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La organización Amnistía Internacional mostró a través de un reciente informe que las autoridades venezolanas cometen desapariciones forzadas como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, particularmente contra quienes consideran disidentes.
El informe Detenciones sin rastro: el crimen de desaparición forzada en Venezuela se elaboró a partir de la situación de 15 personas desaparecidas forzadamente desde la elección presidencial del 28 de julio de 2024, cuando las autoridades chavistas certificaron la reelección de Nicolás Maduro, a pesar de los cuestionamientos de fraude, hasta el 15 de junio de 2025. De momento, solo se logró identificar el paradero de cuatro de ellas, mientras otras organizaciones, como Foro Penal, estiman que podría haber 46 individuos desaparecidos forzadamente.
Al respecto, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, comentó: “Las autoridades venezolanas nos demuestran un día más que su crueldad no tiene límite. Esto supone no saber dónde está tu familiar, en qué condiciones se encuentra, ni siquiera si está vivo o muerto. Es un crimen que pone en grave riesgo la vida e integridad de la persona desaparecida forzadamente y también somete a su familia a un sufrimiento constante, marcado por la incertidumbre, la angustia y el tormento diario de preguntarse cuál es el paradero de su ser querido”.
De acuerdo con lo escrito por la entidad de derechos humanos, las estrategias del Gobierno venezolano para reprimir las expresiones a favor de un cambio político siguieron un patrón conocido y recurrente, aunque a una escala no vista anteriormente: 25 personas perdieron la vida, al menos 2.200 personas fueron privadas arbitraria e ilegalmente de la libertad, y, posiblemente, cientos de ellas sufrieron una desaparición forzada al negarse su detención u ocultarse su suerte o paradero.
Al menos en lo que respecta a los 15 casos estudiados por Amnistía Internacional, aparecen los nombres de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) como los principales organismos responsables de las detenciones arbitrarias.
Desde 2019, la organización viene hablando acerca de que en Venezuela existe un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Incluso desde años atrás se identificaron las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales y las lesiones por uso excesivo de la fuerza como elementos de una política de represión del Estado. Posteriormente, también incluyó el posible crimen de persecución. Ahora, con el nuevo informe, la conclusión a la que se llegó fue que los actos de desaparición forzada constituyen un crimen de lesa humanidad.
En medio de esto, el llamado que hizo la entidad de derechos humanos fue a que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional avance “de manera firme sobre la situación en Venezuela”, considerando incluir el crimen de lesa humanidad de desaparición forzada en su investigación. También hizo un llamado a la comunidad internacional para que presione a las autoridades venezolanas a que informen sobre el paradero de las personas capturadas y a que liberen a aquellas que fueron detenidas arbitrariamente.
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