendidos sin paga por el resto del año.

Hungría es otra nación que obliga, desde el 23 de julio, a los trabajadores de la salud a inmunizarse. Malta prohíbe la entrada de visitantes sin vacunas, Polonia se plantea obligar a personas de alto riesgo a recibir las dosis antiCOVID. En Moscú hay un plan que requiere que el 60 % de los trabajadores de servicio público estén vacunados antes del 15 de agosto, según el Moscow Times. En Arabia Saudita los trabajadores que quieran volver a sus oficinas deben demostrar que están vacunados e igual se requerirá la vacunación para ir a centros educativos, oficinas públicas o si se quiere usar el transporte público. Turkmenistán impuso a partir del 7 de julio vacunación obligatoria para los mayores de 18 años.

Canadá anunció el 20 de julio que estaba considerando obligar a ciertas profesiones y trabajadores del gobierno federal a vacunarse; en Portugal y Alemania está descartada la vacunación obligatoria, aunque sí se debate, en cambio, la posibilidad de dar más libertades a quienes tengan las dosis completas. Por su parte, el presidente Joe Biden descartó, por el momento, la obligatoriedad de la inmunización pero ttomó una serie de medidas, como exigir a millones de empleados federales que se vacunen o se sometan a llevar tapabocas en el trabajo, mantener distanciamiento físico con otros empleados y hacerse pruebas de detección dos veces por semana. En estados como Nueva York y California los gobiernos están tomando medidas. Empresas como Google informó a sus más de 130.000 empleados en todo el mundo que tienen la obligación de vacunarse contra el COVID-19 para regresar a las oficinas en oc- tubre. Facebook, Netflix y Uber dicen que exigirán a sus empleados vacunarse.

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Pero, ¿hasta qué punto los gobiernos pueden obligar a las personas a vacunarse? “Pueden hacerlo en la medida que la legislación lo permita. En EE. UU., por ejemplo, ya hay precedentes que permiten al gobierno federal y a los gobiernos estatales requerir estas inmunizaciones, y no estamos hablando de la vacuna contra el coronavirus, es decir, este asunto no es nuevo”, dijo David Mauricio Castrillón, profesor de la Universidad Externado. “Además de entender si es legal o no, aquí hay un debate sobre cuáles son los derechos que deben prevalecer, si los derechos individuales o los colectivos, que también están en la Constitución. Es una discusión en la que ya vimos decisiones de la Corte Suprema de EE. UU. en el pasado, que determinó que sí se podía exigir la vacunación. Sería interesante ver qué pasaría con este tema en la Corte Suprema actual, si el caso llegara a ese nivel”, agregó el profesor.

Desde 1905, cuando la Corte Suprema de EE. UU. aprobó una ley de Massachusetts que imponía multas a las personas que se negaban a vacunarse contra la viruela, las cortes han ratificado la autoridad de los estados para hacer cumplir la vacunación. Un siglo después, con la pandemia de la gripe porcina en 2009, la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de ese país sostuvo que los empleadores podían exigir a sus empleados ciertas vacunas. (Sin olvidar que en todos los estados otorgan exenciones médicas y en 45 otorgan exenciones religiosas).

Sin embargo, algunos académicos sostienen que con esta pandemia del coronavirus el manejo no debería ser distinto. Alberto Giubilini, investigador sénior del Centro Uehiro de Ética Práctica de la Universidad de Oxford, explicó que “la vacuna contra el COVID-19 debería ser obligatoria, al menos para ciertos grupos. Esto significa que habría sanciones por no vacunarse, como multas o limitaciones a la libertad de movimiento”, según una entrevista publicada en The Conversation en 2020. El investigador comentó que a diferencia de la vacunación obligatoria, la cuarentena implica costos individuales y sociales muy grandes. “Es inconsistente que una persona acepte el bloqueo, pero rechace la vacunación obligatoria; esta última puede lograr un bien mayor a un costo mucho menor. Y no solo eso, estar vacunado reduce drásticamente el riesgo de dañar gravemente o matar a otras personas”, sostuvo.

Anthony Skelton, profesor asociado de filosofía de la Universidad de Western, se refirió a la vacunación obligatoria para niños en Canadá y sostuvo que “debemos protegerlos de los efectos mentales y físicos de la cuarentena. O de los resultados de restricciones insuficientes, como el cierre de escuelas debido a la propagación de infecciones”, dijo Skelton al mismo medio estadounidense.

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¿Qué dicen los médicos? El doctor Audiey Kao, vicepresidente de Ética de la Asociación Médica Estadounidense, dijo que “no hacer daño es una ética fundamental para todos aquellos que cuidan a los enfermos y heridos. Entonces sí, creo que los médicos y todos los que trabajan en el sistema de salud tienen una obligación fundamental con los pacientes al vacunarse contra enfermedades prevenibles, como el COVID-19”.

Sin embargo, hay otros que argumentan que la vacunación obligatoria no siempre es exitosa. “Un proyecto financiado con fondos europeos sobre epidemias y pandemias, que tuvo lugar varios años antes del COVID-19, no encontró pruebas que respalden esta noción. En cuanto a los países bálticos y escandinavos, el informe del proyecto señaló que los países donde la vacunación es obligatoria no suelen alcanzar una mejor cobertura que los países vecinos o similares donde no existe ninguna obligación legal”, explicó Vageesh Jain, investigador clínico del Instituto Nacional de Investigación en Salud del University College London a The Conversation.

