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La Universidad Central de Venezuela (UCV) encabezó este miércoles, 22 de abril, un paro nacional de 24 horas para exigir salarios dignos, una medida a la que se sumaron 23 universidades autónomas y otras 50 instituciones politécnicas en todo el país.
La jornada, marcada por el vacío en aulas y pasillos, buscó presionar al gobierno de Delcy Rodríguez ante un salario mínimo que permanece congelado desde 2022 y que, tras la devaluación, equivale apenas a USD 27 centavos mensuales según el tipo de cambio oficial.
Profesores, empleados y obreros de instituciones emblemáticas como la Universidad de Los Andes (ULA), la Universidad del Zulia (LUZ) y la Universidad de Oriente (UDO) detuvieron sus labores académicas para denunciar una crisis que mantiene al sector en situación de emergencia.
“Nos quieren decir que aumentar el salario significa disparar la inflación, llevamos cuatro años sin salario y la inflación sigue alta”, señaló a los medios de comunicación el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), José Gregorio Alfonso.
El dirigente gremial cuestionó que el Gobierno hable de una recuperación económica sin que esta se refleje en los bolsillos de los trabajadores.
El contexto de esta paralización nacional se enmarca en una inflación crónica que cerró el año 2025 por encima del 400 %, pulverizando el poder adquisitivo de los trabajadores del sector público.
Mientras los gremios universitarios ejecutaban el cese de actividades, sindicatos de maestros se reunieron en asambleas en distintas regiones para discutir la precariedad laboral que comparten.
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Según datos del Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros, el costo de la canasta alimentaria para una familia de cinco personas alcanzó los USD 692,32 en marzo, lo que evidencia la brecha abismal entre los ingresos actuales y las necesidades básicas de supervivencia.
El silencio de los campus como medida de presión
En Caracas, el acatamiento de la protesta fue total, especialmente en la UCV, donde las facultades permanecieron cerradas y los servicios estudiantiles suspendidos.
“Si dicen que estamos en un nuevo momento político y económico, también es importante tener un nuevo momento salarial donde la gente pueda ver un beneficio después de tanto sufrimiento”, expresó el presidente de la APUCV.
Por su parte, el presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la UCV, Carlos Suárez, advirtió que la continuidad de estas medidas de fuerza dependerá de los anuncios que realice la administración nacional el próximo 1 de mayo.
Las expectativas están puestas en el ajuste prometido recientemente por la presidencia encargada, aunque los gremios temen que las mejoras se limiten a bonificaciones que no tienen incidencia en beneficios laborales como prestaciones o vacaciones.
Un reclamo nacional: desde los Andes hasta el Oriente
El eco del paro se sintió con fuerza en el interior del país, superando incluso las presiones y amenazas de despido denunciadas en regiones como Bolívar. En la Universidad de Los Andes, la dirigente Maydole Villegas insistió en que cualquier ajuste debe estar indexado al dólar para evitar su depreciación inmediata.
“Ya basta de los bonos que no son salarios”, reclamó desde Trujillo el profesor Mario Linares, según recogió El Pitazo, subrayando que hay docentes que perciben ingresos inferiores a los cinco dólares mensuales, lo que imposibilita cubrir gastos mínimos de traslado.
La Universidad del Zulia (LUZ), en el occidente del país, también reportó un acatamiento masivo. María Ruza, trabajadora con casi tres décadas de servicio, describió una realidad desoladora: con un sueldo de apenas 130 bolívares mensuales, el personal se ve obligado a buscar empleos alternos para subsistir.
“Tenemos que trabajar aquí y en otro lado porque no da”, comentó a El Pitazo.
Esta precariedad no solo afectó a los trabajadores. Los estudiantes, como Valentina González, alumna de Derecho en LUZ, manifestaron su respaldo al paro al reconocer que es “difícil vivir con sueldos que no alcanzan ni para el pasaje”.
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La asfixia presupuestaria de las universidades en Venezuela
En el oriente del país, docentes de la Universidad de Oriente (UDO) y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) resaltaron que la lucha también es por un presupuesto justo que permita recuperar las instalaciones. Hernán Azócar, presidente de la Asociación de Profesores de la UPEL, denunció el marcado deterioro de las sedes y la inoperatividad de servicios básicos.
“Protestar y reclamar derechos no es un delito”, sentenciaron trabajadores de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, quienes pese a las amenazas de suspensión de contratos, decidieron alzar la voz frente a sus sedes.
La jornada cerró con un anuncio de escalada en el conflicto. Ante la falta de respuestas del Ministerio de Educación y del Trabajo, las organizaciones sindicales han convocado a una movilización hacia el Palacio de Miraflores para el próximo 30 de abril.
Los gremios coinciden en que la emergencia educativa requiere de una solución integral que incluya la reactivación de comedores, transporte y becas estudiantiles, hoy ausentes en el sistema público venezolano.
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