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Los efectivos de la extinta Policía Metropolitana Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina ya tienen 23 años en prisión. Son los presos políticos más antiguos de Venezuela y los únicos funcionarios de ese cuerpo que fueron acusados por los hechos del 11 de abril de 2002 y que siguen tras las rejas. A pesar de haber cumplido más de la mitad de su pena y tener beneficios vencidos, el sistema judicial les niega la libertad.
En esa fecha, en medio de una fuerte conflictividad política, una masiva manifestación opositora en Caracas fue dirigida hacia el Palacio de Miraflores. En los alrededores del palacio (específicamente en Puente Llaguno) un grupo de seguidores oficialistas, algunos con armas de fuego, aguardaron a la manifestación. En el lugar se produjeron tiroteos y enfrentamientos que dejaron 19 muertos y cientos de heridos. Los hechos desembocaron en una breve salida del poder del entonces presidente, Hugo Chávez. Al menos nueve funcionarios policiales fueron posteriormente acusados por el gobierno por el suceso.
Héctor Rovaín (inspector jefe), Erasmo Bolívar (distinguido) y Luis Molina (patrullero) participaron en el operativo de seguridad de la Policía Metropolitana en la avenida Baralt. En abril de 2003, el gobierno los detuvo y fueron imputados por la muerte de dos de los caídos en Puente Llaguno (Rudy Urbano y Erasmo Sánchez) y por las lesiones de otras personas en los alrededores de ese lugar.
Y aunque civiles oficialistas conocidos como “los pistoleros de Puente Llaguno” fueron grabados disparando desde el puente hacia la avenida Baralt y los detuvieron detenidos inicialmente, resultaron absueltos en 2003 bajo el argumento de que actuaron en “defensa propia” contra la Policía Metropolitana. Entre ellos destacaron figuras como Richard Peñalver y Rafael Cabrices.
Entre los años 2006 y 2009 se llevó a cabo un largo proceso judicial contra los policías metropolitanos mencionados. Pese a que las experticias técnicas (criminalística y balística) no lograron vincular las armas de los funcionarios con las víctimas, el juicio prosiguió.
Pruebas ignoradas
Héctor Rovaín estaba adscrito a la Dirección de Orden Público. Su misión era reforzar la seguridad en la avenida La Pedrera (esquina La Pedrera) para separar a las marchas. Dirigía el grupo que operaba la “ballena” (vehículo de agua), la cual usaron como barricada para protegerse de los disparos que venían desde la esquina de Muñoz.
El expediente registra que la “ballena” recibió múltiples impactos de bala, lo que probaba que los funcionarios estaban bajo fuego y no atacando a civiles desarmados. Su defensa alegó que actuó en cumplimiento del deber de protección y que no había rastro balístico que lo uniera a los homicidios.
El caso del patrullero motorizado Luis Molina fue uno de los emblemáticos de falta de evidencia técnica. La “prueba reina” en su contra fue una fotografía donde se le ve agachado recogiendo un revólver del suelo (el arma se le había caído a un compañero). La defensa demostró que el arma que Molina recogió en la foto ni siquiera fue accionada ese día. No hubo experticias que lo vincularan con disparos efectivos contra personas.
Mientras que el “error” de Erasmo Bolívar fue ponerse unos guantes para ayudar a socorrer heridos en una ambulancia de la PM. Durante el despliegue, alega que el arma cayó en el piso de la unidad y él se la guardó en la espalda. Al llegar a Puente Llaguno, a la ambulancia la recibieron a disparos. Todos los efectivos se bajaron y él se pegó contra una pared. El arma le molestaba para resguardarse y la pasó hacia el frente. Le tomaron una foto con el fusil en la mano y con guantes. Durante el juicio, su defensa presentó pruebas de que Bolívar no tenía rastros de pólvora ni se pudo comprobar que su arma hubiera causado bajas.
A pesar de todas las pruebas presentadas, en abril de 2009, la jueza Marjorie Calderón dictó la sentencia máxima en Venezuela: 30 años de prisión para Rovaín, Bolívar y Molina por “complicidad correspectiva” en homicidio calificado y lesiones y ordenó que permanecieran recluidos en la cárcel militar de Ramo Verde.
Organizaciones defensoras de derechos humanos resaltaron que esta polémica sentencia fue la que la promovió como magistrada del TSJ. En 2014, fue juramentada por la Asamblea Nacional como Magistrada de la Sala de Casación Social del TSJ.