A esto se suma que algunos expertos como Lawrence O. Gostin, Daniel A. Salmon y Heidi J. Larson., del Journal of the American Medical Association, explicaron que también existe el riesgo de que los mandatos de vacunas sean contraproducentes: “Estas medidas pueden socavar el apoyo público, creando una reacción violenta e incluso reduciendo la aceptación de la vacuna”. Y más aún si las personas no confían en sus gobiernos. “Las vacunas las entrega el Estado, y si las personas son marginadas, excluidas o no confían en esas autoridades, entonces no creen en la vacunación”, aseveró por su parte Melissa Leach, directora del Instituto de Estudios del Desarrollo de Reino Unido.

Mientras que Lawrence O. Gostin, y JD, O'Neill, del Instituto de Derecho Sanitario Nacional y Global de EE. UU., explicaron que es probable que las personas también desconfíen de los mandatos de vacunas bajo uso de emergencia, viéndolo como una investigación médica en curso.

Castrillón agregó que además, no sólo se trata de un asunto de leyes. “La pregunta clave es, ¿qué tan factible es ejecutar este reglamento? No siempre legislar es sinónimo de que todo el mundo va a resultar vacunado. Esto requiere una logística importante”. El profesor dice que, entre otras cosas, este tema también está ligado a la política. “En EE. UU. el alcance del gobierno federal es uno, y el de los estados es otro. Hay algunos estados, sobre todo los republicanos, donde sencillamente no se van a implementar estas medidas por el escepticismo de la gente frente a la efectividad de las vacunas” agregó Castrillón.

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Y las cifras no dicen lo contrario. Una encuesta de la Escuela de Salud Pública de Harvard encontró que hay una diferencia partidista; con el 64 % de los demócratas a favor de la medida, mientras que el 56 % de los republicanos se opone.

Una decisión “personal”

Lo que empezó como una decisión personal ahora podría convertirse en una obligación. Incluso en Colombia, las restricciones de acceso a espacios públicos a las personas no vacunadas podrían ser una realidad. “El principio fundamental del Plan de Vacunación colombiano no es el derecho individual, sino el interés general. Colombia todavía no ha implementado ninguna medida restrictiva. Pero no las descartamos, porque creemos que si una persona no se vacuna, y va a un evento público en un espacio cerrado, por ejemplo, está afectando el derecho de otras a protegerse de la enfermedad”, señaló a la AFP el ministro de Salud, Fernando Ruiz, durante su visita a Washington esta semana.

Como ha ocurrido en otros países, Ruiz se mostró afín a exigir en el futuro la presentación de un certificado de vacunación para poder ingresar a restaurantes, centros comerciales, hospitales y transportes públicos. “Es una medida perfectamente posible y razonable bajo la primacía del derecho colectivo a la salud”, afirmó.

En las redes sociales algunos políticos también debatieron sobre la posible medida. Uno de ellos fue el representante a la Cámara Gabriel Valle Chujfi, quien publicó en Twitter: “No vacunarse es una decisión personal que debe ser respetada. Nadie, y mucho menos el Estado, pueden obligar a alguien a vacunarse”. Poco después la representante Angélica Lozano le respondió: “Curioso, ante desafío de salud pública que afecta a todos los que tengan contacto con quien decide no vacunarse, dice este congresista ‘vacunarse es decisión personal que debe ser respetada por todos y el estado’ Ajá ¿Por qué se opone al aborto, matrimonio igualitario, eutanasia?”.

Muchas personas que no quieren vacunarse ponen en duda las restricciones. Una fuente en Estados Unidos contactada por este diario, que no quiso publicar su identidad, aseguró: “Es un error obligarnos. No es que estén regalando insulina o algo que realmente ayude. Una vacuna para una enfermedad que se puede recuperar en un 99,7% con medicamentos de venta libre es un poco forzada por gente que no se preocupa por nuestro bienestar, ¿no? Si les importara, la insulina y otras vacunas que realmente salvan vidas también serían gratuitas”. Juan Navas, ciudadano canadiense de 28 años que reside en Montreal, le dijo a este diario que no tiene nada en contra de la vacunas pero tampoco quiere aplicarse la del COVID-19 por obligación o presionado. “Si van a empezar a limitar mis libertades y las cosas que amo, quitándome mis derechos, me parece equivocado. Me siento como un animal encerrado, porque todos mis familiares y mis amigos están siendo vacunados”.

Navas agregó que tampoco quiere convertirse en un ciudadano de segunda clase por no tener una vacuna. “Si me obligan me la voy a poner en silencio, pero quedaré con un profundo resentimiento y rabia hacia el gobierno por lo que me hicieron. Espero que los pasaportes de vacunas no sean una realidad y que dejen mi cuerpo bajo mis decisiones. Yo creo en el COVID-19, pero no creo que en lo que ellos nos están diciendo, ni en lo que publican los medios. No me importa que sea una teoría conspirativa, es un hecho que el virus fue creado en un laboratorio, al menos para mí. Algo no me cuadra en todo esto y todo lo que pasó estos años ha cambiado el mundo de una forma en la que no nos hemos dado cuenta”, dijo.

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