Venezuela se volcó el jueves hacia el estado de La Guaira, antes llamado Vargas, el más pequeño del país y considerado la “zona cero” de la tragedia que sacudió el miércoles en la tarde al norte del territorio nacional.
El gobernador de Cojedes, Alberto Galíndez, anunció el envío de al menos 100 funcionarios, ambulancias y equipos, que se unieron a la caravana de motorizados que desde los estados del llano salieron con alimentos, colchones, agua potable, ropa y medicina para los afectados. Unos 250 edificios presentan daños estructurales y se habla de miles de desaparecidos en el casco urbano de la capital, donde habitan unas 400.000 personas.
Desde Caracas, pese a resultar afectada severamente también por el doble sismo de 7,2 y 7,5, también salieron decenas de camiones con insumos. Pero la respuesta logística, aunque urgente, no ha sido fácil. La Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FUC-UCV), por ejemplo, se quejó de que no permitían el acceso de los voluntarios al Estado.
“Es hora de que nos dejen pasar a La Guaira. Estamos aquí recogiendo insumos y estamos dispuestos a ir a ayudar”, expresó una representante de la FCU el jueves en la tarde.
Con los hospitales colapsados, los guaireños también se quejan por la falta de atención. Les ha tocado a ellos mismos el trabajo de pico y pala y sin maquinaria para adelantar las labores de rescate.
“Esto se prendió en candela con las bombonas (de gas…) y nosotros cómo podíamos sacábamos a la gente y nos la llevábamos a la avenida. Aquí los funcionarios puras fotos, fotos, y no han tenido la voluntad para meterse”, relata a EFE Gabriela Pérez, funcionaria pública y habitante de un edificio de la estatal Misión Vivienda. ¿Por qué no dejan entrar la ayuda?
Hay cuestiones a considerar. Wilbani León, director de los Ángeles de la Autopista, una brigada oficial de paramédicos viales que opera en las vías rápidas de la Gran Caracas, ha pedido no viajar a La Guaira en vehículos particulares. El exceso de autos retrasaría el paso de ambulancias y ayuda humanitaria para la emergencia.
Separada por solo 30 km de Caracas, La Guaira también es la “puerta de entrada” a Venezuela, pues alberga otros puntos neurálgicos: el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y uno de los puertos marítimos más grande del país. Sin embargo, las afectaciones en el aeropuerto obligaron a su cierre temporal. Todavía se están evaluando los daños por los desprendimientos del techo, lo que pone otra traba a “la puerta”.
Aunque las restricciones, según las autoridades, buscan facilitar las labores de rescate y el desplazamiento de equipos de emergencia a las zonas más afectadas, los permisos han generado mucha molestia y han alimentado la politización de la tragedia.
“Cuando salían 20 estudiantes a protestar por sus derechos, al rato ya llegaban 200 militares y 400 colectivos para reprimirlos en 5 minutos. Ahora en una de las tragedias más graves de la historia de Venezuela llevan más de 24 horas sin ni siquiera aparecer”, manifestó, por su parte, el activista argento Agustín Atonetti, quien sigue de cerca la crisis.
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A pesar del momento de luto nacional, la fiscalización ha sido inevitable. Como señala el periodista y analista Luis Carlos Díaz, la emergencia actual desnuda las consecuencias de años de persecución institucional y asfixia contra el sector humanitario en Venezuela.
La naturaleza, sin duda, tiene su papel acá. La región se ubica en el epicentro del peligro tectónico, justo en el límite entre las placas del Caribe y la Sudamericana. El sismo activó de forma consecutiva y en menos de dos minutos el sistema sismogénico de la falla de San Sebastián (frente a la costa) y la falla de Macuto (en la montaña), liberando una energía superficial directa y sin amortiguación.
La Guaira no está asentada sobre roca firme. Su infraestructura, incluyendo el puerto y la neurálgica avenida Soublette, fue levantada sobre depósitos aluviales sueltos y materiales de relleno. Al ser golpeados por las ondas sísmicas, estos suelos sufrieron un proceso de licuación, perdiendo su firmeza y comportándose como un líquido pesado que pulverizó el sustento de los edificios.
Pero la crisis se debe, sobre todo, a la mano del hombre. Empezando porque el crecimiento urbano descontrolado empujó la construcción de viviendas precarias en laderas inestables y conos de deyección de ríos. Aunque desde hace más de dos décadas la comunidad académica advirtió sobre la necesidad de mitigación, los millonarios presupuestos destinados a planes de ordenamiento territorial, reforzamiento sismorresistente y canalización de quebradas terminaron disolviéndose en la corrupción estatal.
La Guaira va a cumplir tres décadas con un gobernador chavista-madurista. El actual gobernador, José Alejandro Terán, quien asumió el cargo en 2021, tras la muerte de Jorge Luis García Carneiro, ha sido severamente cuestionado por la poca, casi nula, comunicación que ha tenido sobre la tragedia. Pero el problema es más que todo del gobierno central.
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De acuerdo con Díaz, el país está “pagando la factura” de la implementación del “Informe Citgo” y la posterior Ley contra las ONG aprobada en 2024, instrumentos legales y burocráticos que provocaron el exilio de personal técnico calificado, la eliminación de organizaciones independientes y mantuvieron en el limbo legal a miles de iniciativas sociales.
A esta falta de tejido civil organizado se suma la pérdida de confianza internacional en instituciones clave. Díaz destaca la intervención de la Cruz Roja Venezolana por parte del Tribunal Supremo de Justicia para imponer una directiva afín al Ejecutivo, un hecho que mermó la credibilidad del organismo en los rankings globales, dejando la operatividad en manos de la Cruz Roja Internacional, que aun así enfrenta severas limitaciones en el terreno.
La emergencia en La Guaira reactiva una exigencia impostergable: la necesidad de transparencia en los meses que se vienen para el estado, que serán muy difíciles. Y es que, antes de la tragedia, las condiciones ya eran complicadas. El gobernador o Terán había vendido como la joya de la corona de las nuevas Zonas Económicas Especiales (ZEE), un estatus legal creado para atraer capitales extranjeros y turismo de lujo.
Sin embargo, detrás de las vallas publicitarias, los complejos playeros comerciales como el Complejo Bahía Sunset y los estadios deportivos de alta gama que promovía la Gobernación, la realidad civil era subterránea y precaria. Según los datos recogidos por HumVenezuela, las condiciones de vida ya dibujaban antes del sismo un panorama de profunda vulnerabilidad: la gran mayoría de la población del litoral central dependía económicamente del comercio informal y el turismo de fin de semana, viviendo en condiciones de pobreza estructural.
Al igual que la tendencia nacional, más del 50 % de los hogares guaireños reportó haber perdido o visto disminuir drásticamente su principal fuente de ingresos formales durante 2025. La Guaira se ubica, además, en un rango crítico donde menos del 25 % de los hogares consume alimentos de forma suficiente y constante. Por ahora, la búsqueda y el rescate sigue, pero de fondo, todos los problemas se ahondan.
“Vamos a buscar qué comer, vamos a buscar qué comer”, dijo un joven a EFE.
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