La muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, máximo líder y fundador del Tren de Aragua, abre varias preguntas sobre el futuro de esta organización criminal que hoy opera como una red transnacional en diez países, incluidos Colombia, Chile y Estados Unidos.
“Él era el rostro más visible, realmente el único rostro visible del Tren de Aragua”, explicó Jeremy McDermott, codirector del centro de investigación InSight Crime, para CNN, resaltando que esta baja es fundamentalmente “simbólica”.
Con el “Niño Guerrero” fuera del tablero y cofundadores como Larry Amaury Álvarez, alias “Larry Changa”, detenido en Bogotá desde julio de 2024, los servicios de inteligencia apuntan ahora hacia los dos herederos naturales de la estructura que permanecen en libertad.
El primero de ellos es Yohan José Romero, conocido en el mundo del hampa como “Johan Petrica”. Señalado por el Departamento de Estado de EE. UU. como un lugarteniente extremadamente cercano a Guerrero Flores, “Petrica” consolidó su poder desde 2015 en Las Claritas, un estratégico enclave minero en el estado Bolívar, cerca de las fronteras con Brasil y Guyana, a través de una organización llamada Sindicato de Las Claritas.
Según Washington, este cabecilla logró el control total de los yacimientos de oro de la zona, considerados unos de los más grandes del planeta, para financiar al Tren de Aragua mediante la minería ilegal, el narcotráfico y el lavado de activos, razones por las que se ofrece una recompensa de hasta USD 4 millones por su captura.
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El segundo nombre en la línea de sucesión directa, y quizás el más neurálgico para la seguridad de Colombia, es Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias “Giovanny” o “El Viejo”. Con 37 años, Mosquera Serrano cobró una relevancia inédita al convertirse en el primer miembro de esta banda en ingresar a la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI.
Según el diario chileno La Tercera, las autoridades colombianas y estadounidenses ubican a “El Viejo” como el principal articulador de las operaciones de la banda en Bogotá, donde el grupo criminal expandió sus tentáculos absorbiendo a pequeñas bandas locales para unificarlas bajo su franquicia de extorsión y microtráfico.
La captura de “Giovanny” ya había sido fijada como una prioridad por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Policía Metropolitana, dada su capacidad para coordinar el control territorial en las zonas periféricas de la capital.
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Frente a la peligrosidad de sus movimientos entre Colombia y Venezuela, el Departamento de Estado elevó la recompensa por información que conduzca a su detención a una suma de hasta cinco millones de dólares, acusándolo formalmente de conspiración para traficar cocaína y de brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera, etiqueta con la que Washington marcó al Tren de Aragua en 2025.
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