Los 43 estudiantes desaparecidos en México: un caso entre miles

Dos años después de su desaparación, el Gobierno mexicano todavía no da cuenta del destino de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. En principio, la versión oficial (ahora blanda y casi desestimada) era que el cartel Guerreros Unidos se los había llevado la noche del 26 de septiembre y los había quemado en un basurero. Sin embargo, informes independientes encontraron que dicha hipótesis carecía de peso y las investigaciones, tras los reclamos airados de los padres y su decisión de no ceder hasta que aparezcan sus hijos, volvieron al punto cero: no se han encontrado sus cuerpos y se ignora su suerte (Lea el testimonio de una madre de uno de los jóvenes desaparecidos: Benjamín Ascencio Bautista).

El caso de Ayotzinapa revela, también, cuán enraizada es la relación entre el Estado y el narcotráfico. El caso ha adolecido de numerosas omisiones que desdicen del trabajo del Estado (y también de los entes independientes, como la Procuraduría) y, de paso, conducen a la impunidad. Según la rama de derechos humanos de Naciones Unidas en México, más del 95% del caso queda en la impunidad. Las desapariciones y los asesinatos no son investigados de manera cabal. Ya son 28.000 desaparecidos desde 2006.

Son esos casos los que quedan también en el tintero, además de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Una investigación presentado por la revista mexicano Proceso recalca las cifras de desaparecidos: durante los primeros 22 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, más de 9.300 personas desaparecieron, cerca de un 30% de los casos totales que se han registrado entre 2006 y 2014. Para comprender el impacto de esta cifra, un promedio vendría mejor: 13 personas desaparecen cada día en México.

En las redes sociales circulan, en grupos de familiares  en busca de sus seres queridos, casos aterradores: toman a cualquiera en la calle, lo suben a un auto y se lo llevan; un hombre fuerza a otro en un bus para que se vaya con él. Entre 2007 y 2011, según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), hubo un crecimiento de 510% en el número de desapariciones, que podría ser causado, según escribieron Quetzalcoatl Fontanot y Ernenek Mejía en Le Monde Diplomatique, por la intensa cercanía entre el Estado y las bandas del narcotráfico. “Es sabido que los carteles operan asesinando para hacerse de plazas y resolver conflictos, sin embargo, esa forma de operar se ha vuelto una manera aceptable de acción para las entidades de seguridad, tanto civiles como militares, que desde el inicio de la ‘guerra contra el narcotráfico’ actúan como fuerza policiales contra civiles”.

Los 43 estudiantes son apenas el caso emblemático (y que llamó la atención sobre un horror generalizado que, si se tienen en cuenta las cifras, cuenta como un delito sistemático): en junio de 2014, poco antes de la desaparición de los estudiantes, 22 jóvenes fueron asesinados y señalados como narcotraficantes. No lo eran: las fuerzas estatales ejecutaron un escenario donde hubo un supuesto combate. A mediados de 2015, 42 personas fueron asesinadas en Michoacán: las fuerzas oficiales dijeron que eran narcotraficantes, pero sus familiares, que los habían buscado por días, señalaron que eran campesinos que se dedicaban a labores de albañilería y cultivo, y que además los cuerpos tenían signos de tortura y de clara ejecución (el disparo en la nuca). Escriben Fontanot y Mejía: “El modus operandi incluye a las instancias de justicia, donde la historia se repite: las autoridades favorecen la contaminación y manipulación de las escenas del crimen, esconden información de las víctimas, evitan el registro de datos de los desaparecidos o muertos (...)”.

En el caso de los 43 desaparecidos, lo más seguro es que la Policía estuvo involucrada: fueron agentes oficiales los que, aliados con el narcotráfico, detuvieron a los alumnos y los entregaron al cartel Guerreros Unidos.

Hay incluso un caso que supera al de Ayotzinapa por cuatro años: en marzo de 2010, seis personas fueron secuestradas y desaparecidas en Iguala, cuando estaban en una discoteca. Los militares fueron responsables. Nadie, hasta hoy, ha respondido ni se sabe dónde están los cuerpos.

