Médico que robó bebés durante dictadura de Franco fue absuelto por prescripción
Durante cerca de cinco décadas, ginecólogos y otros trabajadores de la salud en España robaron cientos de recién nacidos a mujeres a quienes hacían creer que sus hijos habían nacido muertos. Pese a que se comprobó que el exginecólogo, Eduardo Vela, fue responsable de estos delitos, quedó absuelto por prescripción de los hechos.
/AFP
Pese a quedar probado que fue responsable de los delitos, un tribunal absolvió este lunes a un exginecólogo de 85 años por la prescripción de los hechos, en el primer proceso celebrado por un caso de los "bebés robados" durante el franquismo en España.
En una decisión muy esperada en España, la corte madrileña absolvió al doctor Eduardo Vela, considerado uno de los principales actores del robo de niños, al estimar "que los hechos están prescritos", indicó en un comunicado.
Las juezas consideraron que quedó "probado de forma incontestable en el juicio que el doctor Vela" entregó a una bebé (Inés Madrigal, hoy de 49 años) en adopción "fuera de los cauces legales" y "sin que conste que hubiera mediado consentimiento ni tan siquiera conocimiento por parte de los progenitores del recién nacido", según el texto.
(Le recomendamos: Se la robaron cuando nació y hoy lleva al responsable a la justicia)
No obstante, "a la fecha de la presentación de la denuncia, abril de 2012, los delitos denunciados estaban prescritos", apuntó.
"Tengo una sensación agridulce", reaccionó ante periodistas Inés Madrigal, señalando estar "contenta" por el reconocimiento en el fallo de las acciones del doctor Vela.
Su abogado, Guillermo Peña, anunció que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo, alegando que "no puede prescribir un delito cuando alguien no es consciente de ser víctima del mismo", en referencia a que Madrigal solo supo en 2010 de la existencia de la red de robo de bebés, que pudo afectar a miles de familias durante la dictadura.
En su fallo, las juezas tomaron como punto de partida el año 1987, cuando Madrigal cumplió la mayoría de edad con 18 años y su madre le confesó que no era su progenitora, y por tanto consideraron los delitos prescritos.
(En contexto: El primer juicio de bebés en España)
"Hay que utilizar esta decisión como un trampolín (...) para llegar al Tribunal Supremo" y que este se pronuncie, acotó Madrigal, quien pese a sus esfuerzos nunca llegó a saber nada del paradero y la identidad de sus padres biológicos.
Primera demandante que logra llevar a juicio un caso semejante en España, Madrigal esperaba que este caso ayudara a reabrir entre 2.000 y 3.000 denuncias similares que fueron archivadas por falta de pruebas o por prescripción de los hechos.
"Si la palabra prescripción hoy se hubiese borrado, muchos otros casos tendrían una esperanza de ir adelante", se lamentó Irene Meca, una mujer de 65 años que se enteró a los 15 que era adoptada.
El fiscal pedía una pena de 11 años de cárcel contra Vela por los delitos de detención ilegal, suposición de parto y falsedad en documento oficial, además de una indemnización de 350.000 euros, por privar a la denunciante de su "identidad biológica y social".
Los hechos ocurrieron cuando el doctor Vela trabajaba en la clínica San Ramón de Madrid, donde en junio de 1969 entregó a la denunciante, recién nacida, mediante un acta de nacimiento falsificada.
(Ver más: Víctimas de robo de bebés piden ayuda)
En la entrega de la niña hizo de mediador un sacerdote jesuita, que conocía a Inés Pérez, por entonces de 46 años, casada y estéril. La mujer, y su marido Pablo Madrigal, ya fallecieron.
Durante el juicio, el doctor Vela, llegado en silla de ruedas, desconoció su firma en un expediente médico falsificado de Inés Madrigal, al contrario de lo que había declarado con anterioridad.
Asimismo, se interrogó como testigo a la periodista francesa Emilie Helmbacher, del canal público France 2, quien durante una investigación en diciembre de 2013 se reunió con el doctor Vela y le extrajo la confesión de que "regaló" a Inés Madrigal a su madre en junio de 1969.
En un capítulo menos conocido de la dictadura franquista (1939-1975), estos niños, una vez nacidos, eran sustraídos a sus padres y declarados muertos, sin que se aportaran pruebas. Eran entonces adoptados por parejas estériles, por lo general afectas al régimen franquista, y a menudo con la complicidad de la Iglesia católica.
