A lo largo de más de una década, Venezuela ha sido testigo de la evolución de la represión estatal, pasando de una violencia episódica a la consolidación de un sistema de terror arraigado. Este proceso ha estado marcado por la adaptación constante de los presuntos perpetradores estatales a la presión internacional y ha derivado en métodos de represión cada vez más encubiertos y burocratizados.
El informe del Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la Posible Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela (establecido en 2017 por el exsecretario general de la OEA, Luis Almagro), publicado el 1 de diciembre de 2025, presentó los hallazgos de esta trayectoria. El Panel concluye que las acciones de la comunidad internacional, incluyendo las de la Oficina del Fiscal (OTP) de la Corte Penal Internacional (CPI), “no han ejercido un efecto disuasorio perceptible” sobre la conducta de los presuntos perpetradores estatales venezolanos de alto nivel.
Así lo dio a conocer en un informe que presentó durante la 24.ª Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional (CPI), titulado “Voces Silenciadas: El colapso de la sociedad civil y el fracaso de la disuasión internacional en Venezuela”.
Construcción de la represión sistemática (2014-2018)
Este periodo marcó la transición de la violencia episódica a una “política deliberada y coordinada centralmente de persecución contra opositores políticos y disidentes percibidos”. De acuerdo con el informe, el ciclo represivo comenzó en 2014 con protestas estudiantiles, a las que el Estado respondió con una represión militarizada.
Durante ese tiempo, cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional Bolivariana, el Sebin y la Dgcim, junto con “colectivos armados civiles”, fueron desplegados de manera coordinada. Para finales de 2014, “los elementos de una política estatal se habían hecho evidentes”, con las fuerzas de seguridad usando “munición real contra manifestantes desarmados”. La tortura se empleó “sistemáticamente”, documentándose al menos 289 casos en el primer informe del Panel.
Las detenciones arbitrarias alcanzaron 12 949 casos entre 2014 y 2018. Además, las grandes operaciones de seguridad como la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) resultaron en aproximadamente 8292 “ejecuciones extrajudiciales” entre 2014 y 2018. A lo largo de este periodo, el poder judicial “validó la represión”, permitiendo el enjuiciamiento de civiles ante tribunales militares. Hacia finales de 2018, la “arquitectura básica de la represión estaba firmemente establecida”.
Represión adaptativa en respuesta al examen preliminar (2019)
En 2019, mientras el Examen Preliminar de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) se intensificaba, el Estado venezolano respondió “no con moderación, sino con adaptación”. Públicamente, el Estado señalaba cooperación con la CPI, pero privadamente, comenzó a sustituir “la represión letal visible a nivel de calle por métodos más encubiertos”.
Según recuerda el informe, las ejecuciones extrajudiciales se mantuvieron en niveles extremadamente altos (2102 asesinatos solo en 2019), pero ocurrieron cada vez más “fuera del contexto inmediato de las protestas masivas, y a menudo fueron disfrazados de operaciones contra el crimen”. El Estado también cambió su enfoque hacia la “violencia bajo custodia y la detención selectiva”. Los casos de tortura aumentaron, y se intensificó el uso de la detención secreta en instalaciones de inteligencia para retener a los detenidos “fuera de los libros”.
Sobre este punto, el Panel concluye que el escrutinio internacional “no necesariamente disuadió la comisión de crímenes”. En cambio, los presuntos perpetradores estatales “ajustaron los métodos para manejar los riesgos”, haciendo la represión “más encubierta, burocratizada y menos visible externamente, pero no menos severa para las víctimas”.
Institucionalización de la violencia encubierta (2020)
El escrutinio de la CPI se intensificó en 2020, cuando la Oficina del Fiscal anunció que existían “motivos razonables para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad—encarcelamiento, tortura, violación u otras formas de violencia sexual, y persecución por motivos políticos”.
Ante la posibilidad de una investigación inminente, el Panel apuntó que el Estado volvió a ajustar sus métodos. El descenso numérico en las ejecuciones extrajudiciales no reflejó “restricción”, sino que “indicó un desplazamiento de los asesinatos fuera de los contextos visibles de protesta hacia barrios más pobres”. Dentro de las instalaciones de detención operadas por el Sebin y la Dgcim, la tortura se volvió “más sistemática y severa”.
Por el lado del Estado, las medidas presentadas como prueba de rendición de cuentas fueron principalmente “cosméticas” y diseñadas para “proteger a los perpetradores de alto nivel al tiempo que erosionaban aún más la independencia judicial”. El Panel observa que la intensificación del escrutinio de la CPI en 2020 no resultó en “ninguna mejora observable en la conducta del Estado”.
Consolidación de la represión de doble vía (2021)
En 2021, la Oficina del Fiscal de la CPI abrió formalmente una investigación. Esta decisión se tomó después de que se concluyera que los mecanismos internos de Venezuela “no eran genuinos ni efectivos”. El anuncio de la apertura de la investigación, realizado en Caracas junto al gobernante Nicolás Maduro, generó “confusión en muchas víctimas, quienes percibieron el simbolismo del anuncio como profundamente contradictorio”.
