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Tres mujeres tailandesas lograron escapar de una red de tráfico de óvulos humanos en Georgia, país ubicado en la costa del mar Negro. Las mujeres eran explotadas en condiciones comparadas a una “granja humana” de acuerdo con los denunciantes.
Según los testimonios, fueron sometidas a inyecciones hormonales forzadas para maximizar la calidad y cantidad de óvulos, los cuales eran extraídos mediante técnicas de fertilización in vitro y vendidos en mercados ilegales.
Las sobrevivientes denunciaron el caso a las autoridades tailandesas. Según Reuters, una ONG local confirmó que tanto Tailandia como Georgia investigan esta red transnacional.
Una de las víctimas relató cómo fue engañada por un anuncio fraudulento que prometía un empleo bien remunerado en gestación subrogada, con un salario mensual de 25.000 baht (US$743) y viaje pagado a Georgia. Al llegar, les confiscaron los pasaportes, las acusaron de estar ilegalmente en el país y las amenazaron con arrestos si intentaban huir.
Confinadas en viviendas compartidas, recibían hormonas para hiperestimular sus ovarios. Cuando algunas pidieron salir, sus captores exigieron pagos exorbitantes. Una logró comprar su libertad y alertó a la Fundación Pavena Hongsakula, dedicada a proteger a mujeres y niños. La organización contactó al general Thatchai Pitaneelabut, inspector de la Policía Real tailandesa, quien destacó la ilegalidad de la publicidad engañosa y la necesidad de claridad en la cooperación con Georgia.
Con apoyo de Interpol, se activó un operativo internacional que rescató a las tres tailandesas. No obstante, según el Human Rights Research Center, cerca de 100 mujeres aún estarían atrapadas en estructuras similares, lo que evidencia la magnitud de esta red y la urgencia de ampliar las investigaciones para desarticularla y proteger a más víctimas.
¿Qué declaraciones ha dado el gobierno de Georgia?
El Ministerio del Interior de Georgia anunció dar inicio a una investigación por trata de personas, en virtud del artículo 143-III del Código Penal, tras recibir una alerta de Interpol Bangkok sobre la presunta explotación en gestación subrogada.
Durante las investigaciones tres mujeres tailandesas denunciaron querer abandonar su rol como madres sustitutas y regresar a su país. Las autoridades las trasladaron a un albergue para víctimas de trata y facilitaron su salida de Georgia tras cumplir los trámites legales.
La investigación continuó en curso, revelando posibles redes de explotación de personas vulnerables en prácticas de subrogación, según el ministerio.
El marco jurídico que regula la maternidad subrogada
La gestación subrogada es un proceso en el que una mujer (madre subrogada) lleva y da a luz a un bebé para otra persona o pareja (padres intencionales), quienes se convierten en los padres legales del niño tras el nacimiento. Puede ser gestacional (la madre subrogada no aporta su material genético) o tradicional (ella es la madre biológica).
Esta práctica está rodeada de debates éticos, legales y sociales, especialmente por su potencial para generar explotación y desigualdades económicas.
Según el Human Rights Research Center, Tailandia implementó en 2015 una prohibición a la subrogación comercial para extranjeros, luego de que escándalos expusieran irregularidades en el sector. No obstante, actualmente se discuten reformas, pues en 2024, las autoridades tailandesas anunciaron que se preparan para modificar la legislación de gestación subrogada con el fin de facilitar el acceso al servicio para parejas extranjeras en el país.
A escala internacional, la subrogación trasciende fronteras y enfrenta cuestionamientos por perpetuar desigualdades estructurales. Con frecuencia, parejas adineradas de países industrializados contratan a mujeres en naciones con economías frágiles, donde la precariedad laboral y la falta de protección social incrementan el peligro de violaciones a derechos fundamentales.
En este contexto, se evidencia la ausencia de normativas internacionales específicas para regular la práctica. Pese a ello, instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) sirven como referentes para abordar derechos reproductivos y garantías laborales. A esto se suman los Principios de Verona, que, aunque no son vinculantes, plantean directrices para salvaguardar, entre otros aspectos, los intereses de los niños concebidos mediante este método.
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Por Juliana Valentina Vélez
