Un terremoto de magnitud de 6,3 golpeó el oeste de Afganistán el 7 de octubre y dejó al menos 2.400 fallecidos este sábado. Tan solo tres días después, otro movimiento telúrico de la misma magnitud ocurrió en la zona. Aunque todavía no se sabe la cifra de afectados, al menos 100 personas fueron llevadas al hospital, según funcionarios de salud.
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En el 2021, después de que Estados Unidos se retirara de la zona, el régimen talibán tomó el poder de Afganistán. El país está sumido en una crisis humanitaria, con altas cifras de desnutrición, difícil acceso a la salud y un retroceso en los derechos de las mujeres. Las sanciones internacionales contra el régimen agravaron la situación, de por sí crítica. Ahora, el país se enfrenta a las secuelas de dos terremotos, con muy pocos aliados que le extiendan la mano.
Las cifras más recientes de Human Rights Watch antes de los desastres estimaban que más de 28 millones de personas necesitaban ayuda humanitaria urgente. La inseguridad alimentaria es uno de los temas más preocupantes: las Naciones Unidas aseguran que cuatro millones de personas padecen de desnutrición aguda. La situación en los centros médicos también es grave. Médicos Sin Fronteras ha dicho que antes de la toma del régimen talibán, el sistema de salud ya carecía de personal y financiación, por lo que no podía atender a toda la población.
“Las cosas no han hecho más que empeorar desde entonces, entre otras cosas por las lagunas en la financiación internacional y las prioridades del Emirato Islámico de Afganistán (EIA)”, explica la organización.
Las sanciones contra el régimen
El Consejo de Seguridad de la ONU, la Unión Europea y Estados Unidos han impuesto sanciones contra el régimen talibán. Estas iniciaron en 1999, específicamente contra Osama bin Laden y miembros de Al Qaeda, y se han endurecido desde entonces.
En el 2015, el Consejo de Seguridad en su resolución 2255 decidió que todos los Estados pertenecientes debían imponer tres medidas contra el régimen. Primero, congelar los fondos y otros bienes económicos de los integrantes del régimen talibán. Segundo, prevenir la entrada o el tránsito de estos individuos en los territorios de los Estados. Tercero, evitar el suministros, venta o transferencia de armamento militar.
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En un artículo para Foreign Affairs, Wazhma Sadat, una abogada afgana que reside en Washington, asegura que las sanciones no afectan negativamente al régimen, sino a los habitantes de Afganistán. Si bien el valor simbólico de las sanciones reside en no dar legitimidad al grupo, al final estas “envalentonan a los gobiernos opresores y les dan licencia para incumplir más normas, actuar en connivencia con otros regímenes antidemocráticos y patrocinar actos terroristas”.
La ayuda en la crisis
En el 2021, el Consejo de Seguridad expidió la resolución 2615, en la que establecía una “excepción humanitaria” en sus sanciones contra los talibanes. Con ella, se permitía la atención de necesidades humanas básicas para la población afgana. Sin embargo, un reporte de Refugees International, una organización humanitaria, indica que congelar las ayudas para el desarrollo y el aislamiento del país del sistema financiero mundial han agravado la situación.
Con los terremotos, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el apoyo de la comunidad internacional para apoyar a los afganos impactados por el desastre natural, “muchos de los cuales ya estaban necesitados antes de esta crisis”.
“El Emirato Islámico de Afganistán, como el grupo talibán llama ahora el país en su segunda toma, es un gobierno que la verdad es reconocido de manera implícita por muchas naciones y organismos internacionales. Uno de ellos es la ONU, que ha tratado de dejar de lado la cuestión política y dialogar sobre el tema humanitario. Su labor no ha sido fácil, pero la comunicación fluye”, indica Felipe Medina Gutiérrez, profesor de Estudios de Medio Oriente de la Pontificia Universidad Javeriana.
En Afganistán, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lidera el trabajo de uno los Clústeres de Salud, que garantiza una respuesta oportuna a las emergencias sanitarias. En ella participan organizaciones internacionales, ONG, autoridades nacionales, agencias especializadas, institutos académicos y de capacitación, así como agencias donantes. En total, 20 de los integrantes del Clúster de Salud están trabajando en la zona para apoyar a los sobrevivientes de los terremotos recientes.
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Además, llegó a territorio afgano una misión en la que participan una delegación de la Unión Europea, el coordinador humanitario de la ONU, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA en inglés), la OMS y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Allí, trabajan en “estrecha coordinación con las autoridades sanitarias e intensificando su respuesta para satisfacer las necesidades urgentes a corto y largo plazo de los supervivientes”, según un comunicado de la OMS.
La Unión Europea, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Irán, China, Australia, Kazajistán y Turkmenistán anunciaron que enviarían ayuda humanitaria a Afganistán, en forma de financiación, equipos de ayuda médica o tiendas y mantas para los supervivientes.
“Considero que no es difícil ayudar a Afganistán. Solo falta voluntad política, pero Afganistán cayó en el olvido de la comunidad internacional”, añade Medina. “Si bien hay sanciones sobre el país, es más preocupante el tema de los fondos y bancos afganos, además del diario vivir como transacciones, importaciones y remesas”.
A pesar de los esfuerzos internacionales, las dificultades persisten en el interior. El reporte de Refugees International advierte que no hay una adecuada “estructura de la ayuda” en el país. Los programas humanitarios de organizaciones internacionales no pueden cumplir sus propósitos debidamente por el régimen de sanciones y la falta de un banco central que pueda recibir las ayudas.
Añadido a eso, la organización denuncia que las autoridades del régimen se están beneficiando de la ayuda humanitaria: la ONU ha documentado casos en los que los talibanes interfieren con la entrega de estos servicios a la población afgana. Aunque se han establecido sistemas de supervisión, estos dependen de una comunicación constante con las autoridades de Afganistán, prohibido para algunos países y donantes por las sanciones.
La OMS identificó tras los terremotos varias deficiencias. Entre ellas, que los supervivientes que fueron desplazados por el desastre viven en refugios temporales, con saneamiento deficiente y acceso insuficiente a agua y alimentos, lo que “aumenta la vulnerabilidad de estas personas, potenciando el riesgo de enfermedades contagiosas y estrés mental”. Además, no hay suficiente personal médico ni psicosocial de apoyo ni la infraestructura necesaria para la acogida ni el tratamiento de las víctimas.
Las cifras de personas afectadas por los terremotos aumentan, así como las posibilidades de que Afganistán se siga sumergiendo en la crisis humanitaria en la que está desde hace 20 años. Aún si la ayuda de la comunidad internacional sigue llegando, no podrá hacer mucho por solucionar una situación crítica que persiste para los afganos, que viven en medio de sanciones y un régimen opresor.
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Por María José Barrios Figueroa
