El gobierno Trump justifica la movilización de más de 4.000 marines, tres buques de desembarco anfibio y al menos tres buques de guerra hacia el mar Caribe como parte de su lucha mundial contra las drogas, tendiente a desmantelar la considerada organización terrorista Cartel de los Soles, que, según afirma, lidera Nicolás Maduro. ¿Hay una estrategia geopolítica detrás? ¿El derecho internacional regula de algún modo este despliegue militar?
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Ya es bien sabida la incertidumbre que ha generado en toda América Latina el anuncio confirmado por la Marina de los Estados Unidos del envío del denominado Iwo Jima Amphibious Ready Grup (ARG) hacia el mar Caribe como parte de su lucha contra el narcotráfico, particularmente en Venezuela. Según diversas fuentes, y aun en un espectro de especulación relativa, se ha conocido la presencia de los submarinos Iwo Jima, Fort Lauderdale y San Antonio, así como la de los buques destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson. Pero ¿esta es una acción espontánea, o, por el contrario, hace parte de un plan coordinado?
Desde una perspectiva geopolítica, es claro que el gobierno Trump busca enviar un mensaje contundente de poderío global, siendo la premisa fundacional del MAGA el restablecimiento y la consolidación de los Estados Unidos como la primera potencia mundial. En la actualidad, dicho mensaje se envía al mundo a través de por lo menos tres frentes claros: económico, político y militar.
La administración Trump inició su gestión ostentando su supremacía económica, la cual reiteró mediante el notable incremento de aranceles con sus diversos socios, la renegociación de tratados comerciales (TLCs y BITs, entre otros), así como con el desfinanciamiento de la cooperación internacional estadounidense y de las múltiples organizaciones internacionales que hasta entonces sostenía. El mensaje fue claro: quien pone la plata pone las reglas.
Desde el punto de vista político, ha tomado el liderazgo de las negociaciones entre Rusia y Ucrania. No solo propició el regreso de Putin por primera vez en diez años a suelo estadounidense, sino su primera aparición en el mundo occidental luego de casi cuatro años de invasión. Y con una reunión presidida por el propio Trump en la Oficina Oval, en la que convocó alrededor de su despacho a los más altos líderes europeos, reafirmó su segundo mensaje: acuerdos pacíficos o intervención armada coordinada es solo posible bajo su batuta.
Por su parte, y como colofón de la supremacía económica y política, solo faltaba una gran exhibición de poderío militar. La lucha antidrogas en Venezuela y la búsqueda de Maduro proveían así la oportunidad perfecta. Y es que, aunque aún no se lleva a cabo la primera acción militar, la navegación de una fuerza armada de semejante envergadura cerca de aguas venezolanas y a través del mar Caribe también envía un mensaje claro de liderazgo armamentístico no solo para América Latina, sino para el mundo entero. Así, el planeta observa expectante cómo transcurren los acontecimientos de comercio internacional, los relacionados con Rusia y Ucrania e Israel y Palestina, así como los de esta campaña militar contra el narcotráfico en Venezuela, mientras se continúa consolidando el discurso: la superpotencia global está de vuelta.
Con respecto a la navegación de las Fuerzas Armadas estadounidenses por el mar Caribe, hay por lo menos dos bloques de subespecialidades jurídicas internacionales que podrían proveer directrices: el derecho internacional del uso de la guerra, o Ius ad Bellum, así como el denominado derecho internacional del mar.
Desde la firma de la Carta de la ONU en 1945, se modificó el panorama jurídico internacional. Esto permitió que se transitara desde un escenario donde la guerra era un mecanismo aceptable de solución de diferendos hacia un nuevo derecho internacional contemporáneo en el que no solo se prohíbe el uso de la fuerza, sino que se obliga a la solución pacífica de las controversias internacionales. Estas últimas consideradas normas de Ius Cogens, o imperativas del derecho internacional.
No obstante, este nuevo régimen del Ius ad Bellum (o el derecho a usar la guerra) contempló dos excepciones explícitas a saber: la legítima defensa y la autorización excepcional provista por el Consejo de Seguridad de la ONU en auspicios del Capítulo VII de su Carta. Al respecto, cabe destacar que estas autorizaciones solo pueden darse con la aquiescencia de los cinco miembros permanentes del Consejo: Estados Unidos y Rusia, representando los dos bloques mundiales, junto con sus respectivos aliados, Inglaterra y Francia, por un lado, y China, por el otro. Todos estos ganadores de la Segunda Guerra Mundial.
En adición de las dos excepciones taxativamente contenidas en la Carta de la ONU con respecto a la prohibición del uso de la guerra, a partir de la década de los años 90 del siglo pasado, Estados Unidos inició una campaña para promover una tercera excepción consuetudinaria, la llamada intervención humanitaria. De acuerdo con esta postura, la fuerza armada también era permitida por el derecho internacional cuando un Estado con la suficiente capacidad militar (como Estados Unidos) decidía intervenir para defender violaciones masivas a los derechos humanos en territorios foráneos, aunado a la denominada responsabilidad de proteger que le asistía, precisamente para asegurar la protección de civiles. Bajo estas banderas se adelantaron acciones en Irak, Somalia y Haití, por citar algunos ejemplos. En todo caso, la doctrina internacional no es pacífica con respecto a la efectiva existencia de la intervención humanitaria como excepción consuetudinaria al uso de la fuerza, habiendo fuertes precursores liderados por los Estados Unidos, así como detractores en Europa y otras regiones del mundo.
Por otro lado, está el Derecho Internacional del Mar. Este es un ordenamiento jurídico internacional que, regulado por la Convención de Naciones Unidas del Derecho del Mar de 1982, así como por la Costumbre Internacional Marítima, resuelve asuntos de asignación de derechos soberanos sobre las aguas y el correspondiente uso de sus recursos y su protección.
Frente a buques militares de cualquier Estado, la regla es la siguiente: los mismos tienen el derecho a la libre navegación tanto en alta mar como en la Zona Económica Exclusiva de un Estado ribereño, entretanto la misma se realice estrictamente con fines pacíficos. Al respecto, no está de más recordar, que, de acuerdo con el derecho del mar, un Estado ribereño (uno con acceso al mar) tiene derechos sobre cuatro espacios específicos: el mar territorial, constituido por 12 millas náuticas (mn) contadas a partir de sus líneas de base (digamos desde las costas), la Zona Contigua, hasta 24 mn, así como la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva, estas dos hasta 200 mn. Sobre el alta mar, todos los Estados del mundo tienen derechos de navegación pacífica, al constituir una denominada res communis o bien común de la humanidad.
Mientras que Venezuela y Maduro alegan que la movilización de la Armada estadounidense es una manifestación más del imperialismo de Trump, al tiempo que la presencia de las fuerzas militares constituye en sí misma una intervención no permitida por el derecho internacional, el gobierno Trump afirma que esta es una campaña contra el narcotráfico para salvaguardar los derechos de sus ciudadanos y de todos los de la región. La postura definitiva, por supuesto, depende de cómo se desenvuelvan los acontecimientos y la manera en la que los diversos hechos prueben sustentarse. Lo cierto es que geopolítica y derecho internacional se entrelazan aquí para proveer luces ante las actuales manifestaciones de la política exterior de los estadounidenses.
*Profesor de planta de Derecho Internacional en la Universidad Javeriana. Lo pueden encontrar como @fbncardenas.
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Por Fabián Cárdenas*
