En una publicación en X (antes Twitter), el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que “no reconocía la legitimidad de los procedimientos” que se desarrollan este lunes en la Corte Internacional de Justicia. El tribunal de La Haya inició sus audiencias orales para analizar las consecuencias legales de la ocupación israelí de los territorios palestinos.
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“Israel no reconoce la legitimidad de los procedimientos del tribunal internacional de La Haya relativos a ‘la legalidad de la ocupación’, que son un esfuerzo diseñado para infringir el derecho de Israel a defenderse contra amenazas existenciales”, dice en la publicación.
De acuerdo con la oficina del primer ministro, los procedimientos son parte de un intento palestino de “dictar los resultados de la solución diplomática sin negociaciones”.
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El tribunal inicia el proceso por la petición hecha en diciembre de 2022 por la Asamblea General de la ONU sobre una opinión consultiva. En las audiencias orales participan un récord de 52 países, entre ellos China, Rusia y Estados Unidos, y tres organizaciones internacionales, que darán su testimonio.
En estas, el ministro de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, Riad al Maliki, urgió a la CIJ a declarar la ocupación israelí como “ilegal” y pedir su terminación “de forma inmediata, total e incondicional”. Además, advirtió que el “genocidio” en curso es el resultado de “décadas de impunidad” por parte de Israel.
De igual forma, el representante permanente palestino ante la ONU, Riyad Mansour, instó a defender la ley para que “la identidad del grupo al que pertenecemos no disminuya los derechos humanos a los que todos tenemos derecho” como seres humanos.
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“Palestina apela a esta Corte a guiar a la comunidad internacional en defensa del derecho internacional, para poner fin a la injusticia y lograr una paz justa y duradera. Para guiarnos hacia un futuro en el que los niños palestinos sean tratados como niños, no como amenaza demográfica. Un futuro en el que ningún palestino o israelí sea asesinado”, afirmó Mansour.
Otro caso se desarrolla en la CIJ contra Israel. Sudáfrica presentó el año pasado una demanda en la que acusa al país de violar la Convención para la Prevención del Genocidio con sus operativos en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre. Hasta ahora, solo han sido dictadas algunas medidas provisionales y, recientemente, el país presentó una solicitud urgente para examinar la decisión del tribunal sobre la expansión de los operativos terrestres israelíes a Rafah.
Frente a la demanda, el gobierno israelí respondió diciendo que el caso era “totalmente infundado en hechos y en derecho, moralmente repugnante y representa un abuso” de la Convención sobre el Genocidio como de la CIJ.
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