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La justicia iraní anunció la ejecución en la horca de dos hombres declarados culpables de haber matado a un paramilitar durante las manifestaciones desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini, una decisión que generó indignación internacional. Estas muertes elevan a cuatro el número de ejecutados desde el inicio del movimiento de protesta, a mediados de septiembre.
Mizan Online, la agencia de información del poder judicial, informó que “Mohammad Mahdi Karami y Seyyed Mohammad Hosseini, los principales autores del crimen que condujo al martirio de Ruhollah Ajamian, fueron ahorcados en la mañana”.
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Los dos hombres estaban acusados de haber matado a este miembro de la milicia paramilitar Basij, ligada a los Guardianes de la Revolución, el 3 de noviembre, en Karaj, una ciudad al oeste de Teherán. El tribunal de primera instancia los condenó a muerte el 4 de diciembre. El veredicto fue confirmado el 3 de enero por la Corte Suprema de Irán, un proceso calificado por “expeditivo” por parte de las ONG defensoras de los derechos humanos.
El Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos denunció juicios “basados en confesiones extorsionadas”. “Es impactante que Irán continúe ejecutando a manifestantes, pese a la indignación internacional”, señaló el organismo en Twitter.
La Unión Europea se mostró “consternada” por las ejecuciones, indicó en un comunicado Nabila Massrali, portavoz del jefe de la diplomacia comunitaria, el español Josep Borrel. La Unión Europea “pide una vez más a las autoridades iraníes que pongan de inmediato fin a la práctica altamente condenable de pronunciar y ejecutar condenas a muerte contra los manifestantes”, aseveró el vocero.
Francia calificó las ejecuciones de “repugnantes” y los Países Bajos anunciaron la convocación del embajador de Irán. Por su parte, la ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, afirmó que las ejecuciones fortalecen la voluntad de Berlín de “aumentar la presión a Teherán dentro de la Unión Europea”.
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El número de personas condenadas a muerte en Irán
Desde el inicio de las manifestaciones, la justicia condenó a muerte a 14 personas vinculadas con las protestas, según un recuento de la AFP, basado en informaciones oficiales. De ellas, cuatro han sido ejecutadas, otras dos recibieron una confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema, seis esperan un nuevo proceso y dos pueden apelar la decisión. Unos activistas del país aseguran que otra decena de personas se enfrentan a acusaciones que pueden comportar la pena capital.
La República Islámica se ha visto sacudida por un movimiento de protestas tras la muerte de Mahsa Amini, una kurda de 22 años que había sido detenida por vulnerar supuestamente el código de vestimenta, que incluye el uso del velo. Irán califica la movilización como “disturbios” y afirma que son atizados por países extranjeros y grupos de la oposición, y dice que cientos de personas han muerto en los altercados, entre ellos miembros de las fuerzas de seguridad.
Las ejecuciones de este sábado se producen pese a una campaña de algunas ONG para convencer a Teherán de perdonar a Mohammad Mahdi Karami y Seyed Mohammad Hosseini. Amnistía Internacional denunció un proceso “injusto”. A mediados de diciembre, el padre de Mohammad Mahdi, Mashallah Karami, difundió un video en redes sociales en el que imploraba a las autoridades anular la pena de muerte contra su hijo. El letrado, Mohammad Aghasi, escribió en Twitter que Karami no pudo reunirse con su familia antes de su ejecución. Según el grupo Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, Karami tenía 22 años y, de acuerdo a oenegés, Hosseini tenía 39.
Sanciones internacionales contra Irán
El director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, afirmó que los dos habían sido “sometidos a tortura y condenados tras un simulacro de juicio”. Teherán ya ha sido objeto de una serie de sanciones internacionales, como reacción a la represión contra las manifestaciones.
El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, anunció este sábado que nombró como nuevo jefe de la policía nacional a Ahmad-Reza Radan. En 2010, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en su lista negra por violar los derechos humanos, tras la polémica reelección del presidente ultraconservador Mahmud Ahmadinejad, que dio lugar a importantes protestas reprimidas por el régiemn. Ese mismo año fue sancionado por la Unión Europea.
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