11 May 2021 - 2:13 a. m.

Los reparos a la respuesta de Colombia a la comunidad internacional por el paro

Aumentan las voces críticas con la Cancillería colombiana por su reacción frente a los pronunciamientos de varios países y organizaciones por el abuso de la fuerza policial durante las manifestaciones.

Redacción Mundo

Internacional

La Cancillería colombiana está en el centro de la polémica por cuenta de la respuesta de la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, frente a los pronunciamientos que hicieron algunos países y varias organizaciones por la violencia registrada durante las manifestaciones.

La semana pasada llegaron varios comunicados que tenían algo en común: pedirle al gobierno del presidente Iván Duque garantizar la protesta y el respeto de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, ante su respuesta excesiva con los manifestantes.

La ONU, la Unión Europea, la Cámara Baja del Parlamento alemán, el presidente de Argentina, Alberto Fernández y varios legisladores de Estados Unidos, así como, organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch o Amnistía Internacional rechazaron el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía colombiana para controlar las protestas y también condenaron el vandalismo, así como los bloqueos que pusieron en riesgo el abastecimiento de alimentos en el país.

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Expertos en derecho internacional y derechos humanos expresaron preocupación por la carta que Blum le envió a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, calificando sus argumentos de “injerencia”. Y analistas consultados por este diario consideran que la respuesta del gobierno fue desacertada.

Arlene B. Tickner, profesora de la Universidad del Rosario y columnista de este diario, señaló que, “desde sus declaraciones condenables sobre los desmovilizados de las FARC ante la ONU, sus salidas en falso ante las críticas de distintos actores internacionales acerca de la situación de derechos humanos en Colombia y ahora, su negativa a reconocer la legitimidad de la protesta social y sus aparentes intentos por hacer ver en ella un complot terrorista del castrochavismo en cabeza de Petro y Maduro, la canciller se ha encargado de deteriorar aún más la imagen externa de Colombia y de confirmar la ceguera absoluta del gobierno Duque ante lo que está ocurriendo en el país”.

Los reclamos internacionales

  • “Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica”, dijo Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU.
  • “La UE condena los actos de violencia, que apuntan contra los derechos legítimos a manifestarse, a la libertad de reunión y de expresión. Es muy importante que se respeten estos derechos”, dijo el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano.
  • Todas las personas deben tener el derecho fundamental de manifestarse contra sus líderes electos. Estos ciudadanos protestaban por las reformas contra la clase trabajadora, por eso, perdieron la vida. Debe haber rendición de cuentas por la larga serie de abusos a los derechos humanos ejercidos por el gobierno colombiano”, escribió la congresista demócrata por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez.
  • “Con preocupación observo la represión desatada ante las protestas sociales ocurridas en Colombia. Ruego porque el pueblo colombiano retome la paz social e insto a su gobierno a que, en resguardo de los derechos humanos, cese la singular violencia institucional que se ha ejercido”, dijo el presidente de Argentina, Alberto Fernández.
  • El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó los casos de “tortura y asesinato cometidos por las fuerzas del orden” en el país, llamó también a respetar los derechos de quienes no protestan y exhortó a un cese de los bloqueos.

El gobierno colombiano reaccionó a la cadena de comunicados en la cuenta de Twitter del ministerio de Relaciones Exteriores: “La Cancillería reafirma en forma contundente que Colombia es un Estado de Derecho con instituciones democráticas sólidas y garantes de los derechos de los ciudadanos, incluido el de la vida de todas las personas y de la movilización pacífica” fue uno de los primeros.

Adam Isacson director del programa de Veeduría de Defensa (monitoreo de seguridad y cooperación militar de EE. UU. en América) de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), opina que la Cancillería se equivocó.

“Claudia Blum tuvo la tarea imposible de tratar de defender lo indefendible ante la comunidad internacional. En medio de las oleadas de noticias sobre las atrocidades cometidas por la fuerza pública colombiana, los tuits y las declaraciones que emanan de la Cancillería y de sus embajadas apenas han recibido atención. Mientras algunos diplomáticos individuales se esfuerzan por vender la versión del uribismo, la diplomacia colombiana en su conjunto parece ir a la deriva y responder con lentitud”.

Las respuestas más duras llegaron el viernes cuando la Cancillería acusó al presidente argentino, Alberto Fernández, de “intromisión arbitraria” y de buscar “alimentar la polarización”. Y en una carta, emitida por la embajada de Colombia en Berlín, el gobierno cuestionó los reclamos de un grupo de parlamentarios de la Cámara Baja alemana, que le pedían “aplicar las normas internacionales para la intervención policial en las protestas” y “tomar todas las medidas necesarias para garantizar que se esclarezcan los incidentes desde el 28 de abril hasta hoy (...) y que lleve a los responsables ante la justicia”.

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“Las acciones violentas merecen todo el rechazo de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional. El Gobierno nacional toma todas las medidas para garantizar la protesta pacífica. Nuestra Fuerza Pública cumple su misión constitucional de asegurar este derecho y los demás derechos fundamentales de la población. Sus acciones se rigen por rigurosos marcos legales de garantía y respeto frente a los Derechos Humanos. Las Altas Cortes han señalado también los límites que debe respetar la Fuerza Pública, y en línea con ellos se han definido los protocolos aplicados en el marco de manifestaciones públicas”, señalaba la misiva.

Mauricio Jaramillo, profesor de la U. del Rosario, autor del libro “Anatomía Heterodoxa del populismo”, explica que el manejo no solo fue equivocado sino contradictorio. “La cancillería puso en en evidencia su doble rasero con Argentina, particularmente; la declaración de Fernández es muy parecida a la de Chile y a la de la Unión Europea y solo la del mandatario argentina fue calificada de “injerencista”.

Frente a su respuesta sobre la protección de los derechos humanos en la que ha insisto el gobierno colombiano, Jaramillo opina que en ese tema hubo un retroceso. “Colombia había avanzado desde mediados de los 90 en tener una política de transparencia hacia afuera frente a los derechos humanos y el monitoreo internacional en esta materia; con sus reacciones nos lleva a los años de negación durante el gobierno Álvaro Uribe, en el cual abundaron los enfrentamientos con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas”.

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Para este experto en Relaciones Internacionales, lo más grave de todo es que el gobierno colombiano no corrige. “Esto le puede costar en su relación con Europa, sensible con el tema de derechos humanos e incluso con Estados Unidos, en donde los demócratas ya le piden cuentas. Pelearse con actores claves a nivel internacional es un error”. Y concluye, “esto termina por deslegitimar una estrategia ya agotada: el famoso cerco diplomático contra Venezuela, lleno de contradicciones. ¿Cómo Colombia piensa exigir respeto por los derechos humanos en Venezuela?”.

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