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El Parlamento israelí no prorrogó este martes una polémica norma que se aplicaba desde 2003 y que prohíbe la concesión de la nacionalidad a las parejas de los palestinos ciudadanos de Israel, una afrenta para el primer ministro Naftalí Bennett. El resultado de la votación fue 59 votos a favor y 59 en contra, una muestra clara de la fragilidad de la compleja y heterogénea coalición del gobierno, que obtuvo el visto bueno del Parlamento hace un mes.
Aunque el proceso siga siendo largo, repleto de condiciones y de obstáculos, los palestinos que hayan contraído matrimonio con ciudadanos árabes de Israel podrán a partir de ahora pedir la nacionalidad israelí y lograr así la reunificación familiar, algo a lo que Bennett y sus aliados se oponían.
Desde que fue aprobada por primera vez en julio de 2003, durante la segunda intifada, esta medida fue renovada por el Parlamento por razones de seguridad. Este año la situación cambió con la llegada de un gobierno de coalición compuesto por formaciones muy diferentes, que van desde la derecha nacionalista, encarnada por Bennett, hasta los partidos árabes de Israel, pasando por formaciones de izquierda.
Para prolongar esta medida eran necesarios 61 votos sobre 120. Dos diputados árabes se abstuvieron y un diputado del partido de Bennett votó contra para mostrar su desacuerdo con el gobierno de coalición. Para que la ley fuera prorrogada, Bennett necesitaba por tanto los votos de sus adversarios políticos, comenzando por el Likud del ex primer ministro Benjamin Netanyahu. Aunque la formación es favorable a esta ley, votó en contra para oponerse a la coalición que logró sacar del poder a su líder, que llevaba doce años consecutivos en el cargo.
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El exjefe de gobierno declaró a los miembros de su partido que “lo más importante era deponer a este gobierno peligroso y apoyado por partidos antisionistas”.
“Líneas rojas”
“La oposición ha puesto en peligro la seguridad de Israel”, reaccionó el partido Yamina, de Bennett, en un comunicado. “Hay cosas con las que no se juega. La seguridad del Estado es una línea roja, el Estado necesita controlar quién entra y quién obtiene la nacionalidad”, afirmó el actual primer ministro el lunes por la noche.
Según la ministra de Interior, Ayelet Shaked, del partido de Bennett, la actitud de la oposición va a provocar “15.000 solicitudes de nacionalidad” israelí. Shaked había negociado con la formación de izquierda Meretz y la islamista Raam, que forman parte de la coalición, que si votaban a favor de prorrogar la ley, 1.500 palestinos que tienen ya un permiso de residencia en Israel obtendrían la nacionalidad, dijo Shaked.
Los palestinos de Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967, y de la Franja de Gaza que se casan con palestinos que son ciudadanos de Israel piden a menudo la nacionalidad para poder vivir junto a sus cónyuges. Muchas parejas se ven obligadas a vivir separadas durante años o se arriesgan a terminar presos si son descubiertos en territorio israelí sin permiso.
Los palestinos de Israel representan un 20 % de la población del país. Estos ciudadanos descienden de los palestinos que se quedaron en sus tierras tras la creación del Estado de Israel en 1948. Jessica Montell, responsable de Hamoked, ONG israelí que brinda asistencia legal a palestinos, estimó que “decenas de miles de familias sufren debido a esta ley”.
El lunes, decenas de palestinos de Israel protestaron ante el Parlamento contra esta norma. El hecho de que no haya sido prorrogada es “una victoria tras una larga batalla que dura 18 años y que no ha terminado”, dijo Yafar Farah, director de la ONG Moussawa, que defiende los derechos de los palestinos de Israel, calificando esta norma de “castigo colectivo racista”.