Con el acuerdo petrolero entre el gobierno interino de Venezuela y el de Donald Trump también volvió a encenderse la maquinaria de las promesas. El oficialismo habla de una reactivación económica que generaría hasta “3,6 millones de empleos directos, indirectos y adicionales” derivados de la actividad petrolera, en palabras del diputado venezolano Miguel Pérez Abad.
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“Aquí lo que hace falta es empleo, pero del que pague en dólares para llenar la nevera y comprarles las cosas a los muchachos”, le dice Xiomara Benítez, ama de casa y madre de tres hijos en el estado Miranda, a “El Pitazo”. “Lo que quiero es que me llamen a trabajar, volver a ponerme mis botas, mi casco y ganarme el pan dignamente”, agrega por su lado Caros Mendoza, un soldador desempleado.
Para una población golpeada por años de crisis, la idea de volver a vivir un “boom” petrolero suena como el alivio definitivo. Sin embargo, cuando se lee la letra pequeña del acuerdo, y se contrasta con la realidad del país, la pregunta inevitable es una sola: ¿cuántos de esos beneficios llegarán realmente al bolsillo del ciudadano de a pie?
La respuesta corta es que muy poco. A pesar del entusiasmo oficial, el modelo bajo el cual se estructuró este convenio está lejos de generar el bienestar o la estabilidad salarial que la gente necesita para salir adelante.
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El “empleo petrolero” ya no es garantía de salir de la pobreza
Históricamente, la producción petrolera ha activado cadenas de proveedores de transporte, construcción, mantenimiento y otros servicios en el país, lo que ha generado empleo formal en Venezuela y donde se solía imprimir el boleto de ascenso de la clase media. Eso cambió.
El antecedente más claro de lo que espera a los trabajadores está en los proyectos ya operados por North American Blue Energy Partners (NABEP), la firma encargada de ejecutar el plan de explotación. Según reportó Infobae en agosto, en campos de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, los sindicatos petroleros denuncian que los obreros cumplen jornadas extenuantes bajo esquemas de siete días de trabajo por siete de descanso, ganando apenas unos USD 600, sin seguro médico familiar, sin bonos de producción y al margen de la Convención Colectiva Petrolera.
A primera vista, USD 600 pueden parecer una fortuna frente al salario mínimo oficial congelado en 130 bolívares (menos de USD 1 al mes). Pero la realidad de los comercios y mercados en Venezuela dice otra cosa: la canasta alimentaria familiar supera los USD 670 mensuales. Es decir, ni siquiera el empleado directo de la petrolera que extraerá el recurso ganará lo suficiente para cubrir la comida de su hogar. Si ese es el estándar laboral en las operaciones actuales, hay pocas razones para creer que los nuevos campos vayan a traducirse en salarios dignos para el resto de la población, cuando los términos y las condiciones ni siquiera los fijará el gobierno venezolano.
No habrá efecto cascada por ahora
Muchos comerciantes, mecánicos y pequeños empresarios albergan la esperanza de que la llegada de capital extranjero reactive los negocios del barrio por un “efecto derrame”. Sin embargo, la naturaleza del acuerdo frena esa posibilidad.
Como señala Luis José González, doctor en ciencias sociales de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), la inversión sí puede reactivar la cadena de suministro local y dar oxígeno a pymes que orbitan sobre los centros operativos, pero no en las dimensiones que el chavismo en el poder está hablando. Esto se debe esencialmente a la naturaleza del acuerdo, que es extractivista.
“El 100 % de las asignaciones de capital y los proyectos anunciados para Venezuela se concentran en exploración y producción, sin una sola mención a la rehabilitación profunda de refinerías, a la ampliación de complejos petroquímicos o a la construcción de nuevas instalaciones. El país se convierte así en exportador de materia prima barata e importador de derivados caros, perpetuando una dependencia que lo condena a ser patio trasero de la industria occidental”, señala en su análisis.
En términos más sencillos, Venezuela operará únicamente como un exportador de materia prima barata. La cadena de contratistas e industrias locales, que antes generaba miles de empleos formales, seguiría paralizada. Según Gonzáles, las empresas petroleras “compran” servicios de ingeniería, tecnología y perforación a sus propias casas matrices en el exterior o a multinacionales que facturan desde afuera de nuestras fronteras. Es decir, los fondos de capital entran por una mano y salen por otra en el extranjero.
Las transacciones se liquidan en cámaras de compensación de Nueva York o Londres y la banca venezolana no ve ni un dólar. De esta manera, la moneda nacional no se fortalece y el dinero circula en un circuito cerrado internacional sin tocar al comercio del barrio, que es la ilusión de la gente. Además, el experto destaca que, con los términos actuales, Venezuela deberá importar todavía la gasolina y el diésel procesados a precios internacionales caros. Para el ciudadano común, la escasez y el alto costo del combustible no van a desaparecer pronto.
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¿Dinero para agua, luz y hospitales?
Existe también la expectativa de que, al vender más petróleo, el Estado tendrá más ingresos para reparar los golpeados servicios públicos o mejorar las pensiones. No obstante, la experiencia de acuerdos similares en la región deja una advertencia clara.
En modelos de contrato, donde las petroleras privadas asumen la inversión bajo condiciones de alto riesgo, estas empresas suelen recuperar primero hasta el 75 % de sus costos antes de repartir beneficios con el Estado, como es el caso de Guyana. De lo que queda, el gobierno apenas capta una fracción mínima del margen neto. Esto significa que el volumen de dinero que entrará al tesoro público para inversión social será considerablemente reducido.
Además, el dinero que logre captar el Estado difícilmente se traducirá en mejores hospitales o un sistema eléctrico estable. La tendencia del gasto público, no solo en el caso venezolano ha sido quemar los ingresos para sostener la burocracia o en el reparto discrecional de bonos de emergencia.
Sin reglas transparentes ni inversión en infraestructura, la renta petrolera volvería a diluirse. Expertos insisten en que el acuerdo petrolero puede ofrecer oxígeno financiero, pero mientras esté diseñado bajo un esquema extractivo, el ciudadano de a pie quedará al margen de las ganancias.
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