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El nombre de Alejandro Betancourt López está hoy en boca de todas las personas que siguen de cerca el polémico acuerdo petrolero entre Venezuela y el gobierno de Donald Trump. Y es que el empresario de venezolano, de 46 años, se convirtió en la pieza clave para conectar los intereses de la Casa Blanca con el gobierno interino de Delcy Rodríguez, según ha informado la prensa internacional. Su historia incluye contratos millonarios en su país gracias al chavismo e investigaciones judiciales abiertas en Europa.
Nacido en Caracas en 1980, Betancourt hizo su primera fortuna antes de cumplir 30 años. Su empresa Derwick Associates, recién fundada y sin experiencia previa, obtuvo al menos 11 contratos sin licitación por unos USD 5.000 millones para construir plantas termoeléctricas durante la emergencia energética decretada por Hugo Chávez, según reconstruyó El País.
La ONG Transparencia Venezuela calculó el sobreprecio de esos contratos en unos USD 2.900 millones, y varias de esas plantas nunca llegaron a funcionar como se prometió. De ahí nació el apodo con el que se le conoce hasta hoy: el “bolichico”, término que designa a los jóvenes empresarios que se enriquecieron con contratos públicos durante el chavismo.
De la electricidad pasó al petróleo, sector donde hoy concentra su fortuna a través de North American Blue Energy Partners (NABEP), la segunda mayor petrolera privada de Venezuela, según detalló Business Insider España. Según las informaciones citadas por ‘The New York Times’ y otros medios estadounidenses, produce actualmente alrededor de 200.000 barriles diarios.
De acuerdo con France 24, ese historial de incremento de producción resulta especialmente relevante para Washington. Mientras la industria petrolera estatal venezolana permanece muy por debajo de su potencial histórico, NABEP se ha convertido en uno de los pocos operadores privados que han conseguido aumentar significativamente su producción en los últimos años.
Precisamente esa capacidad operativa habría contribuido a que la Administración Trump considerara a Betancourt un socio útil para reconstruir rápidamente parte de la industria petrolera venezolana.
Pero de ahí también pesa su mayor problema legal: la Audiencia Nacional española, un tribunal con jurisdicción en todo el territorio español, reabrió en junio una causa por blanqueo de capitales y delito fiscal que lo acusa, junto con sus socios, de haber sobornado a tres funcionarios de PDVSA con USD 42 millones para defraudar USD 4.850 millones en operaciones de cambio de divisas.
Ese caso se desprende de otra investigación suiza, la “Operación Bolívar”, que a su vez nació de una alerta de las autoridades de EE. UU., según reportó El Confidencial. Betancourt niega las acusaciones y, según su abogado, nunca ha sido imputado formalmente.
Precisamente por esas investigaciones, Betancourt no pudo salir durante casi ocho meses del Reino Unido, donde se desplazaba entre sus mansiones de Chelsea y Oxfordshire mientras Suiza pedía su extradición y retenía sus pasaportes, uno italiano y otro venezolano. La situación cambió en mayo, cuando el cantón de Zúrich levantó las restricciones, un movimiento que fuentes diplomáticas atribuyen a la presión de la administración Trump, de acuerdo con El Confidencial.
Vea también: El giro petrolero de Venezuela: qué gana y qué pierde con el acuerdo con EE. UU.
Desde la salida de Nicolás Maduro del poder en enero, la Administración Trump habría recurrido a él como intermediario entre Washington y el nuevo Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez.
Su ventaja, según personas familiarizadas con las gestiones citadas en las informaciones publicadas, sería precisamente su conocimiento de ambos mundos: el funcionamiento del negocio petrolero venezolano y las relaciones con empresarios e inversores estadounidenses.
Su función como puente se hizo más evidente a mitad de año. Semanas después de ese levantamiento de sanciones, el pasado 27 de junio, un avión privado procedente de Palm Beach lo dejó en Caracas, apenas tres días después de los terremotos que dejaron más de 6.000 muertos en el país. Fue el primero de al menos dos viajes envueltos en irregularidades. Un segundo plan de vuelo, fechado el 22 de julio, fue enviado dos veces con pasajeros distintos, y en la versión final el nombre de Betancourt desaparece del listado, algo que una fuente cercana al caso interpretó, según El País, como una maniobra deliberada para ocultar su llegada al país.
En paralelo a esos movimientos, Betancourt reforzó su posición en el sector petrolero venezolano: compró la participación minoritaria que el inversionista Harry Sargeant III tenía en NABEP por USD 300 millones, después de que el Departamento de Tesoro estadounidense presionara a Sargeant para que se retirara del negocio. Luego llegó el acuerdo anunciado por Trump.
El acuerdo le da a la compañía de Betancourt acceso a 17 campos petroleros con reservas estimadas en más de 65.000 millones de barriles, una quinta parte del total de las reservas venezolanas.
Según The Wall Street Journal, la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono tomará una participación pasiva del 35 % en NABEP y obtendrá derechos preferentes para comprar el 20 % de su producción a precio de coste. ¿Qué significa esto?
Esto significa que EE. UU. pondría capital, pero no operaría la empresa día a día. El Pentágono mismo ha aclarado que legalmente no puede comprar acciones de empresas privadas de forma directa, así que probablemente esto se estructura como préstamos, garantías o asistencia técnica, no como una compra de acciones en el sentido tradicional.
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Washington también tendría derecho preferente a comprar el 20 % de la producción de esos campos “a precio de coste”, es decir, sin el margen de ganancia que normalmente se le suma al precio de mercado. O una garantía de crudo barato, en palabras más simples. Y Betancourt era el puente necesario para que esa operación se pusiera en marcha.
Las grandes petroleras estadounidenses no quieren meterse solas en Venezuela por el riesgo político y regulatorio. Betancourt ya opera ahí, conoce la burocracia, tiene relación con los funcionarios y lleva meses ayudando a EE. UU. a identificar qué activos energéticos sirven y cuáles no. Es, literalmente, el traductor entre el sistema venezolano y el estadounidense.
De acuerdo con France 24, el acuerdo puede representar una transformación radical para la propia NABEP. La compañía ha operado durante años en un entorno marcado por las sanciones estadounidenses, las restricciones financieras y la incertidumbre política venezolana. Un respaldo directo de Washington facilitaría el acceso a financiación, equipos, tecnología y suministros que hasta ahora han sido difíciles de obtener.
El papel de Betancourt como puente entre Washington y Caracas fue confirmado por Mauricio Claver-Carone, hasta hace poco enviado especial de EE. UU. para Venezuela, quien reconoció ante Reuters que él y otros funcionarios lo usaron como intermediario para conectar al nuevo poder venezolano con capital privado y operadores estadounidenses.
“(Betancourt) estaba en una posición única para poner en marcha el proyecto: su empresa ya opera en el país y mantiene una estrecha relación con altos cargos venezolanos”, recogió The Wall Street Journal.
Todo esto es vital para entender el marco del acuerdo. No es que EE. UU. “compre” petróleo venezolano directamente, sino que se ha metido al mercado como financista y comprador preferente dentro de la empresa de un venezolano que conoce el terreno. Mientras tanto, sus procesos judiciales abiertos por presunto lavado de dinero ligado justamente al petróleo venezolano seguirán en el aire.
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