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La detención del politólogo y periodista venezolano Nicmer Evans por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el pasado fin de semana volvió a encender las alertas sobre la represión contra la prensa por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Evans, según su familia, fue trasladado desde su residencia en Caracas por una comisión de funcionarios vestidos de civil, sin que mediara orden judicial. De acuerdo con testimonios de su entorno, los agentes justificaron el procedimiento como una “invitación a una entrevista”, una práctica reiteradamente denunciada por organizaciones defensoras de derechos humanos como una forma de detención arbitraria.
Minutos antes de ser llevado, el propio Evans publicó un video desde su vivienda en el que informó sobre la presencia del Sebin y aseguró que acudiría voluntariamente.
“Voy a dar la cara, no tengo nada que temer. La libertad de expresión es así y quienes la defendemos estamos permanentemente dispuestos a hacerlo”, dijo el periodista, al tiempo que pidió a su familia mantener informada a la opinión pública.
Imágenes difundidas posteriormente en redes sociales muestran a Evans escoltado hacia una camioneta con vidrios oscuros. Desde entonces, sus familiares denunciaron que desconocen su paradero y las condiciones en las que se encuentra detenido.
Su esposa, Martha Cambero, responsabilizó de manera directa a Maduro y al ministro del Interior, Diosdado Cabello, por la integridad física del periodista, quien padece hipertensión y fue sometido a una intervención quirúrgica hace un año por afecciones digestivas y biliares que requieren seguimiento médico constante.
Evans, de 50 años, no es ajeno a este tipo de episodios. En 2020 fue detenido y permaneció 51 días privado de libertad, acusado de “instigación al odio” por comentarios en redes sociales relacionados con funcionarios del régimen. Fue liberado posteriormente tras un indulto presidencial.
En años recientes, también denunció amenazas y detenciones de colaboradores de su medio digital, Punto de Corte, del cual es director.
La detención provocó reacciones inmediatas de dirigentes políticos, periodistas y organizaciones de derechos humanos. El dirigente César Pérez Vivas calificó el hecho como un “secuestro” y sostuvo que se trata de un modus operandi usado contra el periodismo independiente en Venezuela.
Organizaciones como Provea exigieron información oficial sobre los motivos de la detención y el paradero de Evans.
El caso se suma a un contexto de creciente preocupación por la situación de la libertad de expresión en el país, donde, según el Foro Penal, decenas de presos políticos permanecen desaparecidos o bajo restricciones severas tras su excarcelación.
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