Una semana después, el oficialismo en Caracas continúa guardando silencio sobre los detalles del operativo que condujo a la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, jefe criminal del Tren de Aragua conocido también como el “Niño Guerrero”.
El miércoles en la noche, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, volvió a esquivar el tema, asegurando en su programa, Con el Mazo Dando, que se han “inventado vainas sin presentar pruebas”.
“Pura paja, no saben nada y no van a saber nada, porque no se lo vamos a decir, dejen el morbo para otros. Lo cierto es que, bueno, seguimos avanzando, en este trabajo, de luchar contra las banda, cada día somos más fuertes, ¿no?”, dijo Cabello.
El líder chavista agregó que en Venezuela “no había Tren de Aragua”, asegurando que “El Tren de Aragua fue echado de Venezuela”. Desde la concepción de esta organización criminal, que nació en una cárcel de Venezuela, el chavismo insiste en que es una “narrativa” y que la banda fue desintegrada en el país.
“Quedaba un personaje y desafortunadamente para él y sus seguidores...”, declaró Cabello sin completar la idea.
El pasado viernes, el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció que el Comando Sur de su país “lanzó un enérgico ataque, rápido y letal para ejecutar con éxito” al “Niño Guerrero”, considerado líder de la banda, en un operativo en el estado venezolano Bolívar que fue posteriormente confirmado por Caracas.
El Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro, indicó que la operación se desarrolló con apoyo tecnológico especializado y mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre ambos países. Pero, al día de hoy, los detalles sobre la operación son nulos.
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El fiscal general Larry Devoe y la defensora del pueblo Eglée González también se abstienen de emitir balances oficiales sobre el número de víctimas.
La operación se habría realizado en Las Claritas, una zona estratégica que ha cobrado enorme relevancia económica tras la reciente aprobación de la Ley de Minas que abre las puertas a inversores extranjeros en el país y revierte la política de Hugo Chávez, quien en la década de los 2000 había suprimido este tipo de concesiones extranjeras.
Detrás de la opacidad oficial, el despliegue militar, que según habitantes incluyó el bombardeo con tres artefactos lanzados desde helicópteros, ha transformado radicalmente el panorama del Arco Minero de Venezuela, dejando tras de sí un rastro de miedo, éxodo y pueblos fantasma de donde miles intentan escapar, según documenta la AFP.
De acuerdo con denuncias de organizaciones civiles recopiladas por el portal venezolano Runrunes, el municipio de El Callao y las localidades mineras de Las Claritas y el Kilómetro 88 enfrentan una ola de desplazamientos forzados producto del temor que infunde el conflicto armado.
Oscar Murillo, coordinador de la ONG Provea, advirtió a RunRunes que la población civil está atrapada en un escenario que compromete directamente su integridad física. Lo irregular, según el activista, es que el ejecutivo venezolano actuó de manera reactiva solo después de que la Casa Blanca emitiera el comunicado confirmando la baja del capo.
La incertidumbre sobre quién asumirá el control territorial aviva el pánico en la región. Los habitantes ignoraban en su mayoría que el “Niño Guerrero” se ocultara allí. La figura criminal con mayor presencia visible en el enclave aurífero era Yohan José Romero, alias “Johan Petrica”, cofundador del Tren de Aragua y líder del llamado Sindicato de Las Claritas. Cuando iniciaron las detonaciones el pasado 9 de junio, la comunidad asumió inicialmente que el objetivo del ataque era “Petrica”.
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Actualmente, las calles de estos asentamientos lucen desiertas. Coromoto Lugo, alcalde del municipio El Callao, reportó la movilización masiva de al menos cinco mil mineros que se han visto obligados a desplazarse hacia Ciudad Guayana en medio de la paralización del transporte y severos controles en los puntos de seguridad vial.
Escuelas vacías con cuadernos abiertos, comercios cerrados y campamentos de extracción abandonados configuran la nueva realidad de la zona. Los pocos que permanecen en el sitio confiesan que lo hacen únicamente para evitar que sus escasas pertenencias sean saqueadas.
A pesar del caos del desalojo, muchos mineros artesanales han recibido con alivio la intervención en contra de las bandas delictivas. Algunos relatos describen el día a día bajo el control del Tren de Aragua como un “régimen de terror” implacable. Las mafias exigían cobros extorsivos asfixiantes a los trabajadores para permitirles operar.
“Teníamos que pagar un gramo de oro (USD 120) cada semana. Cuando pagas tanto, nunca descansas”, relató un testigo bajo anonimato. Quienes no cumplían con las cuotas eran expulsados de inmediato o ejecutados. Incluso los mototaxistas de la zona debían abonar sumas de hasta USD 200 a los criminales por el derecho a usar sus uniformes de trabajo.
La crisis en Bolívar amenaza también con extenderse a los territorios ancestrales. Provea ha encendido las alarmas por el riesgo inminente que corren las comunidades indígenas locales.
Históricamente, la presión de los operativos militares ha provocado que las bandas armadas se replieguen y desplacen sus operaciones hacia el interior de las reservas de estas comunidades buscando un margen de seguridad, perturbando sus entornos y forzando a generaciones de jóvenes indígenas a involucrarse en la minería informal debido a las amenazas y la falta de oportunidades.
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