Todo este tráfico perduró incluso en democracia, al menos hasta 1987, por razones económicas. Las proporciones de estos crímenes superan con creces el caso argentino, donde se estima que unos 500 bebés fueron robados durante la dictadura de 1976 a 1983.
Pese a quedar probado que fue responsable de los delitos, un tribunal absolvió este lunes a un exginecólogo de 85 años por la prescripción de los hechos, en el primer proceso celebrado por un caso de los "bebés robados" durante el franquismo en España.
En una decisión muy esperada en España, la corte madrileña absolvió al doctor Eduardo Vela, considerado uno de los principales actores del robo de niños, al estimar "que los hechos están prescritos", indicó en un comunicado.
Las juezas consideraron que quedó "probado de forma incontestable en el juicio que el doctor Vela" entregó a una bebé (Inés Madrigal, hoy de 49 años) en adopción "fuera de los cauces legales" y "sin que conste que hubiera mediado consentimiento ni tan siquiera conocimiento por parte de los progenitores del recién nacido", según el texto.
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No obstante, "a la fecha de la presentación de la denuncia, abril de 2012, los delitos denunciados estaban prescritos", apuntó.
"Tengo una sensación agridulce", reaccionó ante periodistas Inés Madrigal, señalando estar "contenta" por el reconocimiento en el fallo de las acciones del doctor Vela.
Su abogado, Guillermo Peña, anunció que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo, alegando que "no puede prescribir un delito cuando alguien no es consciente de ser víctima del mismo", en referencia a que Madrigal solo supo en 2010 de la existencia de la red de robo de bebés, que pudo afectar a miles de familias durante la dictadura.
En su fallo, las juezas tomaron como punto de partida el año 1987, cuando Madrigal cumplió la mayoría de edad con 18 años y su madre le confesó que no era su progenitora, y por tanto consideraron los delitos prescritos.
(En contexto: El primer juicio de bebés en España)
"Hay que utilizar esta decisión como un trampolín (...) para llegar al Tribunal Supremo" y que este se pronuncie, acotó Madrigal, quien pese a sus esfuerzos nunca llegó a saber nada del paradero y la identidad de sus padres biológicos.
Primera demandante que logra llevar a juicio un caso semejante en España, Madrigal esperaba que este caso ayudara a reabrir entre 2.000 y 3.000 denuncias similares que fueron archivadas por falta de pruebas o por prescripción de los hechos.
"Si la palabra prescripción hoy se hubiese borrado, muchos otros casos tendrían una esperanza de ir adelante", se lamentó Irene Meca, una mujer de 65 años que se enteró a los 15 que era adoptada.
El fiscal pedía una pena de 11 años de cárcel contra Vela por los delitos de detención ilegal, suposición de parto y falsedad en documento oficial, además de una indemnización de 350.000 euros, por privar a la denunciante de su "identidad biológica y social".
Los hechos ocurrieron cuando el doctor Vela trabajaba en la clínica San Ramón de Madrid, donde en junio de 1969 entregó a la denunciante, recién nacida, mediante un acta de nacimiento falsificada.
(Ver más: Víctimas de robo de bebés piden ayuda)
En la entrega de la niña hizo de mediador un sacerdote jesuita, que conocía a Inés Pérez, por entonces de 46 años, casada y estéril. La mujer, y su marido Pablo Madrigal, ya fallecieron.
Durante el juicio, el doctor Vela, llegado en silla de ruedas, desconoció su firma en un expediente médico falsificado de Inés Madrigal, al contrario de lo que había declarado con anterioridad.
Asimismo, se interrogó como testigo a la periodista francesa Emilie Helmbacher, del canal público France 2, quien durante una investigación en diciembre de 2013 se reunió con el doctor Vela y le extrajo la confesión de que "regaló" a Inés Madrigal a su madre en junio de 1969.
En un capítulo menos conocido de la dictadura franquista (1939-1975), estos niños, una vez nacidos, eran sustraídos a sus padres y declarados muertos, sin que se aportaran pruebas. Eran entonces adoptados por parejas estériles, por lo general afectas al régimen franquista, y a menudo con la complicidad de la Iglesia católica.
Todo este tráfico perduró incluso en democracia, al menos hasta 1987, por razones económicas. Las proporciones de estos crímenes superan con creces el caso argentino, donde se estima que unos 500 bebés fueron robados durante la dictadura de 1976 a 1983.