Para muchos, el reconocimiento de su sufrimiento quedó “ensombrecido por el hecho de que fue entregado en colaboración directa con los mismos individuos que presuntamente tienen responsabilidad por esas violaciones”.
La represión continuó, incluyendo operaciones de seguridad a gran escala como La Vega y Cota 905. Este año se consolidó el “sistema dual de represión”: una vía formal que “utilizaba el poder judicial y el derecho penal para legitimar la persecución” y una vía clandestina que empleaba la violencia, las desapariciones forzadas y la tortura, “fuera de cualquier marco legal significativo”.
Desafío a la complementariedad en medio de crímenes persistentes (2022)
En 2022, el Estado venezolano invocó el Artículo 18 del Estatuto de Roma, tras alegar que estaba llevando a cabo “investigaciones internas genuinas”. La Oficina del Fiscal de la CPI se opuso, bajo el argumento de que los procedimientos internos eran “selectivos, opacos e incapaces de abordar genuinamente los crímenes de lesa humanidad”.
El Panel advirtió que el patrón de crímenes continuó, con el Estado expandiendo su repertorio de operaciones de seguridad. La persecución judicial se intensificó a través de la Ley Constitucional Contra el Odio. Paralelamente, la firma de un acuerdo confidencial para una oficina técnica de la CPI en Venezuela contribuyó a una “sensación de confianza disminuida entre la sociedad civil”.
El Panel evaluó que las estrategias legales y diplomáticas del Estado en 2022 reflejaron un “uso sofisticado del marco de complementariedad para retrasar la rendición de cuentas internacional”.
Admisibilidad confirmada y maduración de la represión (2023)
En 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares I autorizó a la Oficina del Fiscal de la CPI a reanudar su investigación, al concluir que Venezuela había “fallado en demostrar procedimientos internos genuinos y seguía sin estar dispuesta o ser incapaz de investigar a los máximos responsables”. Sin embargo, las reformas institucionales adoptadas por el Estado “no resolvieron las deficiencias estructurales y, en varios aspectos, las profundizaron”.
Durante este período, los patrones de criminalidad evolucionaron, volviéndose más selectivos. Las desapariciones forzadas de corta duración “se hicieron más frecuentes para quebrar psicológicamente a los detenidos”.
El Panel concluyó que 2023 fue un año en el que la maquinaria represiva del Estado “maduró en paralelo”, y los crímenes se volvieron “más selectivos, habilitados tecnológicamente y estratégicamente oscurecidos detrás de barnices legales e institucionales”.
Impulso judicial en medio de la fase más aguda de la represión (2024)
En marzo de 2024, la Sala de Apelaciones de la CPI confirmó la autoridad del fiscal para proceder con la investigación. Este avance judicial coincidió con una “nueva y más brutal fase de represión política”, centrada en las elecciones presidenciales. El Gobierno activó el “Plan Furia Bolivariana”, y el periodo poselectoral experimentó una “ola de violencia y detenciones arbitrarias sin precedentes”.
En los nueve días posteriores a la elección presidencial, recuerda el Panel, el Estado activó la “Operación Tun Tun” en una “escala no registrada previamente”, con más de 2200 detenciones arbitrarias. El poder judicial fue central en la consolidación de esta fase, denuncian los expertos independientes.
Al cierre de 2024, según cifra el informe, 1794 prisioneros políticos permanecían detenidos, “la cifra más alta jamás registrada”. El Panel concluye que 2024 representa el punto en el que la arquitectura represiva de doble vía del Estado “alcanzó su plena consolidación”, y la represión escaló a su “nivel más agudo”
Consolidación del terror estatal y el colapso de la sociedad civil (2025)
El Panel concluye que el número de víctimas formalmente reportadas en 2025 es significativamente menor, lo que refleja “no una reducción en las violaciones, sino el éxito de la campaña del Estado para silenciar y desmantelar a los actores que normalmente documentarían, asistirían y acompañarían a las víctimas”.
Asimismo, considera que la aparente disminución es el resultado de la estrategia deliberada del Estado para silenciar a las víctimas.
La adopción y aplicación de la “Ley Anti-ONG”, junto con la criminalización de la cooperación internacional, restringió severamente el espacio cívico, alertaron también en el documento.
El declive aparente en los casos documentados no es “evidencia de criminalidad reducida, sino del éxito del Estado en suprimir los canales probatorios” de los que depende la CPI. Además, la represión se extendió “más allá de las fronteras de Venezuela”, con ataques e intimidación a activistas en otros países, lo que constituye un indicio de “orientación transnacional por redes criminales”.
El informe concluye que, a pesar del avance procesal de la CPI, la política de persecución en Venezuela se consolidó en un “sistema sofisticado de terror estatal”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.
El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.
Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!
📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com
Por Runrun.es