¿Órdenes superiores?
Durante los años 2011 y 2012 los tres funcionarios de la PM comenzaron a ser elegibles para medidas alternativas de cumplimiento de pena (redención por estudio/trabajo, destacamento de trabajo), pero el Tribunal de Ejecución negó sistemáticamente las solicitudes.
En abril de 2012, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte, aseguró que el propio Hugo Chávez dio la “orden” de sentenciar a los policías involucrados en los hechos de abril de 2002, con especial énfasis en los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas, que también recibieron penas de 30 años de prisión.
“Salir de eso de inmediato, sin más tardanzas, condénelos de una vez”, habría dicho Chávez a Aponte sobre el caso de los comisarios, según reveló en la confesión de este ultimo que fue entregada a la prensa de EE. UU.
En 2011, se ordenó el arresto domiciliario de Forero y Vivas por razones humanitarias. Tres años después, Simonovis también recibió casa por cárcel por padecimientos de salud como enterocolitis aguda, deshidratación severa, lumbalgia mecánica, hernia discal y osteoartrosis degenerativa de columna en la región cervical. En mayo de 2019, logró salir de su domicilio en Caracas y aseguró que lo hizo con la ayuda de funcionarios de seguridad que se rebelaron contra el gobierno.
Un traslado irregular y esperanzas diluidas
Desde el año 2016, organizaciones defensoras como Foro Penal han insistido en que a Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Enrique Molina se les han vencido fórmulas alternativas al cumplimiento de la condena -establecidas en el Código Penal– que darían pie a la redención de la pena, tales como “destacamento de trabajo” (que se venció el 15 de octubre de 2010) y régimen abierto, el 15 de diciembre de 2013.
Los lapsos en los que serían otorgadas cada una de las medidas quedaron asentados en su momento en la sentencia de la jueza Maryorie Calderón, pero aún así, no las reciben.
“Todos los requisitos han sido cumplidos. Si a estos lapsos se les computan las horas de estudio y trabajo realizadas durante el cumplimiento de la condena, el destacamento de trabajo debió otorgarse en el año 2007, y ya deberían estar en libertad condicional, haciendo válido lo contemplado en el Código Orgánico Procesal Penal y en la Constitución”, indicaron en una publicación en el año 2016.
Si se les hubiese dictado la libertad condicional tras el cumplimiento de la tres cuartas partes de la pena, podrían estar en sus casas con medidas de presentación periódicas ante el tribunal.
A los PM los trasladaron sorpresivamente el 21 de octubre de 2021 desde Ramo Verde al Centro Penitenciario Fénix (Estado Lara), una cárcel común a más de 400 km de sus familiares que viven entre Miranda y La Guaira, lo que complicó las visitas, provisión de alimentos y medicinas. Durante años, sus familiares han albergado la esperanza de que los liberen. En el marco de la firma de los Acuerdos de Barbados en 2023, retomaron la lucha para evidenciar que los beneficios procesales de estos presos políticos tenían más de una década vencidos.
María Bolívar (tía de Erasmo Bolívar) ha declarado que en los tribunales de ejecución en el estado Lara les informan que los expedientes están “completos y listos”, pero que no pueden firmar la boleta de excarcelación sin una instrucción política desde la capital.
Y en el marco de las nuevas excarcelaciones de presos políticos anunciadas por el gobierno interino con el aval de EE. UU. que se conformó tras la extracción de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos para ser procesado, las familias de los policías metropolitanos han vuelto a instar a que se les conceda la libertad y para que no sean olvidados, después de más de dos décadas tras las rejas.
“Ya han pasado muchos años, ya ellos pagaron por algo que no hicieron“, dijo María Bolívar, tía de Erasmo Bolívar, en una nota de prensa enviada a los medios de comunicación el pasado 9 de enero.
Ha trascendido que Héctor Rovaín padece de problemas visuales severos y Luis Molina presenta complicaciones gástricas y de columna. Su padre falleció a sus 83 años el 10 de septiembre del 2019, debido a un paro respiratorio. Su tratamiento se dificultó ante la escasez y el alto costo de medicinas para pacientes oncológicos. La madre del PM murió en 2013. Ninguno pudo volver a ver a su hijo en libertad.
Mientras que Bolívar pasó casi toda la convalecencia de la infección por COVID-19 en agosto de 2020 sin recibir la atención médica debida, pese a las exigencias de su familia y organizaciones defensoras de derechos humanos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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Por Runrun.es
