“No se puede evaluar el estado de los DD. HH. de la región sin independencia”: Paulo Abrão

Paulo Abrão, exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Foto: AP - David Zalubowski

Mucho ruido generó el anuncio que hizo hace unas semanas el secretario general de la OEA, Luis Almagro, cuando dijo que no prorrogaría el contrato del jurista brasileño Paulo Abrão, quien estaba a cargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a la existencia de múltiples denuncias por abuso laboral, entre otros temas, presentadas en su contra. Concluye así el mandato de cuatro años de un funcionario que, en entrevista con El Espectador, hizo un balance de su trabajo a cargo de la Comisión y negó cualquier acusación.

¿Por qué la CIDH desistió de seguir dando la pelea para que usted se quedara en la Comisión?

Entiendo que la CIDH ha realizado todos los esfuerzos por un diálogo institucional para ver su autonomía e independencia respetada, por más de 30 días, pero no logró ningún resultado.

Se cumplió su periodo al frente de la CIDH. ¿Cuál es el balance de estos años al frente de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión?

Llegué a la CIDH en medio de su mayor crisis financiera en su historia. Asimismo, en estos últimos cuatro años recibí el encargo de reformar la institución conforme a sus fines y objetivos. Elaboramos el Plan Estratégico 2017-2021 en el marco de una consulta amplia que involucró a diferentes sectores. Esta transformación institucional ha buscado ubicar a la Comisión una vez más en un lugar destacado en el escenario internacional. Empezamos a hacer uso pleno y eficaz de todos los pilares del mandato de la CIDH para que estuviese más presente toda la región. Actuamos contra las violaciones de los derechos humanos y con el mismo rigor y de manera equitativa en relación con todos los países, grandes y pequeños, sin importar colores o partidos de los gobiernos.

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Actuamos con firmeza y contundencia contra las violaciones de derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. También denunciamos las situaciones de Brasil, Estados Unidos, Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, México, entre otros, de manera consistente y con la misma metodología. Cumplimos con nuestro deber junto a las víctimas, ampliamos los canales de participación social y buscamos mantener una posición de diálogo constructivo con todos los Estados.

Para hacer un seguimiento efectivo de las situaciones y crisis de derechos humanos en los países, creamos nuevas herramientas de trabajo, como grupos de investigaciones independientes, foros sociales, mesas técnicas, equipos y mecanismos especiales, salas de situación para crisis, el SIMORE, observatorio de impacto y redes académicas. Hemos dado énfasis en la protección de las personas defensoras de derechos humanos y ampliamos el alcance temático del trabajo realizado, incluyéndose una nueva Relatoría Especial DESCA.

Además, adoptamos una política de transparencia sin precedentes con la rendición de cuentas y balances públicos cada seis meses en nuestro sitio web. Creamos y publicamos todos los criterios y procedimientos de trabajo de la CIDH para generar mayor seguridad jurídica y previsibilidad para todas las personas usuarias. La CIDH logró fortalecer el acceso a una justicia interamericana más efectiva y democráticamente más accesible para las víctimas de violaciones de derechos humanos en las Américas. Estamos haciendo una fuerte inversión en capacidades tecnológicas y fortaleciendo las capacidades de seguimiento de las recomendaciones y decisiones de la CIDH para incrementar la efectividad del SIDH.

Hoy contamos con un monitoreo integrado y oportuno capaz de responder en tiempo real a las crisis más relevantes de la región; un amplio programa de formación y promoción; una cooperación técnica fortalecida y resultados sin precedentes en el avance procesal de su Sistema de Casos y Peticiones y con las medidas cautelares evaluadas al día. Al 2016, la CIDH tenía innumerables casos con más de 20 años retenidos, sin solución. Ese retraso procesual se logró bajar en un 100% en la etapa de estudio inicial y progresivamente en las demás etapas. Las soluciones amistosas tienen ahora una mayor relevancia. Asimismo, incrementamos el presupuesto y el equipo técnico. Fue un gran trabajo y un tremendo esfuerzo colectivo en favor de la sociedad civil y de la protección de las víctimas de violaciones de derechos humanos.¿Qué temas quedan pendientes y cuáles son los más preocupantes?

Para el próximo ciclo histórico de la CIDH será necesario diseñar un nuevo Plan Estratégico. El primero estuvo concentrado en acciones para generar y fortalecer una institucionalidad, crecer de manera sostenible y reposicionar la relevancia de la CIDH en la región. A partir de los resultados obtenidos en la primera etapa, la CIDH tiene mejores condiciones para ampliar sus horizontes.

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Pienso que hay dos desafíos centrales: la legitimidad y la eficiencia. En materia de legitimidad, se tiene que consolidar la autonomía administrativa, en modelo similar al estatus jurídico-administrativo de la Corte IDH: la CIDH debería poder gerenciar su presupuesto y personal sin someterse a las injerencias y oscilaciones de los órganos políticos de la OEA, este es el último paso para una autonomía e independencia real. Lo que ha pasado en mi situación de una sanción previa sin debido proceso es inadmisible. Quizá también la CIDH deba pensar en tener una presidencia con dedicación exclusiva o crear oficinas de enlace subregionales.