Dos años después de su desaparación, el Gobierno mexicano todavía no da cuenta del destino de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. En principio, la versión oficial (ahora blanda y casi desestimada) era que el cartel Guerreros Unidos se los había llevado la noche del 26 de septiembre y los había quemado en un basurero. Sin embargo, informes independientes encontraron que dicha hipótesis carecía de peso y las investigaciones, tras los reclamos airados de los padres y su decisión de no ceder hasta que aparezcan sus hijos, volvieron al punto cero: no se han encontrado sus cuerpos y se ignora su suerte (Lea el testimonio de una madre de uno de los jóvenes desaparecidos: Benjamín Ascencio Bautista).

El caso de Ayotzinapa revela, también, cuán enraizada es la relación entre el Estado y el narcotráfico. El caso ha adolecido de numerosas omisiones que desdicen del trabajo del Estado (y también de los entes independientes, como la Procuraduría) y, de paso, conducen a la impunidad. Según la rama de derechos humanos de Naciones Unidas en México, más del 95% del caso queda en la impunidad. Las desapariciones y los asesinatos no son investigados de manera cabal. Ya son 28.000 desaparecidos desde 2006.

Son esos casos los que quedan también en el tintero, además de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Una investigación presentado por la revista mexicano Proceso recalca las cifras de desaparecidos: durante los primeros 22 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, más de 9.300 personas desaparecieron, cerca de un 30% de los casos totales que se han registrado entre 2006 y 2014. Para comprender el impacto de esta cifra, un promedio vendría mejor: 13 personas desaparecen cada día en México.

En las redes sociales circulan, en grupos de familiares  en busca de sus seres queridos, casos aterradores: toman a cualquiera en la calle, lo suben a un auto y se lo llevan; un hombre fuerza a otro en un bus para que se vaya con él. Entre 2007 y 2011, según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), hubo un crecimiento de 510% en el número de desapariciones, que podría ser causado, según escribieron Quetzalcoatl Fontanot y Ernenek Mejía en Le Monde Diplomatique, por la intensa cercanía entre el Estado y las bandas del narcotráfico. “Es sabido que los carteles operan asesinando para hacerse de plazas y resolver conflictos, sin embargo, esa forma de operar se ha vuelto una manera aceptable de acción para las entidades de seguridad, tanto civiles como militares, que desde el inicio de la ‘guerra contra el narcotráfico’ actúan como fuerza policiales contra civiles”.

Los 43 estudiantes son apenas el caso emblemático (y que llamó la atención sobre un horror generalizado que, si se tienen en cuenta las cifras, cuenta como un delito sistemático): en junio de 2014, poco antes de la desaparición de los estudiantes, 22 jóvenes fueron asesinados y señalados como narcotraficantes. No lo eran: las fuerzas estatales ejecutaron un escenario donde hubo un supuesto combate. A mediados de 2015, 42 personas fueron asesinadas en Michoacán: las fuerzas oficiales dijeron que eran narcotraficantes, pero sus familiares, que los habían buscado por días, señalaron que eran campesinos que se dedicaban a labores de albañilería y cultivo, y que además los cuerpos tenían signos de tortura y de clara ejecución (el disparo en la nuca). Escriben Fontanot y Mejía: “El modus operandi incluye a las instancias de justicia, donde la historia se repite: las autoridades favorecen la contaminación y manipulación de las escenas del crimen, esconden información de las víctimas, evitan el registro de datos de los desaparecidos o muertos (...)”.

En el caso de los 43 desaparecidos, lo más seguro es que la Policía estuvo involucrada: fueron agentes oficiales los que, aliados con el narcotráfico, detuvieron a los alumnos y los entregaron al cartel Guerreros Unidos.

Hay incluso un caso que supera al de Ayotzinapa por cuatro años: en marzo de 2010, seis personas fueron secuestradas y desaparecidas en Iguala, cuando estaban en una discoteca. Los militares fueron responsables. Nadie, hasta hoy, ha respondido ni se sabe dónde están los cuerpos.