Avanzar en un plan regional sobre movilidad humana, promover la creación de un fondo común para responder a las migraciones, crear una gran base de datos sobre migraciones, facilitar las homologaciones de títulos universitarios, impulsar políticas para la inclusión, luchar contra la apatridia (situación en la que no se posee ciudadanía ante ningún Estado) y garantizar los derechos de los migrantes. Estas son algunas de las medidas a las que el Parlamento Andino y el Parlamento Centroamericano instan a sus países miembro.
Así quedó consignado en la declaración conjunta publicada el pasado 29 de junio, tras el cierre de sesiones ordinarias. En general, los parlamentarios de los dos organismos quieren que la movilidad humana sea un asunto transversal a todos los procesos de integración de la región y que se aborde con enfoque de derechos humanos.
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El Parlamento Andino es el órgano de control político de la Comunidad Andina (CAN) y el Parlamento Centroamericano lo es, a su vez, del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), sistemas de integración donde cooperan los países de las respectivas regiones. Estos parlamentos están conformados por senadores y congresistas de los países miembro. Los dos órganos acordaron acercarse, además, con la creación de una Red Latinoamericana de Parlamentarios para una Migración Segura, Ordenada y Regular, la cual tuvo el visto bueno de la oficina de la ONU para las migraciones OIM.
El Director Regional @pisani_marcelo y la presidente del Parlamento Andino @GloriaFlorezSI conversaron sobre una Red Latinoamericana de Parlamentarios para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Acompañó @KarinaSosa_2, en representación de @PARLACEN. pic.twitter.com/8JnOrfE90f
— OIM América del Sur 🇺🇳 (@OIMSuramerica) June 29, 2023
Ya existen precedentes de instrumentos jurídicos internacionales para la migración: desde 2015, el Parlamento Andino dispone de un Estatuto Andino de Movilidad Humana. Sin embargo, la presidenta del parlamento Andino, Gloria Flórez Schneider, senadora del Pacto Histórico, considera necesario que la política migratoria responda a retos actuales y, sobre todo, a lo que ella considera como una “crisis migratoria”.
“La declaración responde, en primer lugar, a la precarización de las migraciones que ocurren, tanto en América Latina y el Caribe como en regiones externas como Asia y África”, sostiene la congresista. Flórez considera un desacierto que algunos Estados aborden la migración como un asunto de seguridad y hagan a un lado las necesidades y derechos de quienes migran. La declaración llama a que, por el contrario, se facilite la movilidad humana.
Lea la declaración completa aquí:
No más sanciones económicas
Flórez afirma que en la declaración tiene en cuenta “la profundización de los factores estructurales que causan esta crisis”, las cuales son situaciones de inestabilidad política en los países de origen y también sanciones económicas que se imponen sobre esos países. En efecto, el punto 14 de la declaración llama a los países de la región y a los miembros de la ONU a “eliminar la práctica de imponer sanciones económicas a países inmersos en conflictos que consideren lesivos a sus intereses porque castigan injustamente a sus poblaciones provocando crisis sociales y económicas que resultan en procesos migratorios masivos e incontrolados”.
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Aunque no se mencionan Estados específicos, esa tesis ha sido el argumento para rechazar las sanciones económicas de Estados Unidos y la Unión Europea sobre países como Cuba o Venezuela. De hecho, Alberto Fernández, presidente de Argentina, sostuvo en la última cumbre del Mercosur que la migración masiva desde Venezuela era “el resultado de las sanciones económicas”. Y, aunque no puede afirmarse que el fenómeno migratorio tenga una única causa, castigar una economía de por sí precarizada podría aumentar la inestabilidad política. Precisamente por eso, el gobierno Biden ha afirmado que podría retirar las sanciones conforme se restablece la democracia en Venezuela.
Para Donna Catalina Cabrera, antropóloga especializada en migraciones contemporáneas, este es un aspecto particularmente positivo de la declaración. “Es clave reconocer las implicaciones que las decisiones de países como Estados Unidos [promotor de políticas de integración en América Latina] y Canadá pueden estar teniendo en lo que acontece en los diferentes países de origen de las personas migrantes”, afirma Cabrera, quien, además, destaca que la respuesta internacional debe a la migración debe promover la responsabilidad de protección de los países.
“Panamá se volvió la frontera sur de los Estados Unidos”
La congresista Gloria Flórez espera que esta declaración permita orientar políticas que mejoren lugares de alto riesgo como el Tapón del Darién. Si bien este no es el único paso migratorio de esa naturaleza, ha sido el más visible.
De acuerdo con el Servicio Nacional de Migración de Panamá, más de cien mil personas cruzaron de manera irregular el selvático paso fronterizo del Darién en el primer trimestre de 2023, seis veces más que las que pasaron en el mismo periodo en 2022. De estas personas, la mitad son núcleos familiares y menores no acompañados. Mientras que antes la mayoría de las personas que arriesgaban su vida al hacer esa ruta eran haitianas, hoy son venezolanas. Aun así, siguen cruzando migrantes africanos, cubanos, afganos e, incluso, colombianos que buscan una mejor vida en el hemisferio norte.
Y pese a la reapertura de la frontera colombo-venezolana y al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países, las necesidades humanitarias de quienes migran no han cesado. Aún así, en el caso colombiano, se han cerrado centros fronterizos de asistencia en salud para migrantes.
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Ante esta situación, los parlamentos responden con la propuesta de un fondo común que permita una administración regional de los recursos provenientes de cooperación internacional para ayuda humanitaria. En ese fondo, la pauta la marcarían los gobiernos latinoamericanos según acuerden en los órganos de integración regional.
Finalmente, la declaración confirmó que los dos parlamentos ven con “preocupación” los Centros de Procesamiento de Migrantes o las oficinas de Movilidad Segura. Se trata de una estrategia del gobierno estadounidense con la cual se espera que personas de distintas nacionalidades que quieren solicitar asilo en Estados Unidos se alojen temporalmente en campos de refugiados en otros países hasta recibir respuesta a la solicitud y de esta manera no deban pasar por rutas irregulares. Los pilotos serán en Colombia y Guatemala. Sin embargo, esta estrategia ha sido criticada por ser una forma riesgosa de “externalizar las fronteras”. Concluye la declaración que esos centros serán “uno de los ejes centrales de la discusión de la Cumbre Regional sobre Migraciones”, cuya fecha y lugar está por anunciarse.
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