Todo empezó mal desde que el gobierno de India presentó una polémica enmienda legal dirigida a otorgar la ciudadanía a inmigrantes de países vecinos en base a su religión, excluyendo a los musulmanes, lo que ha desatado protestas de todo tipo, pues algunos consideran que el proyecto va en contra de la fundación laica del gigante asiático, mientras que otros rechazan la idea de recibir más personas.
"En Afganistán, Pakistán y Bangladesh, los hindúes, sijs, budistas, cristianos, parsis y jainistas son discriminados. Esta ley dará a esas personas que son perseguidas la ciudadanía", dijo ayer el ministro del Interior, Amit Shah, en la Cámara Baja (Lok Sabha) del Parlamento indio.
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Uno de los argumentos a los que recurrió Shah durante la presentación de la legislación es que esos tres países reconocen como religión de estado al islam, profesada por el 14,6 % de la población india.
De acuerdo con la enmienda, el Gobierno quiere otorgar la ciudadanía a los inmigrantes pertenecientes a esas minorías llegados a la India antes del 31 de diciembre de 2014.
"No podemos aceptar esta ley porque la infiltración de inmigrantes extranjeros en Assam, y en todo el noreste, es un serio problema", dijo a Efe Lurinjyoti Gogoi, secretario general de la Unión de Estudiantes del estado de Assam (AASU).
Fuerte sentimiento contra los migrantes
En esa región, junto a las de Manipur, Mizoram y Tripura, organizaciones contrarias a la enmienda de la Ley de Ciudadanía convocaron manifestaciones y llamaron al cierre de comercios, a pesar de que todavía tiene que recibir el visto bueno de la Cámara Alta del Parlamento para entrar en vigor.
El noreste indio cuenta con un fuerte sentimiento antiinmigrante, y ha vivido repetidas protestas contra la intención del Gobierno de conceder la ciudadanía a inmigrantes irregulares. Para Gogoi, el problema son los inmigrantes sin importar su religión, que amenazan la identidad cultural de los habitantes del noreste. "En primer lugar, esta ley violaría la fundación laica de la Constitución, y en segundo lugar tanto Assam como el noreste se han visto afectados por un flujo (de inmigrantes irregulares) a gran escala", sintetizó el secretario general de AASU.
Además, destacó, la enmienda interferiría con el proceso supervisado por el Tribunal Supremo que busca identificar a los inmigrantes ilegales en Assam. El pasado agosto, la publicación de un censo de ciudadanía excluyó a casi dos millones de personas que corren el riesgo de ser declarados extranjeros.
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El Gobierno ya presentó una versión de la enmienda en 2016 que no consiguió ser aprobada por el Parlamento. En esta ocasión ha incluido una cláusula que exime a algunas zonas del noreste de su aplicación, aunque no ha conseguido con ello evitar protestas en la región.
Rahul Gandhi
Formaciones opositoras como el histórico Partido del Congreso, de la dinastía Nehru-Gandhi, también se han enfrentado a la ley al considerar que va en contra de la fundación laica del gigante asiático."La Ley de Ciudadanía es un ataque a la Constitución india. Cualquiera que la apoye está atacando e intentado destruir las bases de nuestra nación", escribió en Twitter Rahul Gandhi, uno de los líderes del partido.
Críticas de Estados Unidos
Las críticas a la enmienda también han llegado desde el extranjero, en especial desde la gubernamental Comisión de EEUU sobre Libertad de Religión Internacional (USCIRF, siglas en inglés) que la calificó de ser un "peligroso giro en la dirección equivocada".
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El organismo llamó al Gobierno de Estados Unidos a adoptar sanciones contra el ministro del Interior indio, Amit Shah, si la enmienda es aprobada por el Parlamento.
El Ministerio de Exteriores indio indicó hoy en un comunicado que las afirmaciones de la USCIRF "no son ni precisas ni justificadas". "La ley tiene en consideración para la ciudadanía india a las minorías religiosas que ya están en la India de varios países vecinos. Busca abordar sus dificultades actuales y que otorgarles sus derechos humanos básicos", adujo el Ministerio.