29 Sep 2020 - 1:13 a. m.

La polémica ley de ciberdelitos en Nicaragua

Una propuesta de ley presentada este lunes por los diputados sandinistas para castigar con cárcel la propagación de noticias falsas o tergiversadas y el acoso sexual cibernético fue rechazada por diversos sectores de la sociedad y de la oposición.
El partido de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, propuso una ley que, según opositores, criminaliza a los periodistas. / EFE
El partido de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, propuso una ley que, según opositores, criminaliza a los periodistas. / EFE

El grupo parlamentario del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) propuso este lunes una iniciativa de ley que castigará con cárcel la propagación de noticias falsas o tergiversadas y el acoso sexual cibernético y solicitará la extradición de quienes fuera del territorio atenten contra la seguridad del Estado.

La iniciativa denominada Ley Especial de Ciberdelitos, presentada en el marco de una grave crisis sociopolítica que estalló desde hace más de dos años, tiene como objeto “la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en perjuicio de personales naturales o jurídicas”, según el proyecto.

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Pero la ley ya fue rechazada por diversos actores del país.

Una de las primeras personalidades en reaccionar fue la poetisa y escritora nicaragüense Gioconda Belli, quien en un tuit comparó esa iniciativa de ley con “atarle una soga al cuello a la palabra, a la libertad del ciberespacio”.

Según la iniciativa de ley, habrá multas y hasta cuatro años de cárcel para “quien, usando las tecnologías de la información y de la comunicación, publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor o zozobra en la población, o en un grupo o sector de ella a una persona o familia”.

Belli, una disidente del sandinismo, mencionó que dicha propuesta “es trasladar al pueblo al escenario de ‘si te movés te tiro, si te quedás te mato’. Quien disienta va preso”.

“Si aquí los jueces reciben órdenes, ¿para qué estas absurdas leyes?”. “¿Qué se entiende por ‘honor’, ¿qué se entiende por ‘temor’, qué califica una información como ‘falsa’?, ¿quién mide distorsiones, la falsedad?”, inquirió.

¿Criminalizar al periodismo?

El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Paulo Abrao emitió una advertencia pública sobre la propuesta sandinista.

“OJO: nueva iniciativa de Ley en Nicaragua abre brecha para criminalizar ciudadanos y periodistas vía tipos penales vagos, como el uso de las ‘tecnologías’ para divulgar ‘información falsa o tergiversada que produzca alarma, temor o zozobra’”, anotó el brasileño en un tuit.

Alexa Zamora, integrante del Consejo Político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, sostuvo que “esta es una propuesta de ley que violenta las libertades mínimas de cualquier individuo, como la libertad de expresión”.

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“Tiene zonas grises como: ¿quién decide qué son noticias verdaderas o falsas, más cuando ellos (sandinistas) se encargan de desvirtuar la realidad?”, preguntó.

Zamora afirmó que el proyecto “criminaliza la labor periodística independiente, y la de cualquier activista de derechos humanos que denuncia los atropellos”.

Agregó que esa iniciativa viene acompañada con el proyecto de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, “cuyo objetivo es acallar las voces que denuncien los atropellos”.

Clima adverso para la prensa

La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, según la iniciativa, también sandinista y que ha sido calificada como totalitaria por la oposición y juristas, busca proteger al país del injerencismo exterior, al controlar “a las personas naturales o jurídicas que respondan a intereses y financiamiento extranjero”.

El representante del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Gonzalo Carrión, opinó que el proyecto de Ley “es la continuación de la persecución de las voces ciudadanas que utilizan las redes sociales para denunciar a la dictadura, incluso a las personas que tienen trabajando para ellos”.

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Reporteros Sin Fronteras (RSF) y PEN Internacional denunciaron “un clima de trabajo cada vez más complicado para la prensa independiente en Nicaragua”, en un documento en el que se refirieron a la propuesta de Ley de Regulación de Agentes Axtranjeros, emitida la semana pasada.

Esa iniciativa, según los juristas, viola al menos cuatro garantías constitucionales y es tan amplia que sólo podrá ser administrada bajo discrecionalidad.

El proyecto de Ley de Ciberdelitos fue presentado este lunes ante la primera secretaría de la Asamblea Nacional, donde será revisada por una comisión, antes de su discusión en el plenario, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta.

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