En materia de eficiencia, se debe pensar en nuevos desarrollos prácticos para ejercer los mandato de monitoreo, sistema de justicia regional y cooperación técnica. Ciertamente, alcanzamos por primera vez un monitoreo regional integrado, con especialistas para cada tema prioritario, todavía hay que avanzar en consolidar los procesos de producción, sistematización y análisis de la información por medio del uso de tecnologías que permitan a la CIDH tener un panel informativo de las principales situaciones de violaciones en la región y problemas estructurales que afectan a los derechos humanos.

Las recientes protestas consecutivas en la región también reveló la necesidad de desarrollar mejores metodologías de respuestas a crisis. A su vez, el sistema de peticiones y casos vive una encrucijada. Si bien triplicamos la productividad y recuperamos la proyección de esperanza como último recurso de justicia para las víctimas, el volumen de demanda sigue creciendo y hay una permanente tensión entre seguir el orden cronológico de los casos o utilizarse de los per saltum para que el sistema pueda dar construcciones actuales. La gran mayoría de los casos son resueltos y procesados en la CIDH y un mínimo de situaciones llega a la Corte.

Elaboramos un gran plan de fortalecimiento del uso de las soluciones amistosas como mecanismo de justicia célere y ajustada al caso concreto sin prescindir de los altos estándares y con reparaciones integrales a las víctimas. En materia de cooperación, la CIDH podría constituirse en el centro hemisférico para los grandes diálogos regionales para intercambios de buenas prácticas. Estaba planeada una Mesa Permanente de Intercambio de Políticas Públicas en Derechos Humanos, para registro de proyectos y mostrar que es posible transformar la realidad de atención a las víctimas a partir de experiencias concretas.

¿Cómo afectó la pandemia la situación de derechos humanos en la región?

Desde su inicio, identificamos que la pandemia de COVID-19 representaría, a la vez, una crisis de salud pública y una profunda crisis social y económica, con graves repercusiones para la protección integral de los derechos humanos de las poblaciones y en las capacidades de respuesta de instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos de la región. Hemos reconocido también que las fuertes desigualdades sociales que ya existen en las Américas, patrones de vulneración de derechos y obstáculos al pleno acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca), se han agravado con el advenimiento de la emergencia sanitaria.

En la CIDH, tuvimos un desafío de adecuación institucional y para esto y se creó una Sala de Coordinación y Respuesta de Oportunidad y Respuesta Integrada a Crisis en relación con la pandemia (SACROI COVID-19) que identificó 3 ejes estructurantes de preocupación: Amenazas a los derechos humanos a la salud, la vida y la integridad personal así como a otros derechos directamente relacionados los impactos socioeconómicos de la pandemia; riesgos relacionados con la limitación de los derechos civiles y políticos en el contexto de la pandemia y reglas de excepción y suspensión de derechos; y mayores riesgos de violaciones de los derechos de los grupos más vulnerables, como las personas que viven en la pobreza y la pobreza extrema; personas mayores con comorbilidades; trabajadores y trabajadores sanitarios informales y esenciales; migrantes, personas situación de movilidad; pueblos indígenas y tribales; personas y comunidades afrodescendientes; entre otros.

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Con la REDESCA, allá publicamos 2 resoluciones normativas inéditos en materia general de Pandemia y DDHH y en materia específica de los Derechos de las Personas con COVID. Estos nuevos estándares y recomendaciones fueron aplicados y seguidos por altos órganos del sistema de justicia, del legislativo y por los gobiernos de la región.

La situación de los migrantes empeoró, ¿qué hacer frente a esta problemática que sumada al COVID-19 genera una verdadera crisis humanitaria?

En términos cuantitativos los migrantes, refugiados y desplazados internos en las Américas, ya estaban alcanzando sus mayores volúmenes históricos, afectando directamente a millones de personas. Y la emergencia sanitaria vinculada a la pandemia de COVID-19 es solo una parte. Además de la crisis sanitaria, mi preocupación se centra en los efectos sociales y económicos de la crisis y en las consecuencias del debilitamiento de las redes de protección social y derechos humanos para las personas en situación de movilidad.

Tengo especial preocupación con las principales crisis humanitarias y de desplazamiento humano en las Américas. Entre estos, por ejemplo, la crisis venezolana, que ha desplazado a más de 5 millones de personas dentro y fuera de la región. Junto a Venezuela, la CIDH da seguimiento a la crisis desencadenada por la profunda represión estatal en Nicaragua, que tuvo como epicentro los hechos de represión de 2018 y cuyos efectos aún se sienten hoy. Ambas situaciones, por ejemplo, tuvieron una respuesta firme y estructurada por parte de la CIDH en la estructuración de dos mecanismos especiales de seguimiento: MESENI y MESEVE.

