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Un informe de la ONU alertó el aumento de penas en Corea del Norte por consumir o compartir información extranjera que tiende a ser de entretenimiento, como películas o música.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció que Corea del Norte está “ejerciendo un control total sobre la población y restringiendo gravemente el disfrute de los derechos y libertades fundamentales”.
El informe explica que Pyongyang busca aumentar la desconexión de sus habitantes hacia el mundo. De hecho, recalca que en 2025 el Estado “parece más aislado que en casi cualquier otro momento de su historia”.
Según el documento, el gobierno está implementando cada vez más la pena de muerte para quienes consumen contenido extranjero.
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“Ninguna otra población está sometida a tales restricciones en el mundo actual”, aseguró la ONU.
Desde 2015, según el informe, los habitantes fueron sometidos a normas que implican un mayor control sobre las acciones de la población. La restricción, aplicada tanto por leyes como por prácticas del gobierno, incide en “todos los ámbitos de la vida” de los nacionales.
Aislar el fenómeno de la globalización de la nación parece un reto personal del presidente norcoreano, Kim Jong Un, quien llegó al poder en 2011. En el país, es casi imposible el acceso a internet. Los funcionarios gubernamentales son quienes pueden hacer uso de una intranet nacional, la cual está fuertemente controlada por el gobierno.
Además, la pandemia del Covid-19 permitió que aumentara el control en el país, y esto se facilitó para el gobierno debido a la “tecnología de vigilancia”. De hecho, el flujo de personas en Pyongyang también es controlado, pues para viajar entre provincias se requiere un permiso especial.
En Corea del Norte todas las personas deben asistir a reuniones semanales de autoevaluación, cuyo propósito fundamental es la supervisión conjunta y la inculcación de ideas.
Una de las voces del informe, víctima del adoctrinamiento, contó que “para bloquear los ojos y los oídos de la gente, reforzaron la represión. Era una forma de control destinada a eliminar incluso los más mínimos signos de insatisfacción o queja”.
Según el documento, la represión se intensificó en 2018 y “aún más a partir de 2020”. En este periodo, se realizaron “varias ejecuciones públicas” para prevenir el incumplimiento de las leyes que prohíben distribuir la información de medios extranjeros.
Para el desarrollo del informe fueron entrevistadas 324 víctimas que abandonaron el régimen entre 2014 y 2025. Gran parte de estas personas aseguraron que presenciaron aquellas ejecuciones.
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“Se llevan a cabo mediante fusilamiento tras juicios que no cumplen las normas de imparcialidad”, explicaron los testigos. Desde 2015 se “amplió considerablemente” la pena de muerte, recalcó el informe.
La corrupción, según el informe, también se ha vuelto relevante en el país, ya que los sobornos se convirtieron en la salida que les permite a muchas personas sobrevivir en la cotidianidad, que, según los testigos, está asfixiada de injusticias.
Además, la apatía hacia la población por parte del régimen se ha demostrado también con las ejecuciones y constantes violaciones de derechos humanos.
En 2024, tras sequías e inundaciones, aproximadamente 10.7 millones de personas, es decir, más del 40 % de la población, padecían desnutrición, especialmente niños, niñas y personas mayores, especialmente en zonas rurales, según la ONU.
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