Mientras el mundo trata de acomodarse a la cambiante política arancelaria de Donald Trump, en Venezuela parece mantenerse más firme que nunca la aplicación de las medidas extraordinarias decretadas el martes por Nicolás Maduro. Estas, según el líder, son consecuencia de “la guerra comercial contra el mundo y Venezuela”.
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“Apelo a las facultades constitucionales que me otorga el decreto para proteger a todos los sectores”, dijo el mandatario, explicando que recibe “funciones especiales, constitucionales, extraordinarias” en la defensa de la economía venezolana, tanto en su impulso como en su desarrollo, tal como ocurrió, según sus palabras, entre 2016 y 2021, cuando asumió facultades similares.
Sin embargo, a pesar del pretexto coyuntural de Maduro y de los antecedentes de ese mismo período, es factible que se trate también de una oportunidad para centralizar aún más el poder en el Palacio de Miraflores. En 2016, en plena crisis económica, Maduro adoptó la misma medida durante el mismo número de días en que el Banco Central de Venezuela revelaba datos como la inflación, que superaba el 141 %, y esa fue la reacción del madurismo, implementada inicialmente por 60 días y funcionando como una especie de estado de excepción que duró hasta 2021.
Para Nastassja Rojas, docente de la Pontificia Universidad Javeriana, la medida anunciada por Maduro es una situación calcada a la que ya se presentó en el pasado. “Con la firma del decreto de emergencia económica se le otorga a Nicolás Maduro un control prácticamente absoluto sobre los recursos del Banco Central. Además, se le brinda la posibilidad de implementar otro tipo de regulaciones, como el control de precios. Esto ya venía gestándose desde hace unas semanas, con el tema de la dolarización y la prohibición de cobrar en dólares en el mercado paralelo dentro del país. También se pueden suspender cobros tributarios y establecer nuevos mecanismos en el marco de la campaña que están llevando a cabo, bajo el argumento de que existe una fuerte evasión fiscal”, explica.
En concreto, las medidas de 2025 permiten al régimen dictar regulaciones excepcionales para restablecer equilibrios económicos y proteger los derechos de la población, incluyendo la suspensión general del cobro de tributos a todos los niveles y la eliminación de trámites administrativos para resguardar el aparato productivo. Asimismo, se centraliza la recaudación de tasas y contribuciones en el Tesoro Nacional, se establecen mecanismos contra la evasión fiscal, se eliminan exenciones tributarias y se obliga a comprar producción nacional para sustituir importaciones. Además, se autoriza la contratación y el uso de recursos fuera del presupuesto para garantizar derechos fundamentales, estimular la inversión y las exportaciones no tradicionales, y se habilita al Ejecutivo para aprobar operaciones de endeudamiento sin control de otros poderes.
Para Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio sobre Venezuela de la Universidad del Rosario, independientemente de la coyuntura, el madurismo concentra nuevamente la capacidad de dictar cualquier norma sin ningún tipo de contrapeso. “Una de las características de los regímenes autoritarios es que intentan hacer pasar como legales circunstancias que no lo son. En el contexto económico, el presidente aprovecha lo que está sucediendo en el mundo, junto con las medidas que ha adoptado el gobierno de los Estados Unidos, para tomar un control absoluto de la actividad económica en Venezuela y poder actuar, incluso, de forma discrecional en cualquier momento contra cualquier actor”, afirma.
Además, Rodríguez destaca que el momento político coincide con elecciones locales y para la Asamblea Nacional; asimismo, se vislumbra una reforma constitucional que “podría limitar de forma sustancial cualquier tipo de injerencia”. Es decir, se presenta una ventana que puede aprovecharse políticamente.
¿Un impacto real en la economía venezolana?
El primer reporte RADAR de 2025 del Observatorio de Venezuela muestra que, al cierre de 2024, el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela superó los US$1.000 millones, una meta que se perseguía desde 2022 (cuando se inició el gobierno de Gustavo Petro y se reanudaron las relaciones bilaterales).
En ese sentido y teniendo en cuenta lo anunciado por Maduro, la intención es dar un vuelco a la economía y a la producción interna. Sin embargo, Rodríguez hace énfasis en que la economía venezolana no se puede medir con la misma vara que otras economías de la región o del mundo. “En un sistema económico normal, esto sería muy llamativo. Pero en Venezuela existen impuestos que no son oficiales, y no creo que se dejen de pagar”, explica. Recuerda que también se dan casos frecuentes de extorsión al aparato productivo interno y a los importadores, por lo que medir el impacto de esta medida con cánones convencionales no es lo ideal.
Por su parte, Rojas destaca que, en este primer trimestre de 2025, la inflación ya supera el 30 %, acompañada de una fuerte devaluación del bolívar. Aunque el régimen ha logrado mantenerse tras las elecciones de 2024 en una convivencia “negociada” con la comunidad internacional, el panorama económico dista mucho de ser el ideal para atraer inversión extranjera, meta que el régimen busca alcanzar con este decreto.
También recuerda cómo, cuando se impusieron sanciones a personas cercanas al régimen durante la primera administración de Trump, se evidenció que comenzaron a buscar formas de lavar dineros en el interior del país, fenómeno que se manifestó con los “bodegones con precios altísimos y surtido de muchísimos enseres y alimentos”. Y enfatiza: “Es lo que podría ocurrir, digamos. No se trata de una economía real ni de una inversión real de capital que esté llegando al país”.
La clave estará en observar los efectos de esta medida en el contexto de los demás fenómenos políticos que se están desarrollando en Venezuela, ya que todo parece ser otra oportunidad para que el régimen concentre aún más poder. En contraste, y como lo demuestran antecedentes de jugadas similares, las posibilidades de que tenga un impacto económico real son bastante limitadas.
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Por Hugo Santiago Caro