Otros contextos estructuralmente complejos para la movilidad humana en la región se ubican en regiones como el Triángulo Norte de Centroamérica, profundamente afectado por factores de desplazamiento forzado vinculados al crimen organizado. Abarcan situaciones como México como importante país de tránsito migratorio, con regiones de alto riesgo de violencia y violación de los derechos de las personas migrantes, y tensiones en la frontera sur de Estados Unidos.

Todos los desafíos de protección fueron exacerbados por Pandemia. Entre sus focos históricos, las situaciones de detención por motivos puramente migratorios, combatidas por la Comisión, se han convertido en focos de riesgo de transmisión del COVID-19; las prácticas de expulsión sumaria y fallas en el debido proceso, que violan las recomendaciones, los estándares y los Principios Interamericanos, y los hacen aún más rechazables. También observamos fenómenos recientes, vinculados a la propia pandemia como factor de desplazamiento forzado, además de un agravamiento de las condiciones de seguridad y acceso a los derechos de migrantes, refugiados y desplazados internos.

Uno de los nuevos fenómenos que me preocupa son las migraciones masivas de retorno, con barreras impuestas por los países de tránsito y muchas veces por los estados de nacionalidad de estas personas. Un reflejo más amplio de las medidas de cierre de fronteras como resultado de la pandemia, que, al igual que otras políticas de libertades, afecta desproporcionadamente más gravemente a las personas en contextos de movilidad humana.

Muchas voces como HRW argumentan que la negativa de Almagro a renovar su mandato frente a la CIDH fue una violación de la independencia y autonomía de la Comisión.

¿Ha hablado usted con el secretario general de ese tema?

Históricamente siempre existieron presiones e intereses muy poderosos contra una CIDH activa, más fuerte y eficiente. La comunidad regional de derechos humanos debe estar muy atenta y vigilante ante este grave precedente. El principal problema de la no renovación de mi mandato es la falta de respeto a la autonomía e independencia de la Comisión para seleccionar y renovar la Secretaría Ejecutiva de su confianza. No es posible hacer una evaluación adecuada de la situación de los derechos humanos en la región sin independencia técnica, material y funcional. En segundo lugar, hay también una implicación hacia el futuro, porque no puede pasar que la presentación de denuncias no investigadas sea fundamento para un retiro funcional de un secretario ejecutivo de la CIDH sin sujeción al debido proceso.

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En tercer lugar, la flexibilización de la fuerza normativa del reglamento de la CIDH tiene impactos sobre todos los instrumentos de trabajo de protección de la CIDH. No he recibido ningún contacto del secretario general sobre la decisión de separarme de la Organización.

Lo acusó Almagro de tener cerca de 60 acusaciones abiertas por abuso laboral, entre otros temas. ¿En qué van las investigaciones por estas denuncias?

Al inicio de 2019, un grupo de 10 a 12 funcionarios han buscado al secretario general para plantear reclamos. Seguimos un proceso informal de mediación de conflictos con la Oficina de la Ombudsperson, lo cual hemos tomado con mucha diligencia y seriedad, a pesar de que nunca hemos acudido a conocer situaciones individualizadas y sí apenas a recibir informaciones y recomendaciones generales sobre el ambiente laboral, a excepción de dos casos abogados por la ombudsperson. Así que estas recomendaciones generales fueron implementadas y se agregaron otras sugeridas por el propio equipo, en un amplio proceso de consultas internas.

La última comunicación sustantiva fue en octubre del año pasado. Sorpresivamente se presentó un informe, a la víspera de la renovación contractual de mi segundo mandato, hablando de 61 personas que acudieron a ver la Ombudsperson ¬por diversas razones vinculadas al funcionamiento de la Secretaría¬, no necesariamente en mi contra.

Recomendé muchas veces a los funcionarios para que buscaran a la Oficina como lugar presumiblemente neutro e imparcial. Así que no hay 61 denuncias pendientes. La Ombudsperson no realiza investigaciones y si apenas recibe eventuales quejas. Durante todo mi primer mandato, no he sido notificado de cualquier denuncia o investigación administrativa abierta por funcionarios en mi contra junto a las instancias correspondientes - que en ese caso sería la Oficina de la Inspectoría.

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Respeto profundamente a las personas que tienen reclamaciones en contra de mi gestión y las quejas deberían haber sido atendidas inmediatamente por los canales correspondientes e independientes, con garantías de confidencialidad. Tengo una trayectoria personal y profesional de 25 años enfocada en la defensa de los derechos humanos de las personas y en la realización de la justicia.

La CIDH me eligió con el difícil mandato de liderar un proceso de transformación institucional, para reorganizar el marco institucional y reposicionar su presencia en el escenario regional. Los cambios institucionales generan tensiones internas naturales. Puede haber otras situaciones más allá de aquellas vinculadas a estos cambios, pero no reconozco las acusaciones de acoso laboral.

En la propia SE/CIDH he creado canales para recibir demandas y quejas, sea por atención directa, sea por procesos de escucha con el apoyo del Departamento de Recursos Humanos de la OEA. A mi me parece que el sistema de resolución de conflictos de la OEA no está funcionando adecuadamente y amerita una revisión profunda.