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Una investigación conjunta entre Human Rights Watch, el Centro de Salud Humanitaria y el Centro de Salud y Derechos Humanos de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, reveló que la combinación de la severa escasez de medicamentos y alimentos en Venezuela, sumado a la propagación de enfermedades representa una “emergencia humanitaria compleja” para el país, y exige una respuesta urgente de la comunidad internacional y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Según los expertos, durante el gobierno de Nicolás Maduro, las autoridades venezolanas “no solo demostraron que no tienen la capacidad para ponerle fin a la crisis, sino que la han exacerbado al negarla y censurar información sobre la magnitud y la urgencia de los graves problemas que enfrenta el país”.
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Dentro de las alarmantes cifras que exponen en el informe titulado “La emergencia humanitaria en Venezuela: se requiere una respuesta a gran escala de la ONU para abordar la crisis de salud y alimentaria”, se evidencia que la mortalidad materna e infantil ha incrementado, así como los brotes de enfermedades que son prevenibles con vacunas, como el sarampión (con más de 6.200 casos reportados confirmados desde junio de 2017) y la difteria (con cerca de 1.500 casos confirmados desde 2016).
Las estadísticas oficiales más recientes del Ministerio de Salud de Venezuela indican que, en 2016, la mortalidad materna aumentó un 65 % y la mortalidad infantil creció un 30 % respecto de 2015. Aunque la mortalidad infantil se ha elevado en toda la región, Venezuela es el único país de América del Sur donde ha vuelto a valores que se habían registrado por última vez en la década de 1990.
Los expertos también evidenciaron un aumento en la transmisión de enfermedades infecciosas como la malaria y la tuberculosis. Pero eso no es todo. La inseguridad alimentaria y la desnutrición infantil han alcanzado niveles inquietantes: entre 2015 y 2017, el 11,7 % de la población venezolana —3,7 millones de personas— estaba subalimentada.
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“Por más que lo intenten, las autoridades venezolanas no pueden ocultar la realidad del país”, expresó Shannon Doocy, PhD y profesora asociada de Salud Internacional de la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, quien realizó investigaciones en la frontera de Venezuela. “El colapso absoluto del sistema de salud de Venezuela, combinado con la escasez generalizada de alimentos, está agudizando el calvario que viven los venezolanos y poniendo a más personas en riesgo. Necesitamos del liderazgo de la ONU para contribuir a terminar con esta grave crisis y salvar vidas”, asegura.
Frente a esto, los expertos afirman que es necesario que la ONU, en cabeza de su Secretario General, António Guterres, “declare la emergencia humanitaria compleja en Venezuela ” y lidere esfuerzos para implementar una respuesta humanitaria a gran escala.
Asimismo, permitiría encargarle al Coordinador de Socorro de Emergencias de la ONU que aborde la crisis como un asunto prioritario, que requiere movilización de esfuerzos y recursos de asistencia humanitaria a gran escala. Y además, podría urgirles a las autoridades venezolanas que publiquen datos oficiales sobre enfermedades, epidemiología, seguridad alimentaria y nutrición para que la ONU pueda llevar a cabo una evaluación completa de las necesidades y la magnitud de la crisis.
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“La Secretaría General de las Naciones Unidas debe advertir sobre lo que está ocurriendo e implementar un plan de asistencia de gran escala para Venezuela que sea neutral, independiente e imparcial”, apuntó el Dr. Paul Spiegel, director del Centro por la Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins. “Desde un punto de vista técnico, Venezuela está enfrentando una emergencia humanitaria compleja; si el Secretario General de la ONU no lo declara así oficialmente, la participación a gran escala de la ONU, que es imprescindible para abordarla, muy probablemente no se dé”.
El informe también señala que el Grupo de Lima, conformado por 14 países de la región con el fin de ayudar a encontrar salidas a la crisis venezolana, deberían ahondar sus esfuerzos en canalizar asistencia humanitaria hacia el país a través de la ONU, y garantizar "que sea acorde con los principios de humanidad, neutralidad, independencia e imparcialidad en la provisión de asistencia".
Otros cifras importantes:
En 2018, la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU (FAO) indicó que, entre 2015 y 2017, casi el 12 % de los venezolanos —3,7 millones— estaban subalimentados, comparado con menos del 5 % entre 2008 y 2013.
Una encuesta representativa a nivel nacional, realizada por tres prestigiosas universidades de Venezuela, concluyó que el 80 % de los hogares venezolanos están en situación de inseguridad alimentaria.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la cantidad de casos confirmados de malaria en Venezuela ha aumentado en forma constante en los últimos años, de 36.000 en 2009 a más de 414.000 en 2017.
La cantidad de casos de tuberculosis informados en Venezuela aumentó de 6.000 en 2014 a 7.800 en 2016, y en informes preliminares se indica que hubo más de 13.000 en 2017. La tasa de incidencia de la tuberculosis ha aumentado en forma constante desde 2014, y en 2017 llegó a ser de 42 cada 100.000 personas, la más alta en Venezuela en 40 años.
El éxodo masivo de venezolanos —más de 3,4 millones en los últimos años, según la ONU— está desbordando los sistemas de salud de los países receptores.
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Venezuela es el único país del mundo donde numerosas personas con VIH se han visto obligadas a suspender su tratamiento debido a la falta de disponibilidad de medicamentos antirretrovirales. Un informe de 2018 de la OPS estimó que casi nueve de cada diez venezolanos con VIH registrados por el Gobierno no estaban recibiendo tratamiento antirretroviral, aunque se desconoce la cantidad total de personas que necesitan estos medicamentos.
Este informe fue elaborado a partir de entrevistas a más de 150 personas, entre las que se encuentran profesionales de la salud, ciudadanos venezolanos que habían llegado recientemente a Colombia y Brasil en busca de atención médica y/o alimentos, representantes de organizaciones humanitarias internacionales y no gubernamentales, funcionarios de Naciones Unidas y funcionarios de los gobiernos de Brasil y Colombia. De igual forma, se analizaron datos aportados por fuentes oficiales, hospitales, organizaciones nacionales e internacionales y organizaciones no gubernamentales, que exponían la situación en el vecino país.
Puede leer el informe completo en el siguiente enlace: