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El gobierno de Donald Trump está dirigiendo la transición en Venezuela con mano de hierro, sin muchas concesiones, por no decir ninguna, a la diplomacia y sin preocuparle en absoluto guardar las apariencias a través de lo que podría ser una dirección más discreta del proceso, por medio del manejo desde la trastienda, por ejemplo, de los hilos de los acontecimientos en el país petrolero.
Como un elefante en medio de una tienda donde venden porcelana fina, el presidente de los Estados Unidos no ha tenido compasión con los actuales gobernantes venezolanos, encabezados por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, a quien le ha permitido estar al frente del país, bajo su cercana tutela, después de la intervención armada del pasado 3 de enero que desembocó en la detención de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, marcándole sin disimulo los pasos y medidas que debe tomar.
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Pero el Gobierno venezolano no ha sido la única víctima del accionar arbitrario de Trump, pues la propia oposición democrática venezolana se ha visto atada de manos por Washington para actuar libremente en la búsqueda de una transición rápida hacia la democracia, que deje atrás los 27 años de creciente autoritarismo en Venezuela desde que en diciembre de 1998 Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales.
La primera señal en este sentido del país norteamericano vino de la boca de su secretario de Estado, Marco Rubio, quien sin reserva alguna anunció la hoja de ruta que se seguiría en el nuevo escenario político que se abría en el país caribeño: estabilización, recuperación y transición. Tres fases que hasta el momento se han venido cumpliendo puntualmente para satisfacción de los intereses estadounidenses.
La etapa de estabilización, entendida como un período que logre superar eventuales peligros de regreso al pasado o momentos de anarquía o de vacío de poder, le fue encomendada al propio régimen chavista para que, a través de los resortes de poder que sigue controlando —las Fuerzas Armadas, los organismos de seguridad y represión, así como el sistema judicial, por solo citar algunos—, mantuviera el orden.
Se trató del primer disgusto que tuvo que procesar la oposición, que hubiera preferido algún gesto del inquilino de la Casa Blanca más favorable a los intereses democráticos, con el añadido de que Trump no pierde oportunidad para declarar lo bien que lo está haciendo la mandataria venezolana. Representó, a su vez, una oportunidad para el chavismo de retener el poder tras la humillación infligida por Estados Unidos, que se llevó a Nueva York a su comandante en jefe, y esperar a momentos mejores para continuar ejerciéndolo sin la estrecha vigilancia de la poderosa potencia del norte.
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La segunda etapa, la de recuperación, se ha venido dando por medio de la adopción de decisiones económicas sugeridas por Washington para favorecer sus intereses geoestratégicos, tendientes a elevar la producción de la principal riqueza económica de Venezuela, como es el petróleo, y a reconstruir la deteriorada infraestructura venezolana, a través de medidas diametralmente opuestas a las de orientación estatista que marcaron las administraciones de Chávez y Maduro. Con el plus deshonroso para los herederos del caudillo venezolano de que los ingresos petroleros venezolanos son administrados ahora por las autoridades estadounidenses.
La transición hacia la democracia, no por casualidad, aparece en el tercer y último lugar de la ruta trazada por el Gobierno norteamericano, lo que genera razonables dudas en torno al verdadero interés de Trump de que se instaure una auténtica democracia en Venezuela, pues es evidente que se están priorizando los intereses económicos. Poco se ha adelantado en este aspecto, aunque sí se están comenzando a mover algunas cosas, como la liberación de presos políticos —aunque aún quedan alrededor de 400 personas tras las rejas— y el regreso de algunos exiliados.
Lo que ha sido una de las principales exigencias de la oposición, la convocatoria de elecciones para renovar las autoridades nacionales, regionales y locales, no aparece aún en el horizonte, un asunto que por el momento parece hacer coincidir los intereses de los actuales mandatarios de Estados Unidos y Venezuela, unos por la ya mencionada necesidad de garantizar estabilidad y otros porque saben que perderían arrolladoramente unos comicios democráticos y con garantías.
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Pero quizá la peor muestra de subordinación de la oposición a los designios de Trump es la imposibilidad, de momento, de que su máxima líder, María Corina Machado, regrese al país y ponga fin a su exilio, solo por el hecho de no estar dentro de los intereses actuales de los Estados Unidos. Sin duda, su retorno sería un gran revulsivo de la escena política, pues sigue contando con importante respaldo de la población venezolana.
La última estocada del mandatario norteamericano al corazón de Machado ha sido su decisión de poner a negociar a la opositora Dinorah Figuera, la última presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, cuando la oposición venció por mayoría calificada al chavismo, con el actual presidente de ese órgano parlamentario, Jorge Rodríguez, sobre algunos importantes temas políticos, entre ellos la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia o la conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral, sin haber consultado previamente con la líder opositora ni con los partidos que integran la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). De poco ha valido el regalo que Machado le hizo al actual presidente de los Estados Unidos de su premio Nobel de la Paz.
*Txomin Las Heras Leizaola es investigador adscrito del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y presidente de Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano.
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Por Txomin Las Heras Leizaola*
