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Esta semana, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) está visitando la frontera para establecer un plan de acción regional que atienda a los refugiados venezolanos y que ejerza presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
Atender asertivamente el éxodo masivo de venezolanos se convirtió en una prioridad en la agenda nacional e internacional. Este jueves el secretario general, Luis Almagro, se reunió con el presidente Iván Duque para ofrecer protección a los distintos países que reciben migrantes.
Esta visita forma parte de la primera misión del grupo técnico de la OEA, coordinado por los políticos venezolanos David Smolansky y Betilde Muñoz-Pogossian. Smolansky, quien ha abanderado la lucha de los opositores en el exilio, insiste en que este éxodo es similar al de un país en guerra y que Colombia, siendo la nación que más migrantes ha recibido, debe comprender que mientras más rápido se recupere la democracia y la libertad en Venezuela se podrá frenar el flujo migratorio y surgirán incentivos para que vuelvan. Lea también: Secretario General de la OEA ya está en Colombia
Esta serie de reuniones en Cartegena, Bogotá y Cúcuta tienen como finalidad consolidar lo que Smolansky llama “mano amiga, brazo fuerte”: mano amiga para darles atención y protección a los migrantes y refugiados de la región; brazo fuerte para denunciar la dictadura y restablecer la democracia en Venezuela.
La presión internacional es clave. Para Smolansky, los países de América Latina deben implementar sanciones individuales y restringir el libre tránsito a funcionarios del régimen implicados en la violación sistemática de derechos humanos, la corrupción, el lavado de dinero y el narcotráfico. Medidas que ya han asumido Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
Iván Duque ha sido un aliado importante para “desestabilizar” al régimen. Desde sus épocas como senador hablaba de llevar a Maduro ante la máxima instancia penal internacional y halló un punto de encuentro con el expresidente Santos cuando desconoció al gobierno de Venezuela.
Desde la OEA, estas visitas buscan establecer criterios homogéneos en la región, es decir, implementar respuestas en cuanto a la regulación migratoria, permisos de trabajo y documentación de venezolanos.
La xenofobia también es un ítem importante dentro de la agenda. Gobiernos y sociedad civil deben impulsar campañas de solidaridad. “No hay que permitir que ese monstruo crezca”.
Por último, decretar una crisis de refugiados. Mientras Nicolás Maduro niega la crisis, los millones que huyen lo hacen en condición de pobreza o pobreza extrema, por lo que se hace cada vez más urgente implementar protocolos internacionales como la creación de un fondo que garantice infraestructura, alimentación, atención médica, educación y capacitación a los refugiados.
Desde 2014, cerca de 2,3 millones de personas han salido de Venezuela debido a las graves condiciones políticas, económicas y sociales que se viven en el país petrolero, según datos de la ONU. Colombia ha sido la nación más afectada por la ola migratoria, pues ha recibido más de un millón de migrantes venezolanos en los últimos años, de los cuales más de 820.000 han sido regularizados. Por ello, el Gobierno colombiano propuso la creación de un fondo multilateral para responder ante la emergencia y espera que en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas de designe un enviado especial del organismo para coordinar la respuesta de los países, a lo que el presidente de Colombia, Iván Duque, ha definido como un “éxodo masivo”.
Además de Colombia, Ecuador, Chile, Perú y Brasil se han visto afectados por la migración. El equipo que visita hoy el territorio colombiano también viajará a las otras naciones receptoras de venezolanos para elaborar un informe que defina los mecanismos de cooperación entre los diferentes gobiernos para responder a la llegada de los cientos de migrantes.
Entretanto, la formación opositora Vente Venezuela (VV) acudió hoy a la sede de la OEA en Caracas para entregar un documento en el que piden a la comunidad internacional actuar frente a las violaciones de derechos humanos que, según sus denuncias, se cometen en el país. “Tenemos derecho al amparo de los organismos internacionales en materia de derechos humanos (...) no estamos aquí pidiéndole favores a la comunidad internacional”, afirmó Luis Tarbay, dirigente de la agrupación. Además, Tarbay pidió a los 14 países americanos que conforman el Grupo de Lima respaldar estas denuncias, remitidas por Almagro ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Almagro y la delegación de la OEA viajarán la próxima semana a Ginebra para reunirse con la Organización Internacional de Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para plantear la urgencia de la ayuda internacional y explicar la situación que vive Colombia por la crisis migratoria. Le recomendamos: Las restricciones solo generan más migración ilegal