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El gobierno de Nicolás Maduro tomó la decisión de reducir la jornada laboral en el sector público venezolano por al menos seis semanas. La nueva franja horaria, que empezó a regir desde el lunes, es de tres días (lunes, miércoles y viernes), con una intensidad de 4 horas y media, de 8 a. m. a las 12:30 p. m. La medida es una apuesta del régimen por solventar la crisis eléctrica en medio de la sequía.
Según la administración chavista, la reducción de la jornada laboral obedece a una “emergencia climática”, producto del descenso del nivel de agua en los embalses que suministran la energía hidroeléctrica y termoeléctrica.
En un comunicado emitido por el Ministerio de Energía Eléctrica venezolano se lee que “estamos haciendo frente a un evento climatológico que afecta el nivel de agua de los embalses que generan la energía en la región andina”. Por ello, “se ajusta el horario laboral y se declara el 1×1, que consiste en un día laborable por un día que no lo es”. Así las cosas, se pasó de un horario de 40 horas semanales a uno de apenas 13,5.
El llamado de la administración de Maduro incluyó otras premisas, como ajustar la temperatura de los aires acondicionados a 23 °C, aprovechar la luz del día y desconectar los aparatos electrónicos que no estén en uso.
Ahora bien, esta no es la primera vez que se implementa dicha estrategia. En 2019, luego de un apagón masivo, también se redujo el horario laboral. Ese tipo de fallas, que también se vieron el año pasado, son causa de falta de mantenimiento, según expertos, aunque el Gobierno se las atribuye a sabotajes. A esto se suman los racionamientos eléctricos, que en los últimos 15 años han sido una contante, sobre todo en los estados del interior del país.
El tema es complejo porque Venezuela padece una crisis energética crónica, pues el dinero que se ha invertido para recuperar las plantas termoeléctricas e hidroeléctricas (Guri) se ha perdido en medio de la corrupción. Óscar Murillo, director de la ONG Provea y citado por el medio ABC, explicó que la generación eléctrica en el país está “al 80 % por debajo de su capacidad. Eso y la transmisión siguen al límite, por lo que las medidas de racionamiento vuelven como salvavidas”.
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